El Gobierno denunció ayer al juez federal en lo penal económico Javier López Biscayart. En una nota de queja enviada al presidente del Consejo de la Magistratura, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró que el magistrado que entiende en el denominado caso Skanska, como se conoce a la causa en la que se investiga una supuesta evasión impositiva y pago de coimas por parte de la empresa sueca a funcionarios nacionales, “avasalló las funciones que por ley le corresponden al Ministerio del Interior”.

En diciembre del 2005, la AFIP denunció a la empresa Infiniti, una firma considerada “fantasma”, por la presunta venta de facturas falsas con desgravaciones impositivas. En su investigación, López Biscayart acusó a Adrián López de ser el jefe de una asociación ilícita. En su declaración judicial, López señaló que Skanska le pagó 1.200.000 pesos que luego devolvió a personal de la empresa sueca. Ese dinero habría sido empleado para pagar una coima a cambio de la concesión de la ampliación del Gasoducto Norte.

López, detenido en la cárcel de Marcos Paz, declaró ante el juez López Biscayart haber recibido amenazas de muerte. El magistrado solicitó que fuera alojado en las dependencias que la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal tiene en General Madariaga y General Paz, en el barrio de Lugano. Los responsables de la Policía Federal se negaron, ya que dos resoluciones firmadas por el Ministerio del Interior les impedían recibir presos con prisión preventiva.

Dos resoluciones firmadas por el ministro del Interior, la 841 del 2004 y la 641 del 2005, le niegan a las fuerzas de seguridad alojar a detenidos con causas. De acuerdo con esas dos resoluciones, a esas dependencias sólo van detenidos en tránsito. El resto debe ser alojado en dependencias del Servicio Penitenciario, ya que tanto Policía Federal como Gendarmería o las demás fuerzas no pueden garantizar las condiciones mínimas de detención. En la Rosada recordaban ayer que “a las 4 de la mañana del pasado viernes, el juez dictó la inconstitucionalidad de ambas resoluciones”.

Luego de ello, habría ordenado a los efectivos policiales alojar al detenido por el caso Skanska. Luego de algunas horas en las dependencias policiales, López fue trasladado a una cárcel donde se aloja a contraventores del Gobierno de la Ciudad. El mismo viernes, Aníbal Fernández se quejó por nota ante el juez López Biscayart. Después de recordarle que la decisión “quedaba bajo su exclusiva responsabilidad” y que “las circunstancias descriptas serán comunicadas al Consejo de la Magistratura”, el ministro Fernández afirmó que la medida judicial “constituye un avasallamiento a las funciones que por ley le corresponden al Ministerio del Interior”. Ayer, Fernández envió su queja al Consejo de la Magistratura. “Con la denuncia del ministro queda claro que el Gobierno usa al nuevo Consejo de la Magistratura para perseguir a los jueces que investigan delitos de corrupción”, dijo el diputado del ARI Adrián Pérez, uno de los impulsores del caso judicial Skanska.