La fuerte reacción del ministro de Planificación Federal, ante las objeciones del presidente mundial de Petrobras a la política de precios de hidrocarburos en Argentina, tensó una vez más las relaciones con la petrolera brasileña bajo control estatal. Julio De Vido calificó de “inapropiadas” las declaraciones que José Sergio Gabrielli formuló el martes en Río de Janeiro, señalando que el sistema de precios en Argentina, “especialmente en el área de derivados (combustibles), pero también en gas natural”, requería de “algunos cambios” que reflejaran “la escasez relativa de esos productos”. Es decir, reclamó un aumento en el precio de los combustibles, hoy administrados por el Estado argentino. También refirió, en el foro sobre inversiones en América latina en el que intervino, que “el sistema de precios (en Argentina) no estimula mucho la inversión”. De Vido replicó ayer que tales declaraciones “resultan absolutamente inapropiadas para una empresa que solamente es concesionaria en Argentina y tiene la obligación de invertir sin ninguna condición previa”. Estas apreciaciones, indicó, “parten también de un error común de los empresarios petroleros, de Gabrielli en particular, de creer que las áreas de hidrocarburos son de su propiedad”. El funcionario advirtió que Argentina hará reclamos diplomáticos por esos dichos, e indicó que si la empresa no aceptaba las reglas debería irse. Ayer, a última hora, la filial local de Petrobras difundió un escueto comunicado en el que atribuyó el conflicto a una interpretación “equivocada” de las palabras de Gabrielli por parte de la prensa.

Las diferencias entre Petrobras y la política argentina en el área energética tiene más de un antecedente. El más reciente es la objeción que hizo el Gobierno a la venta de la participación de Petrobras en Transener (responsable de la red troncal de transmisión eléctrica nacional) al grupo Eton Park, al que se sospecha vinculado a ex titulares del grupo Enron, protagonista de una escandalosa quiebra en Estados Unidos. Hace menos de 45 días, el presidente Néstor Kirchner objetó públicamente ese traspaso accionario, advirtiendo que contaba con elementos como para “redactar la historia de ese fondo”, anticipándose así a la decisión en contra de la operación que horas después iba a dar a conocer el Ente de Regulación Eléctrica (ENRE). Petrobras, junto a Eton Park, apeló la impugnación y la causa fue elevada a la Cámara en lo Civil y Comercial.

Pese a que aún no hubo sentencia, esta semana la empresa brasileña anunció que firmó un acta acuerdo con Enarsa y Electroingeniería para sustituir a Eton Park en la operación, en las mismas condiciones jurídicas, económicas y financieras, “si quedara firme la no admisión” de dicho fondo, “o si se produjera la rescisión del contrato por no haberse obtenido todas las autorizaciones gubernamentales”. Pero este gesto no fue suficiente para recomponer las relaciones entre Petrobras y el gobierno argentino. Ya antes de ese episodio, el Gobierno y Petrobras habían tenido roces en 2004 a raíz de la demora de la brasileña en concretar la inversión para la expansión del Gasoducto Sur, administrado por TGS, poniendo en vilo el abastecimiento en el invierno para el área metropolitana.

Las declaraciones de Gabrielli en Río y la posterior réplica de De Vido indican que el vínculo tampoco ahora está en su mejor momento. “De ninguna manera nosotros iríamos a Brasil a sugerir que Lula tenga una determinada política de precios”, afirmó el ministro ayer antes de subir al avión que lo llevaría a Ecuador –para sumarse a la delegación que encabeza Cristina Kirchner–, abordado por la agencia Télam. “Ya me comuniqué con el embajador de Brasil y entiendo que el canciller argentino está haciendo lo mismo, para expresar nuestro más profundo desagrado, por las declaraciones del señor Gabrielli”, puntualizó De Vido.

En cuanto a la política de precios de los combustibles, cuestionada por el presidente de Petrobras, el ministro planteó que “es producto del costo de producción más una rentabilidad, pero esos señores quieren hacernos pagar lo que vale en Alemania, o España, países que no tienen petróleo”. Agregó que este concepto “parte también de un error común de los empresarios petroleros, de Gabrielli en particular, con quien yo tuve una charla respecto de este tema, de creer que las áreas de hidrocarburos son de su propiedad”.

Inusualmente locuaz, De Vido sentenció que “las empresas tienen obligación de invertir, no es que pueden hacerlo o no en función de determinadas políticas que aplique el Gobierno; y si no lo hacen, tanto el Estado nacional como los provinciales procederán a la reversión de las áreas y, en ese caso, tendrán que irse”. Advirtió que “ninguna empresa está obligada a quedarse en Argentina, y bajo ningún aspecto” el Gobierno va a tolerar que alguna empresa lo condicione en base a “sus supuestas necesidades para invertir”.

En el comunicado de prensa difundido horas después, Petrobras intentó poner paños fríos, reafirmando “el respeto a la legislación y la colaboración con las autoridades” en cada país en el que está presente, y declara “públicamente su disposición de mantener una fuerte presencia en la Argentina”. Con respecto al conflicto suscitado por los dichos de su presidente, explica que éste “entiende que sus declaraciones, publicadas por la prensa argentina, fueron interpretadas en forma equivocada”.

La respuesta en tono diplomático no logró despejar la sensación de que las declaraciones de Gabrielli del martes son un paso más en la política de distanciamiento practicada por la petrolera brasileña con respecto al resto de la región. El propio Gabrielli cumplió un papel protagónico durante 2006 en la disputa en Bolivia, con el gobierno de Evo Morales, tras la decisión de nacionalizar los hidrocarburos. La controversia no fue distinta a la aludida ayer por De Vido: Petrobras pretendía computar como propias las reservas que explotaba en el subsuelo boliviano y, en consecuencia, reclamaba ser indemnizada por la nacionalización.

Los acontecimientos en Bolivia también provocaron fricciones con el gobierno de Hugo Chávez, el más firme apoyo de Evo. Cuando esta semana se anunció la compra de Ipiranga, la segunda red de estaciones de servicio del Brasil, por parte de un consorcio encabezado por Petrobras, en fuentes del negocio energético se comentó que la operación tuvo como principal objetivo bloquear una posible compra de la misma empresa por Pdvsa, la petrolera estatal venezolana.

Ya en su informe anual a los accionistas, junto al balance contable 2006, las autoridades de Petrobras señalaban que 2007 debía ser el año de las revisiones tarifarias en Argentina “que ayudarán a restaurar la ecuación económico-financiera de los negocios regulados”. Pero detrás de estas disputas comerciales y de tarifas se vislumbra un enfrentamiento entre dos políticas que se van trazando en materia energética a nivel regional y local. En ese sentido, va quedando claro que ni Venezuela, ni Bolivia ni Argentina cuentan ya con Petrobras como un aliado.

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