Desde Washington

En Estados Unidos hay más de 190 millones de armas de fuego en manos privadas. Hay 65 millones de pistolas en circulación. Uno de cada tres norteamericanos está armado, algunos de ellos fuertemente armados. En el 40 por ciento de los hogares norteamericanos hay un arma de fuego; en uno de cada cuatro hay una pistola escondida en un cajón. Se venden al año cerca de dos millones de pistolas y más de cuatro millones de armas de fuego en general. Este enorme arsenal, en su mayor parte perfectamente amparado por las leyes, es utilizado para matar cada año a más de 11.000 personas en este país, cuatro veces más que los muertos en el World Trade Center o en la guerra de Irak. Las armas de fuego son también el instrumento de más de 17.000 suicidios y de más de 700 muertes producidas por accidentes domésticos. Ahora en Estados Unidos se abre el debate sobre una eventual restricción a la posesión de armamento.

Puede pensarse que el espantoso episodio de Virginia Tech, donde un solo hombre con dos pistolas mató a 32 personas, obligará a Estados Unidos a replantearse la permisividad en la compra y posesión de armas de fuego, que esto será como el 11-S del control de armas, una fecha histórica tras la cual todo cambiará.

Visto desde Washington, a unos 350 kilómetros del lugar en el que se produjo la tragedia y a unos 20 kilómetros de la tienda de armas más próxima –la venta no es legal es el Distrito de Columbia, pero sí en el vecino estado de Virginia–, el panorama es diferente.

La cultura de las armas está, por diferentes y complejas razones, fuertemente asentada en este país, y si bien una tragedia de la magnitud de la vivida reavivará el debate eterno entre los partidarios y los detractores del derecho a la posesión de armas, la posibilidad de una total prohibición de la venta de armas está lejos de convertirse en realidad.

Una prueba de este estado de cosas es el hecho de que ninguno de los candidatos presidenciales, ni los más de izquierda ni los más de derecha, se han referido aún a ese asunto. Cabe esperar algún movimiento en el Congreso de parte de representantes o senadores demócratas a favor de mayores restricciones legales, pero no es difícil aventurar que cada una de esas iniciativas encontrará fuertes resistencias.

Paul Helmke, el presidente de la Campaña Brady para la Prevención de la Violencia de las Armas, el principal grupo a favor de más estrictos controles de las armas de fuego, se refirió ayer a este asunto en términos contundentes: “Los políticos tienen miedo de abordar este tema”. La imagen patética de la campaña electoral de 2004, cuando el candidato demócrata, John Kerry, empuñó un arma y defendió el derecho a su posesión para ganar algunos votos, fue la prueba de que Helmke tiene razón.

Una mayoría de la opinión pública parece todavía creer en la vigencia de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dice literalmente: “Una bien regulada milicia es necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y poseer armas no debe de ser violado”.

Ese texto es el eje del debate sobre esta cultura de las armas en una sociedad cuyas raíces se encuentran en la lucha aislada por la supervivencia, en la conquista de nuevos y peligrosos horizontes, en la defensa de esos logros sin reparar en las consecuencias.

Esa cultura de la armas es un símbolo de identidad de una sociedad de origen agrario que sobrevivía de la caza y en la que cada individuo tenía que defender su propiedad frente a múltiples peligros. Pero es también un rasgo inseparable de su desmedida ansia de libertad. “¿Qué país puede preservar sus libertades si sus gobernantes no son advertidos de vez en cuando de que su pueblo conserva el espíritu de resistencia? Déjenlos tener armas”, escribía Thomas Jefferson en 1787.

Estos parecen hoy argumentos arcaicos en sociedades modernas que buscan la convivencia pacífica como primer signo de progreso y que han otorgado al Estado el monopolio de la violencia. Pero no lo son para millones de norteamericanos que se sienten representados en la Asociación Nacional del Rifle –NRA, en sus siglas en inglés–, cuyo vicepresidente ejecutivo, Wayne LaPierre, firmaba ayer un artículo en su página web titulado “¿Qué desastre será la siguiente excusa para suspender la Segunda Enmienda?” y en el que afirmaba: “La verdad es que no hay ningún escenario en el que los dueños legales de armas de fuego puedan aceptar que el gobierno entre en sus casas y los desarme”.

*De El País de Madrid. Especial para Página/12.