La Legislatura de Santa Cruz fue tomada anoche por un grupo de trabajadores estatales. La protesta se desmadró cuando el bloque del Frente para la Victoria, que representa a veintidós de los veinticuatro legisladores, se opuso a un proyecto de resolución que instaba al Ejecutivo local a abrir una mesa de diálogo. Pusieron como condición el levantamiento de las medidas de fuerza. En ese instante, los empleados de la Salud, judiciales, municipales y algunos docentes que estaban en la barra irrumpieron en el raleado recinto con apenas catorce bancas ocupadas. Bajo ese requisito, no hubo diálogo posible. El desenlace sorprendió a los dirigentes nacionales de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que están tratando de encauzar una negociación en Buenos Aires para normalizar las clases después de cinco semanas de medidas de fuerza. La sorpresa se transformó en malestar en la Rosada.

Una ruidosa concentración de trabajadores frente a la Legislatura preanunciaba que la sesión ordinaria no sería tal. La Mesa de Unidad Sindical había presentado un proyecto para que se modifique el artículo 2 de la Ley de Emergencia Económica, vigente desde 1991, cuando asumió como gobernador el actual presidente Néstor Kirchner, y anula la posibilidad de abrir negociaciones paritarias. El blanqueo de los sueldos es uno de los puntos centrales del reclamo docente, que tienen un salario inicial de 1800 pesos pero apenas 161 constituyen el básico, es decir la suma sobre la que se realizan los aportes previsionales, sociales y la aplicación del plus por antigüedad. Los básicos congelados en cifras ínfimas se repiten en el resto de la administración pública: por ejemplo, el de un portero es de 49 pesos y el de un enfermero, 59 pesos.

El bloque oficialista consideró que la modificación de un proyecto de ley no se puede hacer sobre tablas y envió el tema a comisión. Ese fue el primer punto que caldeó los ánimos. Después del homenaje al docente Carlos Fuentealba, asesinado en Neuquén, estaba previsto aprobar un proyecto de resolución del diputado radical Omar Hallar, consensuado con el oficialismo, para que la Legislatura exhortara al gobernador Carlos Sancho a abrir una mesa de diálogo. La presidenta de la Legislatura, Judith Forstmann, dio por cerrada la sesión cuando el oficialismo cambió el texto poniendo como condición el levantamiento de las medidas de fuerza.

“Al no haber gobierno, porque todo se maneja a control remoto desde la Rosada, están estallando viejos conflictos y nadie toma decisiones, todo se pregunta vía telefónica”, dijo a Página/12 Hallar y recordó que “antes de que renunciara el gobernador Sergio Acevedo se había acordado que los aumentos salariales que se otorgaran se incluyeran en los sueldos básicos, pero después todo quedó en la nada y siguieron los incrementos por sumas fijas”. En marzo se dieron 300 pesos para los estatales –incluidos los docentes– que no fueron al básico.

En Río Gallegos, la protesta que desembocó en la inédita toma de la Legislatura fue encabezada por la regional de la CTA. Una decisión que desconcertó a la conducción nacional de Hugo Yasky. El desconcierto se funda en que esta semana llegó a Buenos Aires la conducción de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), Pedro Muñoz y Eduardo James, para cumplir el mandato de asamblea que pidió que la CTERA intercediera ante el Gobierno para abrir una negociación.

Yasky, como titular de la CTERA y la CTA, tuvo una reunión anteayer con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con el fin de sondear esa posibilidad. Ayer hubo un encuentro con los dirigentes de Santa Cruz.

En una conversación con la ministra de Educación provincial, Silvia Esteban, se habló de la posibilidad de empezar a discutir sobre los blanqueos, de la devolución de los descuentos de los once días de huelga y, como contrapartida, la posibilidad de flexibilizar las medidas de fuerza. Para hoy está previsto continuar las conversaciones.

Desde la CTA nacional repetían que los docentes están dispuestos a encontrar un camino de solución y confiaban en que se produzca algún acercamiento que permita destrabar el conflicto. La conducción de ADOSAC vuelve este fin de semana a la provincia para realizar un congreso. La filial de Río Gallegos llevará como mandato extender de 48 a 96 horas la huelga para la semana próxima. Una prueba de la dificultad de acercar posiciones.

La posibilidad de solución de la huelga docente se complicaba anoche con la ocupación de la Legislatura. Poco antes de las 22, los legisladores abandonaron el recinto custodiados por la policía, mientras un grupito se disponía a continuar la toma. Entre manifestantes y gobernantes no había anoche interlocutores. Habían fracasado los intentos de un desalojo a cambio de una mesa de diálogo. Afuera continuaban los ecos de los bombos que enmarcaron la protesta durante todo el día.