El asesinato de Carlos Fuentealba advierte sobre la supervivencia de una Argentina oscura, acechando. Ese crimen no da la media actual, pero integra la nómina de lo posible y obliga a alzar la guardia. Una fracción sustantiva de la sociedad civil, con los gremios y los docentes a la vanguardia, estuvo a la altura del feroz desafío.

En los días que conmovieron al Neuquén muchos argentinos aprovechaban una semana a puro feriado buscando unos días de ocio, de paseo, de meter la mano en el bolsillo. Los centros turísticos no dieron abasto. Un vistazo sobre la demanda (micros en cantidades record, muchísima afluencia a Mar del Plata, a la costa atlántica en general, a tantas ciudades turísticas de Córdoba, por decir algo) habla de un universo que no es el de las clases más altas que no se trasladan en bondi, ni se esparcen en la Ciudad Feliz, ni en las sierras.

También en simultáneo las discusiones paritarias avanzan, en pos de un aumento promedio parecido al quince por ciento en los salarios de los trabajadores incorporados al mercado formal.

En esas horas la corporación política –que promedió muy bajo compromiso con la conmovedora movilización popular y tuvo nulo diálogo con las víctimas– llenó el espacio de palabras tonantes, triples saltos mortales, acuerdos que necesitan un egiptólogo para ser descifrados. Las fórmulas porteñas se re-presentan, esto es, se presentan una y otra vez. Primero se “instalan”, después se desliza una foto, después se confirma. Luego, un acto. De ese modo, se gana centimil y se accede a un ratito en el noticiero. La visibilidad es provisoria, el impacto dudoso.

Con buena lógica, todas las repercusiones de Neuquén les arrebatan la portada de los medios. Sin demasiado motivo, las rencillas, los arreglos cupulares, las listas que (consenso unánime) se cierran en un escritorio acaso suscitan más atención que otras variables de la realidad, más raigales. Por lo menos dos, mal leídas y mal contadas (si no ignoradas) en demasiados análisis de estos días. La resurrección del conflicto gremial, desterrado durante más de una década, la primera. La otra es la intrincada reconfiguración del universo de los trabajadores.

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Jorge Sobisch, acorralado, se inspiró en tantos actores argentinos y sobreactuó haciendo de sí mismo. Allá él con su peculiar instinto de supervivencia, que lo llevó a renovar tópicos derechosos y hasta procesistas, como proponer el encadenamiento “reclamos sociales-desorden-violencia” para justificar su incansable proclividad a la represión que incluye, en tinta limón, la barbarie policial y aun el homicidio.

No es cuestión de perdonarlo sino de asumir que esa es (debería ser) apenas su perversa ecuación personal. Bien lamentable es que otras personas, menos concernidas con el derramamiento de sangre, coreen algunas de sus premisas. La asociación entre conflictividad y patología (ay, esas metáforas orgánicas) es un tópico en muchas bocas, vinculadas por un sacro pavor por la protesta social y un pobre mapeo de la realidad.

La conflictividad social se apaciguó durante más de una década. El disciplinamiento tributó a varias desdichas colectivas consecutivas. La híper primero, el desempleo luego, la recesión enseguida, la crisis de 2001 para rematar. Jamás cesó la resistencia en un país con tradiciones políticas y gremiales, pero se minimizó en la cantidad y en la ambición de los reclamos. Puestos a la defensiva, los desheredados salieron a la calle cuando se los privaba de algo. Los estatales contra el desguace, los piqueteros contra el desbaratamiento de su ecosistema laboral (los pueblos petroleros primero, el conurbano en lo sucesivo), los ahorristas tras el corralito. Tratando de conservar sus estatutos previos, minga de progresar. Iban saliendo de a uno, en fila india, a hacer lo que podían frente a antagonistas más fuertes.

Cuando comenzó el gobierno de Néstor Kirchner, los movimientos de desocupados se enseñoreaban en la calle. Muchas profecías se oyeron acerca de las proyecciones del fenómeno, inclusive que iba a impedir el incipiente despegue de las exportaciones. “Ciudad sitiada” titulaba un matutino centenario. Y se aludía al caos, esa palabreja tan reaccionaria.

Por entonces, Carlos Tomada decía ansiar que fueran trabajadores empleados y no desocupados los reclamantes que metieran bulla y bardo en Leandro Alem al 600. En ese aspecto, debería darse por satisfecho. Es del caso recordar que en diciembre de 2003 Tomada fue encerrado en su propio ministerio por un grupo piquetero muy minoritario, episodio que fue descrito como el comienzo de una etapa de anarquía. El propio vértice del Gobierno debatió si reprimía o no. Optó por el mejor camino, el que Sobisch gambeteó y sigue cuestionando.

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Desde entonces, muchas cosas han cambiado. No sólo disminuyeron el desempleo y la pobreza, sin lograrse aún standards decorosos. También se modificaron la constitución del mundo de los trabajadores, la pirámide salarial, el peso relativo de distintos sectores productivos.

El Gobierno de movida otorgó aumentos generales de salarios, privilegiando los más bajos. Se produjo la consecuencia de manual, subió el piso y se acható la susodicha pirámide. Ya a fines de 2004 Roberto Lavagna rezongaba porque, en un escenario de reactivación, no había (a su ver) suficientes diferencias entre los sueldos de trabajadores no calificados y los de sus compañeros especializados, que participaban en actividades industriales o de punta. El entonces ministro de Economía decía que en otras latitudes (no acá y en ese tiempo) un matricero ganaba bastante más que un motoquero y considera promisorio que existieran esos alicientes para capacitarse.

La ebullición de la economía y la reactivación de áreas que habían sido sembradas con sal fueron cambiando el cuadro. Algunos trabajadores acceden a retribuciones decentes, en muchos casos superiores a las de muchos profesionales de clase media. No son la mayoría, son mucho más que cero.

En esa transición se alteró la importancia relativa entre actividades. Los sindicatos del transporte, la curiosa estrella de los noventa, ya no son los sobrevivientes del naufragio ni los más productivos de la etapa. La construcción, la metalurgia, la industria textil, la alimentación recuperan presencia. Esa mutación no se traslada con rapidez al terreno de la representación sindical, que es más estática que lo real.

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La negociación colectiva sucumbió a manos del noventismo. Una discusión recorría a los propios gremialistas. ¿Valía la pena resucitarla en una correlación de fuerzas cruelmente adversa? La discusión sobre condiciones de trabajo, decía por entonces el ahora diputado Héctor Recalde (asesor de la CGT), solía terminar con los gremialistas forzados a aceptar nuevas relaciones “a la baja”. La masa de desempleados, la reducción forzada de los sueldos, el recorte de las jubilaciones (por primera vez en la historia) conformaban un ambiente hostil que vedaba pensar en avanzar.

La negociación se restauró en los años recientes, en una coyuntura diferente y dolorosa. Con la clase trabajadora fragmentada como no lo estuvo en los ’50, ’60 o ’70. Con un desempleo machazo, con un mundo de trabajadores informales con magras chances de pasar del otro lado de la valla.

Los textos lecturas clásicos naufragan, cuando menos deberían aggiornarse. No hay ejército de reserva, que presiona a la baja las condiciones de los que laburan. Hay pleno empleo, con la dinámica que eso arrastra, en varias áreas de actividades. En otras, otra galaxia.

Los especialistas disputan si puede hablarse de trabajadores “no empleables”, no será este cronista profano quien zanje esa polémica. Pero es certero que no es fácil transitar del conjunto de los no formales al otro. Muy misceláneas son las posiciones actuales y las prospectivas.

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La apuesta del Gobierno, que instó esos cambios tratando de conducirlos, es que el crecimiento fuera reparando esas desigualdades de nuevo cuño, interclasistas.

Las ideas fuerza de Kirchner no son muchas ni muy sofisticadas. Una de ellas es jugarse mucho a manos del crecimiento y del consumo, aceptando que tienen sus contrapartidas, un cierto desorden y una inflación no menor. El consumo es un pilar del patrón de crecimiento elegido. También es un eje de la gobernabilidad, tal como la intuye el Presidente. La autoridad política, hecha puré cuando Kirchner asumió, debe revalidarse a diario, lo que no puede conseguirse sólo mediante medidas institucionales o simbólicas. El consenso, producto de la satisfacción inmediata y creciente de intereses materiales, es el motor de la legitimidad democrática que persigue Kirchner. A más de medio siglo vista, esa es una de las tradiciones de Juan Domingo Perón que reversiona Kirchner, con un cuidado de los equilibrios fiscales, aprendido en el duro epílogo del siglo veinte.

Uno de los pocos puntos centrales que Kirchner debatió con Lavagna cuando revistaba en su gabinete era si no valía la pena frenar un poco el crecimiento para evitar turbulencias y recalentamientos. La salida del ahora candidato opositor tuvo varias concausas, esa fue una.

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El Gobierno fue restaurando un calendario laboral previsible (aunque siempre retocable en el detalle) que está en tren de ejecución. Las paritarias se dirimen entre marzo y junio. En julio se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (Csmvm). Con los albores o la llegada de la primavera se retocan las asignaciones familiares. Así será este año, tercero consecutivo.

Estos mecanismos son manejados por la administración Kirchner a su modo, sin abrir mucho el juego y valiéndose del freno más de una vez. El Gobierno saldó, por ejemplo, una discusión interna que tuvo en su momento respecto de la ubicación temporal de la convocatoria al Csmvm. Si se lo sitúa antes de las convenciones, puede darle un envión hacia arriba al piso de los sueldos en las paritarias. La secuencia elegida es, pues, conservadora, tal como suelen reprocharle dirigentes de la CTA al oficialismo.

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Las negociaciones colectivas se han venido asentando. “Los márgenes de discusión son cada vez más chicos”, dice un especialista del ministerio, de primer nivel. “No hay más de cinco puntos de margen, a veces mucho menos entre la pretensión sindical y la propuesta empresaria.” La parte del león de las negociaciones, augura sentado a una de tantas mesas, se irá firmando antes de que llegue el invierno. Si se concluyen los acuerdos con la UOM, con camioneros, con Smata, el objetivo básico del Gobierno, un impacto suave sobre la macroeconomía estará logrado.

También, sotto voce, dan por cumplido el otro. Un promedio de quince por ciento, esto es algo así como un treinta por ciento para la inflación prevista, once o doce por ciento. “Es un porcentaje que se usa en países del primer mundo, en momentos de expansión”, se excita para luego admitir que en esos países la inflación no llega al tres por ciento y el correlativo incremento salarial pactado no supera el uno por ciento.

Claro que “el Negro” Hugo Moyano sigue siendo el bastonero mayor del colectivo gremial. Pero son pocos los que se salen del cauce prefijado aunque que los hay, los hay. Dos dirigentes bien variopintos rompieron el pizarrón. Uno es Pedro Wasiejko, dirigente del sindicato único del neumático, uno de los pocos bastiones de la CTA en el sector privado, específicamente en un ramo muy exitoso. Wasiejko, dicen sus compañeros y avalan en el Gobierno, es un cuadro de nueva camada, dúctil, aguerrido, preparado y honesto. Se despachó con un reclamo del 38 por ciento.

Luis Barrionuevo, que no se deja describir casi con ninguno de los vocablos usados para Wasiejko, se atrevió a mocionar el treinta.

En Trabajo sospechan de más malicia en Barrionuevo, que viene de perder las elecciones en Catamarca, que en el hombre de la CTA. De los dos piensan que se irán amoldando. También suponen que, si se obstinan en sus cifras, las negociaciones se dilatarán hasta tanto no impacten en otras por contagio ni en el imaginario económico de la segunda mitad del año. ¿Y entonces? Si las patronales se apañan, se firmará, aunque velando para que ni los neumáticos ni los hoteles ni los restaurantes aumenten sus facturas en consecuencia.

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El resurgir del conflicto, la relativa equiparación de fuerzas, engrosan el menú de los temas en discusión. Se pugnan por mejores condiciones de labor, por re-encasillamientos de categoría, por realineamientos sindicales. En el desamparo de los ’90 los trabajadores sólo atendían su salario de bolsillo, resignando beneficios sociales y derechos. Aceptar montos desmesurados de presentismo, como hicieron cuando estaban a la intemperie los docentes de Santa Cruz, era algo corriente. Mantener esa rémora en la actualidad es una de las tantas demasías que comete ese gobierno provincial. Se supone que lo encabece el gobernador Sancho, que, a diferencia de su tocayo en la ínsula Barataria, parece desprovisto del sentido común y de la sensibilidad imprescindibles para desempeñarse.

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No hubo algarada piquetera, no hube desborde en 2005 y 2006, no hubo rodrigazo, no hay un desmadre como se vaticinó, según pasaban los años.

Hay un reacomodamiento lento en el buen sentido, que el Gobierno no deja desplegarse en toda su potencialidad. En esa frase, demasiado sintética, podría cifrarse la política laboral oficial. Ha abierto muchas puertitas, largamente clausuradas, pero como el señor López de la historieta no terminó de aventurarse a su interior. La crítica, entonces, podría ser la falta de plena consistencia.

La mayor deuda, casi inexplicable a esta altura, es la implementación de un extendido seguro de desempleo y capacitación. La CGT no bregó bastante por ese instituto, que existe en todo país “normal” y en algunos que, como Argentina, no lo son tanto. Es difícil saber por qué esa pereza compartida si no se quiere recaer en teorías demasiado despiadadas con las representaciones políticas y obreras dominantes. Quizás es un conservadorismo ínsito, un apego atávico a la tradición peronista que se plasmó en otra contingencia, de pleno empleo.

Más discutible y más audaz sería la instalación de un ingreso ciudadano universal a la niñez. Se trata de una institución novedosa que empieza a discutirse e implementarse en algunos gobiernos locales. En Argentina sería lógico pagarlo vía asignaciones familiares e instauraría un nuevo derecho. La novedad fuerza un examen a fondo, en lo concerniente a su costo y financiamiento antes que nada. Pero sería un salto de calidad. Lavagna, Kirchner y ahora Felisa Miceli coincidieron en desdeñar lo que sería un hito progresista, sin abocarse a profundizar su análisis.

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Con sus más y sus menos una vivacidad inédita testimonia que algo ha cambiado, para bien. El escenario es distinto, el horizonte más amplio. Claro, la combatividad, el jacobinismo, la rebeldía de comisiones internas o asambleas de laburantes añaden pimienta a lo que jamás es puro cartesianismo.

Hay señoras gordas (definición política que engloba a hombres y mujeres) que se aterran por las turbulencias del conflicto. Deberían entender que la redistribución del ingreso, ese desiderátum que dicen compartir, no se dirime en un seminario ni fluye naturalmente del libre juego de la oferta y demanda. Es producto de pulseadas, de negociaciones, de luchas. Su historia y su crónica entrelazan avances, retrocesos, conquistas, reivindicaciones. Las palabras no son azarosas, se conquista o se reivindica lo que no se posee sea porque siempre fue así, sea porque fue arrebatado.

La consabida torta ha crecido, pero el reparto no llegó por arte de magia. Cada tajada es disputada por portadores de intereses, eventualmente con modales o rostros torvos. Muchos de ellos no complacen la estética de las clases medias, endiosada por muchos medios de difusión masiva. Los diarios se van haciendo un lujo para los primeros deciles. No debe sorprender que satisfagan sus gustos y los identifiquen como patrimonio de “la gente”, ese imaginario ser unánime cuya existencia merece ponerse en duda.