En las dos Cámaras del Congreso se repudió ayer el asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba. Lo que en teoría se limitaría a una declaración en la que se condenaría la represión policial, se convirtió en un contrapunto en el que se discutió sobre los salarios docentes y los conflictos abiertos en varias provincias. Se habló de las sumas en negro que se pagan en el interior, la presencia en las fuerzas policiales de efectivos con antecedentes penales y hasta de la necesidad de propiciar una más justa distribución de la riqueza. El debate se prolongó en cada Cámara durante casi tres horas. Cada una lo hizo a su estilo. Tumultuoso, chicanero y venal en Diputados y más racional y medido en el Senado.

En la Cámara baja el proyecto de condena a la represión fue impulsado por Claudio Lozano de la CTA y por el kirchnerista Edgardo Depetri. Desde los palcos el debate fue seguido por el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el de la CTA, Hugo Yasky. La mayoría que había coincidido en rechazar “la clara animosidad contra los trabajadores por parte de las autoridades provinciales y de la propia policía”, se resquebrajó cuando la oposición intento aprobar un pedido de informes dirigido al ministro de Educación, Daniel Filmus. El diputado del ARI, Eduardo Macaluse, señaló que “en la Argentina hay una escalada represiva”.

Los kirchneristas centraron sus críticas en el gobernador Jorge Sobisch. Una palabra trajo la otra y se fueron acumulando los temas pendientes. En referencia a un discurso nacional supuestamente contradictorio con el provincial, el santacruceño Eduardo Arnold dijo que “hace rato estamos acostumbrados a un gobierno nacional supuestamente democrático y otro provincial autocrático. Parecería que en la Nación gobierna Fidel y en la provincia Fulgencio Batista”, chanceó.

En el Senado, el debate lo disparó el presidente del radicalismo, el jujeño Gerardo Morales. Luego de pedir preferencia para el tratamiento con el que el radicalismo pretende modificar la Ley de Financiamiento Educativo, dijo que “estamos frente a un Estado nacional rico y provincias comprometidas que cada vez se van a ir endeudando más ante la imposibilidad de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal y con los aumentos al salario docente”.

El guante lanzado por Morales lo tomó el jefe de la bancada oficialista, el rionegrino Miguel Angel Pichetto. Luego de repudiar el asesinato de Fuentealba y de manifestarse preocupado por “cómo proliferan en las fuerzas policiales personas con antecedentes penales”, Pichetto afirmó que “la remuneración de los docentes en la provincia de Santa Cruz es la más alta del país”. Luego condenó que muchos estados provinciales paguen un alto porcentaje del salario docente con ítem no remunerativos. Dijo que eso es algo “intolerable” en el actual escenario de crecimiento económico. A esa altura no estaba hablando de Santa Cruz, pero ante las dudas, ya que estaba describiendo un cuadro que bien se ajusta a lo que sucede en la provincia del presidente, fue un santacruceño el que enmendó la plana. Luego de una larga enumeración de códigos y sumas, y después de puntualizar que el básico docente para un maestro sin antigüedad en Santa Cruz es de 161,10 pesos, Nicolás Fernández destacó que eso no era un obstáculo para los jubilados santacruceños. Afirmó que el salario de bolsillo de los jubilados es casi el mismo que el de los activos. Hubo tiempo para que los salteños reivindicaran a su gobernador Juan Carlos Romero y se lamentaran por lo poco que reciben por coparticipación.