Empapado de lluvia y de transpiración, el presidente Néstor Kirchner pidió a voz en cuello desde el ex campo de concentración cordobés La Perla que se aceleren los juicios por el horror que sufrieron los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar. La solicitud fue dirigida a “la Justicia argentina” y al Consejo de la Magistratura. Pero luego precisó: “¿Cuál es el compromiso que tienen algunos integrantes de la Justicia? ¿Qué pasa en aquella Cámara de Casación, por dar un ejemplo, donde están parados hace años juicios que deberían estar en marcha? ¿Quiénes son los fiscales de esa Cámara de Casación? Señores: es hora de que todos, desde donde podamos, hagamos todo el esfuerzo. No estamos invadiendo otro Poder, estamos pidiendo que funcione. Porque les voy a decir una cosa: nosotros no estamos predicando venganza, estamos pidiendo que funcione la Justicia, esa Justicia que nuestros hermanos, nuestros compañeros y nuestros amigos no tuvieron”.

Nada muy distinto de lo que había dicho el 1 de marzo al inaugurar la sesiones ordinarias del Congreso: “Yo quiero impulsar desde el gobierno que me toca presidir, y creo que ustedes tienen que hacer lo mismo, que haya justicia, que se puedan defender, que no los fusilen en la noche ni los tiren de los aviones; que tengan todas las defensas en juicio que correspondan. Lo único que pido siempre es que tengan cárceles comunes como cualquier delincuente, que es lo que corresponde, que es el derecho más central y esencial. Por eso pido, ante el Honorable Congreso, a la Cámara de Casación y a todos los jueces, que apuren los procesos, siempre dentro del marco de los términos de la ley. Pero señores, necesitamos que rápidamente también los pasos de la justicia, respetando los términos como digo, se empiecen a hacer sentir. Es hora que todo el esfuerzo hecho por todos empiece a verse claro para generar el marco de la aplicabilidad de la justicia”. Kirchner no es un gran orador, pero nadie se queda sin entender qué quiso decir. Las confusiones empezaron después y demostraron una vez más la urgente necesidad de una instancia de diálogo y coordinación entre los distintos poderes.

El fin de la sensatez

El lunes 26 en un reportaje el ministro del Interior Aníbal Fernández le pidió la renuncia al presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alfredo Horacio Bisordi, uno de los cuatro jueces denunciados ante el Consejo de la Magistratura por familiares de las víctimas de la dictadura. El martes 27 el matutino La Nación tituló a seis columnas: “Vamos hacia la suma del poder público”. Su principal columnista analizó la noticia bajo la consigna “El fin de la división de poderes”. Y un editorial proclamó que “La República está en serio peligro”. El título principal reproducía una frase de Bisordi, quien dijo que en las cuatro décadas que lleva en la justicia nunca vio semejante intromisión presidencial en la labor de los jueces. Ese lapso incluye las dos últimas dictaduras cuyos jefes reemplazaron por delegados personales a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, cesantearon en forma selectiva a centenares de jueces de distintas instancias, hicieron desaparecer a varios y obligaron al resto a jurar por los bandos militares que relegaron la Constitución Nacional a un rol subsidiario. Durante esos años, Bisordi fue secretario del juzgado federal de Norberto Angel Giletta, al que concurría el señor de la vida y de la muerte en la Capital Federal, coronel Roberto Leopoldo Roualdés, interesado en el rechazo de los recursos de hábeas corpus que presentaban los familiares de detenidos-desaparecidos.

“No era posible”

En 1992, cuando el entonces presidente Carlos Menem lo propuso para integrar la flamante Cámara de Casación, Bisordi recibió numerosas y graves impugnaciones. De emociones inestables y visión maniquea del mundo, acusó de marxistas a sus impugnadores de la Asociación de Abogados. Pero citado por la Comisión de Acuerdos del Senado reconoció la subordinación del Poder Judicial durante los años de plomo. Lo hizo para justificar el rechazo en serie de recursos de hábeas corpus que le imputaban:

–Hay que ver las circunstancias históricas del momento. El hábeas corpus dice: “Traiga el cuerpo de la persona”. El cuerpo de la persona no lo traían. Es un dato de la realidad. Nadie iba a entrar dentro de los cuarteles a ver si le estaban diciendo la verdad o no –se disculpó.

–¿Por qué? –preguntó el senador Adolfo Gass.

–Porque no era posible. Es decir, en la realidad era impensable que usted pudiese entrar –contestó Bisordi.

Por cierto, hubo jueces, como Guillermo Ledesma, que rescataron a un detenido de las garras del entonces general Suárez Mason, y los propios delegados del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia ordenaron y obtuvieron la libertad de Jacobo Timerman. Pero con esa frase que ahora olvidó Bisordi quiso decirle al Senado que no fue por su culpa que nada hizo por las víctimas de aquella barbarie, sino debido al avasallamiento de las cortes por el poder de facto. Estos olvidos indican que su salud no es buena.

Relevo de prueba

La pintoresca personalidad de Bisordi se manifestó en su destemplada reacción, pero no alcanza para explicar la salsa criolla que se montó alrededor y que obedece a la inminencia del proceso electoral y a la ausencia de instancias mínimas de contacto entre poderes, para que cada uno cumpla su función independiente y sin chocar con los otros. La estrategia central de los represores procesados consiste en dilatar los plazos. Esto tiene un doble objetivo, de cuyo cumplimiento se encargan sus abogados defensores dentro de cada expediente y sus aliados políticos por fuera de los tribunales. A medida que se prolongan los lapsos de arresto sin elevación de las causas a juicio, intentan colocarse como víctimas cuyos derechos y garantías no son respetados. A más largo plazo, el propósito es forzar una nueva amnistía, para lo cual un cambio de gobierno es condición necesaria. La denuncia de familiares de las víctimas ante el Consejo de la Magistratura y el discurso de Kirchner en Córdoba obraron milagros en la Cámara de Casación. Identificada como el embudo que en forma deliberada paraliza las causas, sus integrantes también elaboraron una respuesta doble. Por un lado pusieron en movimiento los mecanismos detenidos durante años y desbloquearon numerosos trámites (el CELS recibió el lunes 26 más de setenta cédulas que deberían haberse diligenciado en los años previos, admisión muy obvia sobre lo injustificado de la demora. Las resoluciones fueron firmadas después de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura).

Desmesuras

Además, un grupo de jueces del Tribunal fastidiado por el tono provocativo de Bisordi, una vez que entre todos habían decidido mantener silencio, y temeroso de que las consecuencias cayeran sobre los demás miembros, decidieron pedir la renuncia del presidente de la Cámara, por quien no se sentían representados. Cinco de los doce jueces restantes llegaron a manifestar su acuerdo con esta salida. Pero el martes por la tarde, la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento que frenó la movida. Sus colegas forzaron entonces a Bisordi a pedir una licencia por un mes, que se prorrogará cada vez que sea necesario, hasta su jubilación. La “Información de prensa” N° 32 de la Corte no indica quiénes son sus firmantes y dice: “Con relación a la cuestión planteada respecto de algunos jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, es preciso señalar que, sin perjuicio de que la conducta de los miembros de los tres poderes del Estado está sometida a controles republicanos, dicho control debe ser efectuado con mesura y equilibrio, utilizando los medios institucionalmente previstos, a fin de respetar la honorabilidad e independencia judicial”. Nada dijo, en cambio, de la desmesura que implicó la deshonrosa comparación de Bisordi entre el actual gobierno y los de facto, lo cual no parece muy equilibrado.

La declaración había sido solicitada esa mañana desde la portada de La Nación. En el reportaje, Bisordi dijo que la Corte “será, o debería ser, la que, en definitiva, se expida acerca de este punto de afectación de la independencia del poder que ella encabeza”. La columna de análisis del diario agregó: “Con el ritmo que han tomado las cosas, tal vez haya llegado el momento de que la propia Corte Suprema se pronuncie sobre tales presiones oficiales, públicas y privadas”. Kirchner replicó con humor: atribuyó a su desmesura la existencia de una Corte independiente, capaz de contrariarlo de este modo. Durante la década pasada sólo una vez la Corte Suprema desoyó los deseos del gobierno nacional y declaró nulo un decreto presidencial que a su vez había anulado los incrementos salariales que los jueces supremos dispusieron para sí mismos.

La nueva Casación

El mes pasado, el nuevo presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se reunió con casi todos los jueces de la Cámara de Casación y les transmitió preocupación por la falta de avance en las causas de derechos humanos. En ese encuentro, varios de los casadores anunciaron su propósito de jubilarse y no entorpecer el avance de las causas. También se manifestaron de acuerdo con un posible proyecto de ley que ampliaría el número de salas de Casación. Esto quitaría cualquier pretexto acerca de una sobrecarga de trabajo a partir del fallo Casal, de septiembre de 2005, por el cual la Corte Suprema ordenó a la Casación que además de cuestiones de derecho revisara las de hechos y pruebas de cada causa. También diluiría los núcleos de resistencia militante al enjuiciamiento de los crímenes de la guerra sucia dictatorial contra la sociedad argentina. Ese proyecto contempla dos opciones, cada cual con sus pros y sus contras: el traslado a la Casación de tres salas de la actual Cámara del Crimen o la creación de salas nuevas. Los debates acerca de cuál es el mejor camino han demorado una decisión. Mientras, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura presidida por Diana Conti ha comenzado a instruir el expediente contra Bisordi y los jueces Ana Capolupo, Gustavo Hornos y Eduardo Rafael Riggi.

La Corte también convocará a un encuentro de los jueces de todo el país que actúan en causas por violaciones a los derechos humanos, para analizar las cuestiones organizativas imprescindibles que permitan superar el actual empantanamiento. Una de las primeras actividades será una exposición de la ministra Carmen Argibay acerca del modo en que funcionan los tribunales internacionales especializados, como el que ella integró para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia por la dictadura serbia de Slobodan Milosevic. Pero también será útil que los propios jueces participantes expongan sobre la rica experiencia que muchos de ellos han acumulado en estos temas. La semana pasada, por ejemplo, la Cámara Federal de La Plata negó el arresto domiciliario a un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense acusado por torturas a los detenidos en la cárcel de La Plata, pese a que ya cumplió 70 años. Los jueces Leopoldo Schiffrin, Gregorio Fleicher y Carlos Compaired entendieron que no se trataba de una concesión automática y lo enviaron a la cárcel de Marcos Paz. Schiffrin escribió que la represión se organizó como “una maquinaria destinada a obtener impunidad, borrando todo rastro de los hechos cometidos; que la realidad actual nos demuestra que sigue en funcionamiento, y que opera con la intimidación como un medio para alcanzar su finalidad”, por lo cual debe evitarse cualquier riesgo de entorpecimiento de la investigación, considerando además que el ex guardiacárcel goza de buena salud física y psíquica.

La vacante

Con una motivación similar, el ministerio de Defensa está terminando el reacondicionamiento de la nueva Unidad Penal de Arana, donde funcionó el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 1 del Ejército. Después de Semana Santa habrán concluido las tareas de albañilería en la ex unidad militar, que permitirá el alojamiento de tres docenas de represores, que ahora pasan sus horas privados de la libertad en una unidad del Estado Mayor Conjunto (Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo), en dos del Ejército (Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires y Regimiento I de Infantería Patricios) y en cinco de la Armada (jefatura de Estado Mayor, Base Naval Zárate, Bases Aeronavales de Punta Indio y Ezeiza, Apostadero Río Santiago). Para una etapa posterior, sujeta a las decisiones de los jueces respectivos, quedará el traslado a la nueva cárcel de los detenidos en unidades de Santa Fe, Formosa, Chaco, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Misiones y Corrientes). Los detenidos estarán alojados en celdas de tres camas cada una, con una mesa para comer y/o escribir. Cuando asumió el ministerio, Nilda Garré pidió a los jueces que no alojaran a los detenidos en unidades militares, donde su presencia perturba la tarea profesional y recicla la rancia cultura corporativa. La justicia aceptó el planteo, dado que la ley de Defensa no faculta a las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de seguridad, pero otras aéreas del gobierno comunicaron que el Servicio Penitenciario no tenía personal suficiente para el traslado de esos presos a unidades penales en distintos lugares del país. Para cumplir con la directiva presidencial de alojamiento en cárceles comunes, Defensa preparó la nueva UP. Pero el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Federico Ramos, adujo que el SPF no tiene personal disponible para cumplir esa tarea que Kirchner declaró como prioritaria en su mensaje del 1 de mayo a la Asamblea Legislativa. Tal como el cruce de declaraciones entre funcionarios políticos y judiciales, este episodio pone de relieve la urgencia de cubrir la más incomprensible vacante y designar de una vez un ministro de Justicia y Derechos Humanos.