Mientras torturadores y asesinos caminan impunes por Bahía Blanca con el visto bueno de la Justicia federal, un ex estudiante de la Universidad Nacional del Sur deberá afrontar un juicio por calumnias e injurias por haber denunciado como partícipe de la Alianza Anticomunista Argentina al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. Apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica desde la década del ’60 y profesor de la UNS desde 1971, a lo largo de su carrera Montezanti defendió y/o asesoró al militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, al fascista interventor de la UNS Remus Tetu, al dueño de la vida y la muerte de La Escuelita general Adel Vilas y al médico acusado de prestar servicios en ese centro clandestino Humberto Adalberti. Si el juez José Luis Ares comprende de antemano que la Triple A no entregaba carnet de socios a sus sicarios ni a sus referentes intelectuales, será menos complejo para el denunciado demostrar que su acusación no es caprichosa que para el juez justificar ante sus alumnos la férrea indiferencia de la corporación judicial bahiense frente a la masacre cometida por las Fuerzas Armadas antes y después del último golpe de Estado.

La historia comenzó en octubre de 2002, mientras los estudiantes de la UNS se movilizaban en contra de los exámenes de ingreso. Alberto Rodríguez participaba de la reunión del Consejo Superior como delegado de la Asociación Argentina de Actores. “En lugar de poner trabas al ingreso de alumnos habría que analizar de una buena vez el plantel de docentes. Aún hay personajes de la misión Ivanissevich que fueron cómplices de crímenes ocurridos en esta universidad”, dijo. Citó como ejemplo a Montezanti, “impulsor de la pena de muerte y partícipe de la Triple A”. Un mes después el Senado aprobó su designación como camarista y en octubre de 2004, con efecto retardado, Montezanti se sintió injuriado, querelló a Rodríguez y pidió un resarcimiento de 10.000 pesos más intereses.

Credencial para matar

A Rodríguez no le contaron la historia. El 3 de abril de 1975, en un pasillo de la UNS, fue testigo del asesinato de David Cilleruelo, secretario de la Federación Universitaria del Sur con quien militaba en la Federación Juvenil Comunista. El asesino, Jorge Oscar Argibay, suboficial de la Armada, era el custodio de máxima confianza del flamante rector Remus Tetu, cuya primera medida de gobierno fue contratar bajo el rubro “seguridad y vigilancia” a un ejército de matones sindicales y “ex integrantes de fuerzas armadas y de seguridad” que le proveyó “uno de los servicios de inteligencia”, según admitió ante la justicia en 1980.

Cilleruelo acababa de acusar a Tetu durante una asamblea de representar “a la misión Ivanissevich, que no es otra cosa que implantar el imperialismo con el apoyo de la Marina de Guerra, única arma del país que bombardeó a un pueblo indefenso”. Cuando Rodríguez fue a la seccional a denunciar el crimen un sargento intentó disuadirlo. Argibay “tiene credencial de la Federal, arréglenlo con sus propias manos”, sugirió. Pese a que varios testigos reiteraron que vieron a Argibay disparar a quemarropa y huir en el Falcon verde con patente dorada del rectorado, la policía no asentó su apellido en el acta. La Nueva Provincia omitió el dato del auto oficial y la relación del sicario con Tetu, editorialista del diario naval.

Durante 1975, con contratos rubricados por el rectorado, la patota de Tetu tuvo vía libre para matar. Recién el 10 de diciembre Argibay fue detenido por Prefectura de Puerto Quequén, no por orden de la Justicia sino herido en un tiroteo en la Junta Nacional de Granos. Un mes después del golpe el juez federal Guillermo Madueño le tomó declaración en el penal de Olmos. Cuando le informó su derecho a ser defendido Argibay nombró al “doctor Néstor Luis Montezanti”, viejo conocido de Tetu (en agosto de 1973, cuando una asamblea de estudiantes de Humanidades promovió la destitución del profesor Tetu por utilizar textos filonazis, Montezanti lo acompañó al juzgado para exigir la suspensión del juicio académico).

Pese a los 700 kilómetros recorridos el interrogatorio entró en una carilla. En la causa no consta que Montezanti haya sido notificado ni que haya actuado en defensa de Argibay, quien pese a las abrumadoras evidencias en su contra no estuvo un solo día preso por la muerte de Cilleruelo. En noviembre de 1977, cuando un juez marplatense dispuso liberarlo y consultó a su par bahiense, Madueño respondió que “por ahora no interesa a este juzgado la detención de Argibay” (el secretario del juez federal era el doctor Hugo Sierra, hoy profesor de derecho en la UNS y por casualidad abogado de Montezanti). En 1980, el juez Jorge Suter pidió su captura, sin éxito: el marino murió prófugo dos años después. Desde el jueves este cronista intentó comunicarse con el señor juez para consultarlo sobre su relación con Argibay, pero no logró ser atendido.

De Beroch a Adalberti

Temido por sus pares, poco apreciado entre sus alumnos pero respetado por las corporaciones de poder locales (es uno de los principales referentes intelectuales del intendente Cristian Breitenstein), Montezanti nunca ocultó su ideología. A principios de los ’60, viejos peronistas lo ubican como referente de la Guardia Restauradora Nacionalista, desprendimiento ultracatólico de Tacuara encabezado por el sacerdote Julio Meinvielle que adoptó por lema “Dios, Patria y Hogar”. En julio de 1965, en pleno brote antisemita de esa organización, el comando regional bahiense respaldado por el platense Néstor Beroch ingresó al domicilio del gerente de Casa Muñiz, durmió a la familia con cloroformo y robó 1.596.000 pesos. Al ser detenido su jefe local, Sebastián Avale, definió al grupo como “católico nacionalista, anticomunista”, admitió “cierta afinidad con el nacionalsocialismo”, con principios “basados en la doctrina católica” (La Nueva Provincia 13-10-65).

Mientras sus compañeros cumplían condenas Beroch se mantuvo prófugo. En 1972, según coincidieron dos abogados y un ex militante de Tacuara, Montezanti solicitó en representación de Beroch la prescripción de la causa. Cuatro años después Beroch colaboraría con los grupos de tareas que secuestraron a los militantes de la UES durante la famosa Noche de los Lápices.

También en los ’60 –según confirmó su abogado Sierra–, pidió la amnistía para los miembros del grupo comando peronista que el 28 de septiembre de 1966, en el denominado Operativo Cóndor, desvió un avión comercial hacia Malvinas, donde antes de ser detenidos cantaron el himno y desplegaron siete banderas argentinas. Comandaba el grupo el entonces joven Dardo Cabo, hijo de un legendario dirigente de la UOM y entonces miembro del Movimiento Nueva Argentina, otro desprendimiento de Tacuara.

Montezanti no sólo dio batalla en tribunales. El 20 de noviembre de 1973, durante un acto por el aniversario del combate de Vuelta de Obligado organizado por la Agrupación de Suboficiales Justicialistas bahienses del que participó la UOM, la Juventud Sindical Peronista y el comando local de la “Juventud Peronista Juan Manuel de Rosas”, tomó la palabra para anunciar que “hoy tendremos que librar nuestra batalla de Obligado, porque si en 1845 la soberanía estaba en peligro, hoy también lo está”. No se refería a ningún enemigo externo.

En 1975 a priori trabajó como abogado de la UOM, profesor de la UNS y de la Universidad Tecnológica Nacional. Sin embargo, un abogado radical que aspira a ser intendente y analiza en este momento costos y beneficios de declarar contra el presidente de la Cámara Federal, le aseguró a Rodríguez que en su buffet de abogado Montezanti tiene una nota de agradecimiento del ex general Guillermo Suárez Mason, se ignora a cambio de qué servicio/s. Entre mayo de 1975 y enero de 1976 el célebre Pajarito fue comandante del Cuerpo V bahiense. Bajo su mando actuaron los “grupos antisubversivos” clandestinos, cuyo trabajo sucio la Justicia nunca investigó. Según ex militantes católicos que debieron huir de las garras de la AAA ese mismo año, Montezanti forjó un fuerte vínculo con el sacerdote Emilio Ogñenovich, entonces vicario general del arzobispado de Bahía Blanca, formador de cursillistas del Cuerpo V y recordado por los familiares de detenidos-desaparecidos locales (al padre de Daniel Gastaldi, recién secuestrado, sin inmutarse le dijo: “A su hijo en este momento lo están haciendo cantar”).

En la elección interna del PJ bahiense de 1983, Montezanti integró la triunfante lista Azul y Blanca que encabezaba Rodolfo Ponce, quien antes de ser delegado regional de la CGT e indiscutida cara visible de la Triple A bahiense había disputado –a comienzos de los años ‘70– espacios de poder con la UOM de Albertano Quiroga. Un veterano militante nacionalista local afirma que varios de los matones sindicales de la UOM nutrieron las filas de la Triple A.

En 1987 el general Adel Vilas le propuso hacerse cargo de su defensa. Montezanti declinó la oferta pero le impartió “algunos consejos técnicos profesionales”, según escribió al excusarse en la causa que investiga los crímenes de la dictadura. La Cámara Federal procesó a Vilas por 12 homicidios, 61 privaciones ilegales de la libertad calificadas y 41 casos de torturas. Una década después, cuando la agrupación Hijos bahiense anunció un escrache contra el médico Humberto Adalberti (acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita y beneficiado con una declaración de falta de mérito), Montezanti presentó una medida cautelar para impedir la manifestación. Al fracasar demandó a los organizadores por daños y perjuicios, denuncia que la Justicia rechazó por razones formales. Entre los dilectos amigos a quienes despidió públicamente se destacan el oficial naval Julio Rodolfo Comadira, jefe de división en la asesoría jurídica de la Armada durante la dictadura, y Martín Gregorio Allica, pluma de La Nueva Provincia denunciado por Madres de Plaza de Mayo como agente del Batallón de Inteligencia 601. Desde la creación de la carrera de derecho en la UNS su mayor logro es haber resistido la formación de una cátedra sobre Derechos Humanos.