La casilla del correo electrónico de la Jefatura de Gabinete se atiborró con miles de e-mails enviados por ambientalistas que reclamaban la inclusión de la emergencia forestal entre las prioridades parlamentarias del Gobierno. Pero recién ayer, el ministerio que dirige Alberto Fernández y la propia secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, admitieron que la “ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos” está incluida en la lista de temas que completan el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo enviará a fin de mes al Parlamento. Pero el proyecto original, impulsado por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, ya tiene la aprobación en general de la Cámara baja, aunque nunca avanzó en el tratamiento de sus artículos y lo dejó en un extraño estado legislativo a mitad de camino entre la sanción y el rechazo. Todo cruzado por una sórdida puja dentro del bloque oficialista.

La conferencia de prensa era para el anuncio de la reforma del sistema previsional, pero Alberto Fernández reconoció ahí la intensa campaña de los grupos ambientalistas que llenaron de correos electrónicos la página web de su ministerio. Luego, desde la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Medio Ambiente afirmaron que la emergencia forestal será parte de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para comienzo de febrero. “Esperamos que sea sancionada, porque es muy importante para el presente y para el futuro y para cuidar el patrimonio de los argentinos”, señaló Picolotti con cierto optimismo porque la ley no vuelva a tener tropiezos legislativos que no pudo sortear el año pasado. “No se trata de volver intocable al bosque en el país”, afirmó la funcionaria. La emergencia sólo regulará los desmontes que se paralizarán hasta que un relevamiento nacional establezca la situación en cada lugar del país.

Pero estos mismos argumentos tampoco lograron torcerles el brazo a los propios legisladores del Frente para la Victoria que se oponían a la iniciativa. Todos ellos, abroquelados detrás de las políticas implementadas por los gobiernos de las provincias de Salta, Misiones y Formosa, y otras del nordeste argentino. Los gobernadores no quieren resignar la autoridad sobre los permisos para desmontes ni atarse a una legislación que le ponga límites.

Su férrea resistencia logró tachar dos veces la “emergencia forestal” del temario de las sesiones en la Cámara de Diputados y sólo aceptó su aprobación en general antes que la confrontación en el oficialismo estallara públicamente y después de introducir no pocas modificaciones al proyecto original. Entre ellas, la consulta obligatoria a las comunidades indígenas que habitan los bosques nativos antes de que sean talados.

En esa oportunidad, Bonasso prefirió exponer la confrontación legislativa en términos económicos y no políticos: “El estancamiento del tema es producto del lobby sojero”, dijo el diputado para graficar la expansión de ese cultivo sobre las tierras de los bosques nativos arrasados.

De acuerdo con un informe oficial elaborado en 2004, Argentina perdió en los últimos 70 años más del 70 por ciento de su patrimonio forestal nativo, ya que pasó de las 107 millones de hectáreas que ocupaban en 1935 a los sólo 33 millones que se conservan en la actualidad. “El problema es que desde que se conoció la ley se incrementó el proceso de entrega de permisos para desmonte, sobre todo en Salta, que por día entrega de 10 mil a 25 mil hectáreas”, denunció Hernán Giardini, de Greenpeace.