El Gobierno aceptó ayer la renuncia de la jueza de la Cámara de Casación Penal Amelia Berraz de Vidal. La magistrada, que llegó al tribunal a los pocos meses de su creación en 1993, integra la Sala IV del tribunal. Los dos camaristas que la acompañan en esa sala fueron acusados por demorar causas contra militares de la última dictadura en las que se investigan violaciones a los derechos humanos. Berraz de Vidal había logrado sortear la acusación, ya que en el expediente cuestionado se había excusado por la amistad que tiene con uno de los militares involucrados.

Berraz de Vidal presentó su renuncia la semana pasada. En el texto había destacado que dejaba el cargo porque a partir del 1º de junio se acogería a los beneficios jubilatorios.

Junto a Gustavo Hornos y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, la jueza renunciante integra la Sala IV de la Cámara. La denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura no la incluyó porque precisamente “se había excusado” de actuar. Los restantes camaristas, junto a Eduardo Riggi y el presidente del tribunal Alfredo Bisordi, actualmente en uso de licencia médica, fueron acusados por las demoras y ardides que dominan las causas por los crímenes de la última dictadura militar.

El último 24 de marzo, cuando se recordó un nuevo aniversario del golpe de Estado, desde La Perla, el campo de concentración cordobés que estaba bajo la órbita del represor Luciano Benjamín Menéndez, el presidente Néstor Kirchner se quejó públicamente de las demoras del tribunal. Fue Bisordi, el presidente de Casación, quien calificó los dichos de Kirchner como “una intromisión” del Ejecutivo en el Legislativo.

El 1º de junio, cuando Berraz de Vidal abandone su cargo, se producirá la primera vacante en Casación. Creado en 1993 por el menemismo, el tribunal está integrado por doce jueces. Cuatro de ellos están denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Desde aquel discurso de Kirchner, el conflicto entre la Cámara de Casación y el Gobierno no dejó de subir peldaños. La Corte Suprema pidió “mesura al Gobierno” y recordó que con las investigaciones en el Consejo de la Magistratura ya estaban en marcha “los mecanismos institucionales”.

Luego de una breve impasse, Kirchner dobló la apuesta y desde un acto público afirmó: “Nadie nos va a prohibir opinar cuando notamos que la Justicia se atrasa”. En defensa de sus anteriores declaraciones, el Presidente subrayó que ellas no son ninguna intromisión en el Poder Judicial. Anteanoche, desde La Rosada, fue un paso más allá y dijo: “No somos nosotros, bajo ningún aspecto, los que tratamos de consolidar ni Cortes ni justicias adictas, pero no nos pidan que nos callemos la boca cuando la Justicia se retarda”.

Hace 50 años que Berraz de Vidal está en la carrera judicial. En 1982 fue designada jueza correccional de menores. Un año y medio más tarde llegó a uno de los doce juzgados federales de Comodoro Py. En ese cargo procesó a Amira Yoma, en el escándalo del Yomagate. Un tiempo después, en 1993 recibía el acuerdo del Senado para integrar Casación. Eran otros tiempos.