El juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, le informó ayer al ex subcomisario Rodolfo Almirón, uno de los ex jefes de la Triple A, que seguirá bajo prisión provisional mientras tramita su extradición. Almirón, un estrecho colaborador de José López Rega, cumple su detención en la prisión de Valdemoro, en Madrid. Su abogado defensor Marcos García Montes solicitó que se le conceda la libertad provisional, alegando razones de salud y se mostró indignado ante la prensa cuando la Audiencia le negó la solicitud, indicando que su defendido debe tener un trato similar al que recibe la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.

Rodolfo Almirón había sido detenido en la localidad de Torrent, Valencia, el 28 de diciembre último, luego de que el periódico español El Mundo revelara que vivía allí como si nada. En 1983 la revista Cambio 16 lo había identificado como miembro de la custodia del dirigente de Alianza Popular Manuel Fraga Iribarne, lo que provocó que desapareciera de la vida pública local. La de ayer fue su primera cita ante la Audiencia Nacional y allí se le notificó oficialmente el pedido de extradición argentino que pesa sobre su persona. A diferencia de lo ocurrido días atrás con Isabelita, el fiscal del caso, Ignacio Gordillo, pidió que ratificara la orden de ingreso en prisión que ya había decretado un juez de Torrent el día después de su detención.

Almirón fue conducido a la sede de la Audiencia Nacional por la mañana en un furgón policial e ingresó al edificio esposado y por la puerta trasera por la que habitualmente se permite el ingreso de los detenidos. A continuación se celebró una sesión a puertas cerradas, en la que sólo estuvieron presentes su abogado, el fiscal y el juez Pedraz.

A partir de ahora comienza a correr el plazo de cuarenta días que tiene el juez federal Norberto Oyarbide para enviar a España toda la documentación que funda el pedido de extradición del ex integrante de la Triple A. Fuentes judiciales afirmaron ayer que durante su comparecencia en la Audiencia se le realizaron las clásicas fotografías de frente y de perfil y un escueto examen médico forense que servirá para corroborar la validez de los argumentos de la defensa, que alega como causa para impedir la extradición que se encuentra afectado por las secuelas de una embolia.

Al hablar ante la prensa después de la sesión judicial el abogado defensor de Almirón, se mostró molesto por la decisión del juez de negarle al ex policía el beneficio de la libertad provisional. De esta forma, sostuvo García Montes, se “quiebra el principio de igual ante la ley”, en clara alusión a la situación en la que se encuentra Isabel Perón, acusada en la misma causa. En el caso de la ex presidenta la fiscalía española no consideró necesario el ingreso en prisión al considerar que no existía riesgo de fuga y en vista de su delicado estado de salud.

Marcos García Montes es uno de los abogados penalistas más prestigiosos de Madrid al que le gusta presentarse en sociedad rodeado de personajes de la farándula. Se lo pudo ver recientemente en el entierro de la cantante Rocío Jurado con cuya familia mantenía una estrecha amistad. Ha sido también abogado en casos de gran resonancia pública, como el escándalo de los GAL, el grupo de ultraderecha que asesinaba dirigentes etarras al amparo del Estado español en tiempos de Felipe González; o en el reciente fraude de Afinsa, una sociedad de ahorro filatélico que terminó quedándose con el dinero de miles de españoles. Fue también defensor de José María Ruiz Mateos, el fundador del holding Rumasa que el gobierno de Felipe González expropió en 1983 provocando un gigantesco escándalo político.

En España nadie entiende cómo Almirón, quien supuestamente se encuentra en una precaria situación económica, a juzgar por la humilde vivienda de protección oficial que habitaba antes de ser detenido, se dio el lujo de contratar a un abogado de perfil tan glamoroso.