La II Corte del Tribunal Penal de Roma condenó en ausencia a cinco ex jerarcas de la ESMA a cadena perpetua con un año de reclusión sin ver el sol. Así, textualmente, es como llama la Justicia italiana al castigo medieval que reserva para casos gravísimos y que decidió aplicarles a Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vañek. Los represores fueron juzgados en ausencia y acusados de “homicidio voluntario múltiple premeditado” por la desaparición de tres ciudadanos italianos: Angela María Aieta de Gullo –madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo–, Juan Pegoraro y su hija Susana, quien dio a luz en cautiverio una hija que aún no recuperó su identidad. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, viajó especialmente para escuchar la sentencia. Se puso “eufórica”, dijo, al conocer el fallo, al que consideró “como un ejemplo internacional para no tapar la historia” y que “ayudará a que se cumplan las condenas en Argentina”.

Italia comenzó a avanzar con esta causa judicial cuando todavía seguían vigentes las leyes de punto final y obediencia debida. Con su anulación, uno de los expedientes que recobró impulso fue el de los crímenes cometidos en la ESMA. Por esa investigación los represores condenados ayer en Italia ya están detenidos, a la espera de un juicio oral en los tribunales porteños, con excepción de Vildoza, quien está prófugo desde 1986, con pedido de captura vigente de ambos países. El juicio en Roma se hizo sin los acusados presentes y la condena no implicará para ellos ningún efecto inmediato, pero sí un impedimento para salir del país, ya que automáticamente los buscaría la Justicia italiana.

El tribunal presidido por Mario D’Andria decidió aplicar una de las penas más severas de su país a los cinco represores de la ESMA. Además, los sentenció a indemnizar, con sumas que van de 50 mil a 100 mil euros, a los familiares de las tres víctimas italianas de la dictadura argentina y estableció que deberán hacerse cargo de los gastos del juicio y los honorarios de los abogados de la querella. El fallo, dispuso la Corte, deberá aparecer publicada en los diarios italianos Il Corriere della Sera y La Repubblica.

Todavía el tribunal no definió la situación de Emilio Massera, otro de los acusados del juicio a quien evalúa si declarará o no como inimputable. Los peritos que vinieron a evaluar su estado de salud a Buenos Aires pidieron dos meses para emitir un informe (ver recuadro).

La lectura del veredicto fue en la sala de máxima seguridad de Rebibbia, en los suburbios de Roma, donde transcurrieron todas las audiencias desde junio del año pasado. En el recinto había familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y autoridades del Estado italiano, que fue parte impulsora en el juicio. Eran unas cuarenta personas que estallaron en un aplauso al escuchar la condena a perpetua. En Argentina, el festejo se reprodujo en el Ministerio de Educación, donde funcionarios, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se comunicaron por videoconferencia con quienes estaban en Italia.

El titular de la cartera educativa y candidato porteño, Daniel Filmus, rescató el juicio en Italia como fruto de quienes “lucharon por la memoria y la justicia”, aun cuando “muchos en el país apostaban al olvido”. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, destacó que la sentencia es “un respaldo de la comunidad internacional a la búsqueda de verdad y justicia y a la lucha contra la impunidad”. Lo dijo mientras dialogaba con el titular de la provincia de Cosenza, Mario Olivierio; el alcalde de Fuscaldo, David Gravina, y los tres abogados de la querella.

A Carlotto se la vio proponer en pantalla “una celebración” por la noticia que equiparó con “un triunfo universal”, haciendo hincapié en la “valentía de los jueces”. En diálogo con Página/12 explicó que, más allá de que los represores condenados estén siendo juzgados en la Argentina, la importancia del fallo descansa en “el mérito del ejemplo internacional de un país de no tapar la historia, sino usar la Justicia para quienes vulneraron los derechos de sus ciudadanos”. “Tiene un efecto moral, o moralizador, que puede ayudar a cumplan su condena en Argentina”, dijo.

Jorge Ithurburu, del comité promotor del juicio ESMA en Italia, agregó que “sería bueno que la sentencia ayude a cooperar a las autoridades judiciales y policiales argentinas e italianas para encontrar a Vildoza”.

Durante el juicio, los magistrados europeos pudieron escuchar los relatos de sobrevivientes que estuvieron en la ESMA y que tuvieron contacto con Aieta, Pegoraro y su hija. Angela María Aieta fue secuestrada el 5 de agosto de 1976. Recién en 2001 su familia pudo acceder a testigos que compartieron el cautiverio con ella. Juan y Susana Pegoraro fueron secuestrados el 18 de junio de 1977. Ella estaba embarazada de cinco meses y su esposo desapareció el mismo día. En la ESMA, Susana dio a luz y escribió una carta para que su mamá criara a su beba, pero la niña nunca fue entregada a la familia. Las Abuelas suponen que fue anotada como Evelyn por el marino Policarpo Vázquez. La joven nunca aceptó el estudio de ADN y el caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El mismo tribunal de Roma ya había condenado siete años atrás al fallecido general Guillermo Suárez Mason y a Santiago Omar Riveros, quien recién fue detenido la semana pasada en la megacausa de Campo de Mayo. La sentencia alcanzaba también a cuatro suboficiales y un prefecto que siguen libres cuya extradición Italia planea reclamar “como modo de hacer valer el sentido del juicio”, explicó Carlotto. Lo mismo podría hacer con los nuevos condenados de la ESMA, aunque se sabe que serán juzgados aquí.