Tras los gases con que fueron reprimidos los docentes salteños, y el piquete a la Casa de Gobierno como respuesta, llegó el tiempo de la mediación. “La situación se descomprimió por la conciliación que prometió dictar la Justicia”, explicó a Página/12 Víctor Gamboa, delegado de los Docentes Autoconvocados. Esto significa que ya no hay manifestantes rodeando la Casa de Gobierno provincial –aunque algunos permanecen en la puerta “para que el gobernador Juan Carlos Romero sienta que no queremos ser ignorados”– pero se mantienen los cortes de la ruta 34 y del acceso a Orán. El juez Félix Costa intercedió en el conflicto contactando a las partes y hoy a las 11 anunciaría la conciliación para que los representantes del Gobierno y de los docentes se sienten a negociar. A cambio les pidió a los trabajadores que liberen la ruta en forma parcial y a los funcionarios que cesen las amenazas, la represión y las sanciones a los huelguistas.

De hecho, la mecha que encendió los ánimos el lunes fue el anuncio de que les iban a descontar los días de esta huelga, que ya entró en su séptima semana. Unos ocho mil manifestantes nucleados en Docentes Autoconvocados había acudido a la Legislatura provincial para repudiar el asesinato del profesor Carlos Fuentealba y para exigir una respuesta a su reclamo salarial. Al igual que el martes pasado cuando fueron reprimidos, los recibió una lluvia de gases lacrimógenos que los dispersó, pero al rato se volvieron a organizar, rodearon la Terminal de Omnibus y sitiaron la sede del Ejecutivo. Los empleados pudieron salir pero sus autos quedaron en el estacionamiento. Y recién hoy hubo un acuerdo para que pudieran ser sacados los vehículos. La noche del lunes fue tensa porque se esperaba la orden de reprimirlos por esta medida.

“Anoche la plaza 9 de Julio (donde acampan los manifestantes) quedó oscurecida, sólo dejaron las luces de la Recova y temimos que pasara lo mismo que el 1° de abril de 2005, en la Noche de la Tiza, cuando la policía golpeó salvajemente a los compañeros y compañeras”, describió la docente y referente del movimiento de derechos humanos Nora Leonard. Ese temor la llevó a presentar un hábeas corpus preventivo, que fue recibido por la Justicia en forma favorable. “En los fundamentos dijeron que si se hubieran tenido en cuenta los anteriores habeas corpus se habrían salvado muchas vidas. Y el juez Costa, además, reconoció el derecho a protestar y dio la cara”, completó Leonard.

Según precisó, el paro docente no fue levantado como tampoco las nueve carpas de la plaza, ni abandonaron su huelga de hambre los maestros que están en el antiguo edificio del Cabildo. La propuesta del juez Costa fue llevada al corte de ruta para que los manifestantes decidan si aceptan las condiciones que les ofrecen. En ese caso, hoy se sentarían los delegados departamentales docentes con el ministro de Gobierno, Víctor Brizuela. El magistrado les pidió que se mantengan al costado de la ruta, y gestionaría con los funcionarios que los docentes no sean sancionados por su adhesión a la medida de fuerza.

El 70 por ciento de los huelguistas no cobró su sueldo debido a los descuentos, e incluso fueron afectados por esta medida aquellos que no participaron de la protesta. Los aumentos prometidos por el Gobierno significan, en los hechos, que recién en septiembre los docentes llegarían a cobrar 460 pesos de sueldo básico.