El presidente Kirchner firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias, que incluye 23 iniciativas para ser tratadas. Además del cambio en el sistema jubilatorio, se destacan la normalización del PAMI y el marco regulatorio de AySA, que el oficialismo ya intentó aprobar.
› Por Eduardo Tagliaferro
Enero convierte a las ciudades en un mes de ausencias. “Acá estoy, observando este paisaje lunar”, dijo a modo de saludo días atrás uno de los pocos legisladores presentes en el Congreso. No será el Apolo 11 el que lo rescate de la vista bucólica, sino el decreto presidencial que convoca a los parlamentarios nuevamente a trabajar. Ayer, el primer día de febrero, Néstor Kirchner firmó la convocatoria a extraordinarias. Veintitrés son las iniciativas que forman parte del llamado a sesiones. La reforma previsional que establece la libre opción para pasar de un sistema de jubilación privada al de reparto es la cuenta que se destaca en el rosario de proyectos impulsados por el Gobierno. Los restantes son un combo de medidas que no lograron convertirse en leyes por la interna del oficialismo, por falta de tiempo o por la resistencia de las bancadas opositoras.
Más allá de los matices, la mayoría de los bloques legislativos acompañará el proyecto que permite a los trabajadores pasar del sistema de AFJP a la jubilación de reparto (ver página 6). No podría ser de otro modo. Una propuesta que va en el mismo sentido, y que había sido impulsada por la diputada del ARI María América González, había logrado media sanción en la Cámara baja. El dato presupone que las críticas serán menores y que los discursos estarán teñidos por el comienzo del año electoral.
Cada uno de los veintitrés proyectos tiene sus antecedentes. En el listado de iniciativas se destacan:
- Normalización del PAMI. La iniciativa había sido votada por el Senado en mayo de 2005. A fines de 2006 los diputados no pudieron convertirla en ley por la interna del oficialismo. La disputa estaba centrada en la futura composición del directorio de la obra social de los jubilados. En la Cámara alta, el kirchnerismo había decidido que los dos asientos que les corresponderían a los gremios serían para la CGT. En Diputados, el abogado laboralista Héctor Recalde defendió a capa y espada que esos asientos le corresponden “a la única central obrera con personería jurídica”. Algo que por lo pronto no promete cambiar, ya que el Ministerio de Trabajo no aparece dispuesto a concederle esa personería a la CTA. Los diputados kirchneristas de la CTA se hicieron fuertes en reclamar uno de esos dos asientos. Con el acuerdo del Ejecutivo, los diputados votarán que ambas centrales sindicales estén representadas. De ser así, el Senado tendrá que cambiar su anterior votación para que la iniciativa se convierta en ley.
- Marco regulatorio de AySA. La última sesión de 2006 representó una derrota para el oficialismo en Diputados. No pudieron votar el nuevo marco regulatorio de AySA, la empresa que presta el servicio de agua potable en Capital y Gran Buenos Aires. En esa ocasión, al oficialismo le faltaron cinco legisladores aliados y cuatro de su propio riñón, que estaban en un acto con Kirchner en Moreno. La oposición se retiró, la sesión naufragó y el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, se quejó de que “la mayoría no se gana con gripes sino con votos”.
- Protección de bosques nativos. Impulsada por el kirchnerista porteño Miguel Bonasso, esta iniciativa tuvo que vencer la resistencia de los propios legisladores del oficialismo. También la de los gobernadores, que se oponen a una moratoria del desmonte para privilegiar las plantaciones de soja que inundan el paisaje de muchas provincias como es el caso de Salta. El tema fue aprobado en general y nunca se pudo votar el contenido particular de la norma.
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