León Arslanian tiene rasgos muy caballerescos, pero se le nota un gran esfuerzo para no perder los estribos cuando aborda temas que lo enojan. Y lo enoja, mucho, el tratamiento mediático de la inseguridad y los reclamos de las clases acomodadas que, encerradas en sus fortalezas (indica a micrófono y explota fuera de él) pretenden un Estado omnipresente que las proteja. No lo enoja menos la incredulidad pública acerca de las cifras que demuestran una baja sensible del delito. Ni lo que da a entender como una actitud displicente, e incluso extorsiva, de cierto periodismo. Se autocritica algunas cosas, pero nunca tanto como para dejar de asegurar que la Bonaerense es hoy una mejor policía y que está bajo su mando absolutamente. Advierte que, en el mejor de los casos, el cambio cultural de fondo requerido en la fuerza y en la sociedad llevará, de mínima, diez años. Soslaya la trascendencia dada a la penetración del narcotráfico en Argentina, aunque reconoce que es una de las cuestiones a seguir en lugar de que la policía ejerza persecución sobre los consumidores de marihuana. De López y Gerez sólo brinda datos en estricto off, y el periodista no insiste. Lo que sigue es el resultado de una larga entrevista con un tipo que parece muy seguro de casi todo lo que afirma. Y que asevera estar mucho más tranquilo que cuando asumió en el 2004, por segunda vez, pese a aceptar no haber censado a su familia para saber si piensa lo mismo.

–Usted lleva purgados 2500 policías. ¿Se puede saber quién y cómo controla dónde van a parar, qué hacen, de qué viven?

–Vamos a hacer una distinción. La mitad fueron exonerados. Es decir que no siguen cobrando sueldo y que no pueden regresar a la fuerza ni a ningún puesto de la administración pública. E incluso tienen restricciones para trabajar en el área de la policía privada. La otra mitad fue separada mediante la aplicación de la Ley de Emergencia Policial, que me concede la facultad de separar a quienes carecen de aptitud o son inhábiles para pertenecer a la fuerza.

–Está bien, pero lo que pregunto es si hay aparato del Estado para saber si esos efectivos se convierten en delincuentes o terminan en agencias de seguridad truchas.

–Nuestra experiencia demuestra que la participación en delitos de quienes fueron separados de la fuerza es ínfima. Tenemos una oficina de observación, que hace un seguimiento de los casos que consideramos más críticos.

–¿Y está conforme con el control de esa oficina?

–No. No alcanza. Por eso estamos generando un proyecto de ley, para poder hacernos cargo de esta situación de una manera más exhaustiva y con más recursos.

–¿De los resultados que emanan de ese lugar es factible conocer a qué se dedican los que fueron apartados de la policía?

–Entre los exonerados hay un poco de todo. Muchos buscan trabajar en la seguridad privada de manera encubierta. Lo hacen en agencias truchas o trabajan en negro. Y los que se fueron por la aplicación de la Ley de Emergencia Policial lo hicieron con una jubilación o con una indemnización. No es gente que queda librada a su propia suerte.

–Las agencias de seguridad que tanto proliferaron a partir del 2001 se manejan, en muchos casos, de manera ilegal. Da la sensación de que son muy poco controladas.

–No, no es tan así. Existe la Dirección de Agencias de Seguridad Privada. Yo envié un proyecto de ley que permitía un control más exhaustivo, por parte de este organismo, hacia las Agencias de Seguridad. Por alguna razón la ley salió un poco débil (su expresión está cargada de ironía). Ahora tengo presentado otro proyecto, para que ese departamento tenga el grado de potencia que nosotros queremos. Hoy hacemos un control, hasta donde se puede, de cada una de las agencias que están funcionando. Verificamos que el personal esté declarado, que sus armas sean legales, que la agencia esté habilitada por el gobierno bonaerense. Además, en la nueva ley prevemos una responsabilidad sobre los particulares que contratan estos servicios no habilitados. Queremos ordenar este sector, pero involucrando también a los usuarios. Que les quede bien claro que brindamos información, de manera gratuita, sobre cuáles agencias se encuentran en regla.

–¿Hasta qué punto usted se siente al mando de la policía?

–Absolutamente. Lo cual no implica que no existan elementos que todavía no entendieron los cambios que se produjeron, ni las exigencias que demanda la sociedad.

–Hay un programa, Líderes para el cambio, que se desarrolla desde su ministerio. ¿Esa es su apuesta principal para propender al cambio de cultura y de conducta cívica?

–Mire, nosotros encontramos una institución policial descompuesta por falta de conducción política. Una policía totalmente autónoma, que se gobernaba a sí misma y con niveles de corrupción extraordinarios. El daño institucional que la dictadura provocó a los organismos de seguridad fue asombroso. Las comisarías provinciales fueron utilizadas como centros de detención clandestinos. Las bandas policiales eran grupos de tareas que operaban en la oscuridad, eliminando gente o privándola de su libertad. Instituyeron el botín de guerra. Esto caló profundamente en la institución y el advenimiento de la democracia no se hizo cargo de este problema. El gran desafío es transformar esa policía de régimen, macrocefálica, vertical y de modelo prusiano, en una fuerza de un Estado democrático. Con este programa intentamos modificar la cultura institucional. Tratamos de cambiar cosas que están generalmente aceptadas, como la recaudación del juego o la prostitución, por una construcción de valores ético-sociales.

–¿De dónde provienen los mil líderes con los que comienza este programa?

–Del seno de la institución, que tiene gente valiosa.

–¿Es decir que la institución es modificable desde adentro?

–Sólo desde adentro. Desde afuera se pueden hacer muchas cosas, pero el cambio viene desde dentro de la propia policía. Y por convencimiento y compromiso de sus miembros.

–¿Cuánto lleva ese cambio?

–Mucho. Yo calculo que una década. Pero eso no significa que en el camino no se vean resultados. De hecho, hoy la Bonaerense es distinta a la que yo encontré cuando asumí.

–¿Distinta o diferente?

–(Largo silencio.) Demasiado sutil para mí, demasiado sutil. Pero, de todas maneras, no es igual. Es mejor.

–¿Me está diciendo que, según usted, la gente quiere más a la policía?

–La gente va comprendiendo el cambio y valorizando cada vez más a la policía. En definitiva, es la única institución que puede procurar seguridad.

–¿Y cuál es el problema más grande que subsiste?

–La tortura y el apremio ilegal permanecen. Y me preocupa también la corrupción policial. Una práctica común es la privatización del servicio de seguridad: que un patrullero cobre unos pesos de la comunidad “virtuosa” para vigilar con más atención una determinada zona. Nosotros tenemos la gran paradoja de una comunidad virtuosa y una policía corrupta. La policía se autocorrompe, mire usted. Pareciera que no hay nadie en la sociedad que la corrompa.

–¿Esto es evitable con los niveles salariales de la policía?

–Hubo una recomposición importante. Un policía gana hoy alrededor de 1500 pesos. Y un superintendente, 9000. Es probable que no sea suficiente, pero el Estado paga eso. No estamos hablando de ese cambio, propio de soluciones mágicas, que pretende la comunidad. No transformamos a la policía de la provincia en la policía de un Estado europeo.

–¿Qué se autocritica, Arslanian?

–Hay cuestiones que en mi gestión no quedaron resueltas como hubiese sido mi deseo. Si bien redujimos a la mitad la cantidad de presos en comisarías, creo que es un tema pendiente. No puede ni debe haber un solo preso en las comisarías. Este es un fenómeno difícil de manejar, porque las cárceles están saturadas.

–Simultáneamente, existe la percepción popular de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra.

–Bueno, entonces supongamos que todos nos volvimos absolutamente pragmáticos. Que creemos que hay que sacar de circulación al que despoja a otro de una billetera. Que hay que limpiar la sociedad de delincuentes. Para eso necesitaríamos tres veces más cárceles que ahora. ¿De dónde sacamos los recursos para eso? ¿De la educación o de la salud? Porque en la medida en que debilitamos otros ámbitos, vinculados con la cuestión social, estamos incrementando el delito.

–Lo retruco con un argumento de oyente de Radio 10. Dejen de robar los políticos, dejen de gastar dinero en las campañas, utilicen esos recursos.

–(Interrumpe.) La relación entre la violencia social en Argentina y lo que roba un político, o lo que gasta en una campaña, es muy remota. Creo que hay procesos de criminalidad de los que solamente se puede salir mejorando la equidad social y la distribución de la riqueza.

–Volviendo a su autocrítica, ¿qué no hizo para que no haya presos en las comisarías?

–En primer lugar, no soy ministro de Seguridad, de Justicia y de Penitenciaría. Hay ciertas cuestiones que no las puedo manejar integralmente. De cualquier manera, no se puede discutir el esfuerzo que se hizo en la provincia para mejorar el sistema carcelario. Pero no fue suficiente. Es un tema muy complejo porque, insisto, ¿hasta dónde el Estado puede transferir la mayor parte de sus recursos para atender el tema de la seguridad? Quien en este momento salga a hacer campaña tomando como eje la seguridad, y diciendo que acá hubo falencias por parte de esta conducción, miente. No me pueden venir a decir que van a resolver el problema de la inseguridad sólo evitando las excarcelaciones o aumentando las penas. Estas políticas ya las conocimos y ya fracasaron. Lo que hay que hacer es mejorar al máximo las agencias estatales, con buena policía y buenas cárceles, y hacerse cargo de una vez por todas de la cuestión social.

–Al menos como tema, el narcotráfico está cada vez más instalado. ¿En la realidad es como en la agenda periodística?

–Este es un país de consumo hace rato y esto es preocupantemente creciente. Lo que hay es un corrimiento de los procesos de comercialización de las drogas hacia las villas. Pero Argentina no es Brasil, en este sentido.

–¿Eso tiene arreglo sin despenalización del consumo?

–De hecho ocurre que el esfuerzo de la policía por contrarrestar el consumo es vano, por el grado de aceptación cultural y social que tiene. La conciencia de la ilicitud del homicidio no es igual a la conciencia de la ilicitud de fumar un porro. No podemos tener una policía que persiga a jóvenes que fuman marihuana. Las fuerzas de seguridad tienen que concentrar su trabajo en el gran tráfico de drogas.

–¿Usted vive más tranquilo respecto de su seguridad personal, a partir de considerar que hay un cambio para bien en la policía?

–Yo me siento más seguro porque tengo una policía mejor, más comprometida, más controlada, mejor equipada, con más tecnología. Una policía más vinculada y articulada con la comunidad. Creo en cambios profundos que se están dando en el corazón de la institución policial y de sus hombres.

–¿Su familia piensa lo mismo?

–(Silencio.) Supongo que sí. Bah, en realidad nunca la censé. Pero todos hacen su vida normal, como millones de personas en la provincia de Buenos Aires.