Desde Córdoba

De los más de cien recursos que la Cámara de Casación tiene para resolver por causas sobre terrorismo de Estado, hay tres que corresponden a Córdoba que se encuentran en distintos estados de definición. El más avanzado es el que involucra al teniente coronel Enrique Bruno Laborda, el primer y único oficial en actividad que en junio de 2004 confesó haber participado de la represión ilegal, además del general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del III Cuerpo, y otros diez militares. Negado por Casación el recurso extraordinario ante la Corte, los represores tienen una última y remota chance antes de llegar al juicio oral: un recurso de queja ante el máximo Tribunal, aunque sus chances son escasas. Las otras novedades ocurrirán a principios de mayo, cuando Casación rechace otro recurso presentado hace un año por los defensores de militares, y la Cancillería apure los trámites para extraditar al represor Ernesto “Nabo” Barreiro desde Estados Unidos.

La presión ejercida en los últimos tiempos sobre la Cámara de Casación, el tribunal al que se lo acusa de frenar el avance de las causas sobre terrorismo de Estado, tuvo su efecto positivo para Córdoba: de las tres causas que tenían interpuestos recursos allí, en uno Casación negó el recurso extraordinario ante la Corte presentado por los militares, en otro está a punto de hacerlo ni bien comience mayo, y en el tercero no hay indicios de que el criterio vaya a modificarse. Traducido a escenarios posibles, las definiciones en Casación abren la puerta para que a fin de este año o principios de 2008 pueda concretarse el primer juicio oral contra represores en los tribunales federales cordobeses. Entre los acusados más importantes que se sentarían en el banquillo están el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y varios de los que integraron la patota de La Perla, como el Nabo Barreiro, prófugo de la Justicia desde 2004; Luis Manzanelli o el Rulo Acosta, todos imputados en la mayoría de las causas que tramitan en Córdoba.

De esos tres expedientes que hoy están en Casación, el que tiene más posibilidades de terminar en un juicio es el que involucra al teniente coronel Guillermo Bruno Laborda, el primer y único oficial en actividad que en junio de 2004 confesó haber participado en la represión ilegal. No por razones de conciencia sino por venganza hacia los superiores que “no premiaron” con el ascenso a coronel sus “actos de servicio en defensa de la Patria”. En esta causa están imputados, además de Bruno Laborda, Menéndez, Aldo Chechi, Carlos Díaz, Orlando Dopazo, Luis Manzanelli, Oreste Padován, Italo Pasquín, Eduardo Ríos, Andrés Tófalo, Carlos Villanueva y Carlos Vega.

El primero de estos requerimientos, que investiga la muerte de una persona y la privación ilegítima de otra, fue cursado en mayo del año pasado por los abogados de estos militares y rechazado por la Cámara de Casación a fines de marzo, después del acto de La Perla y el discurso de Kirchner. “El último elemento jurídico que les queda es lo que se llama recurso de queja ante la Corte, pero es casi seguro que será rechazado”, le dijo a este diario una fuente de la Justicia federal que conoce del tema. De ser así, esta causa bajaría de Casación al Juzgado Federal Nº 3, a cargo de la jueza Cristina Garzón de Lascano, clausurando así la etapa de instrucción. Los pasos procesales siguientes serían correr vista a los querellantes, a los defensores de los militares y a la fiscal Graciela López de Filoñuk, la encargada de pedir la elevación a juicio oral y público. Cumplido ese lapso, Garzón de Lascano tiene dos opciones: o eleva la causa a un Tribunal Oral para que empiece el juicio, o sobresee a los imputados. Según pudo averiguar este diario, “es altamente probable que a fines de año o a principios del que viene pueda comenzar el primer juicio oral y público contra represores en Córdoba”.

El otro expediente que aguarda definiciones de la Cámara de Casación es el denominado “Humberto Brandalisis y otros”, que investiga la muerte de cuatro personas asesinadas en La Perla, que aparecieron tiradas en la calle luego de que los militares fraguaran un enfrentamiento. Esta causa fue recusada por los militares en febrero del año pasado, pero Casación volvería a negarle el recurso extraordinario ante la Corte utilizando el mismo criterio jurídico que expresó en la causa Bruno Laborda.

Sólo quedaría por resolver un tercer incidente que se encuentra en manos de Casación, que es la causa que investiga la muerte del estudiante Diego Hunziker en septiembre del ‘77, por el cual se acusa al recientemente capturado en Estados Unidos, Nabo Barreiro, y a varios de los militares mencionados en las dos causas precedentes. Aunque estaba denunciado por este asesinato, el que fuera uno de los instigadores del levantamiento carapintada no había sido procesado porque estaba prófugo de la Justicia desde 2004. Pero una vez llegado a la Argentina será indagado por la jueza Garzón de Lascano y casi con seguridad procesado y detenido, ya que hay decenas de testimonios que lo ubican como uno de los jefes y torturadores de La Perla.