“Es el momento para que el Congreso de la Nación convoque a una audiencia pública para debatir una reforma integral a la ley de drogas”, sostuvo Mario Coriolano –defensor oficial ante la Cámara de Casación bonaerense–-, para quien el fallo de la Cámara Federal “se inscribe en el reconocimiento del fracaso de aplicar el sistema penal a usuarios y adictos; en cambio, hay que actuar contra el narcotráfico, lo cual incluye investigar el lavado de dinero y la venta de precursores químicos, así como la corrupción policial y quizá judicial. Para los usuarios y los adictos, corresponde la prevención y el acceso al sistema de salud”. Coriolano también se refirió a la investigación del caso, que –dirigida por la jueza Romilda Servini de Cubría– incluyó un dispositivo de “inteligencia” con escuchas telefónicas, vigilancia y allanamiento, a partir de la detección de un par de plantitas de marihuana en un patio: “Además de haber violado el derecho a la intimidad de una persona, es un ejemplo de cómo recursos escasos y caros, que deberían dirigirse a la lucha contra el narcotráfico, se emplean en actividades que más bien parecen distractorias”.

“El fallo de la Cámara Federal se anota en la línea que advierte el fracaso de aplicar el sistema penal a usuarios y adictos, dos categorías que a su vez son diferentes: a los usuarios de una sustancia ilícita como la marihuana, al igual que a los de una sustancia lícita como el alcohol, les es pertinente la prevención, a fin de que no lleguen a convertirse en adictos –sostuvo Coriolano–. Para los adictos, hay que facilitar su acceso al sistema de salud. En materia de consumo de drogas, hay muy buenas campañas de salud que resultan neutralizadas por la intromisión del sistema penal. Es que la prohibición no sólo es inútil para disuadir del consumo, no sólo es inconstitucional, sino que aleja del sistema de salud al consumidor, ya que acercarse lo obligaría a confesar un acto ilegal.”

“Pero el gran fracaso del modelo prohibitivo –continuó Coriolano– es que no enfrenta realmente al narcotráfico, y por ahí se debería empezar. El narcotráfico abarca cuatro aspectos: el tráfico propiamente dicho, el lavado de dinero, la producción y venta de precursores químicos y, también, la corrupción de quienes debieran investigarlo. Habría que construir un sistema investigativo con suficiente información y poder para actuar.”

Según Coriolano –quien también integra el Comité de Prevención de la Tortura–, “el fracaso del modelo prohibitivo, que está impulsado por Estados Unidos, podría medirse mediante dos series de indicadores. Un orden de indicadores sería: ¿cuántas condenas por narcotráfico efectivas, en los cuatro aspectos que señalé, se vienen produciendo? No me refiero a supuestos indicadores como la cantidad de droga secuestrada o las causas contra adictos o vendedores minoristas. Otra serie concierne a las violaciones a los derechos humanos que se cometen al aplicar el sistema penal a adictos usuarios: las requisas ilegales, los allanamientos, el daño que se produce a las personas detenidas por esta ley inconstitucional, quienes, aunque sean liberadas, deben pasar noches en calabozos hacinados”.

Así las cosas, “ha llegado el momento de que el Congreso de la Nación convoque a una audiencia pública en la que se examinen esos indicadores y opinen médicos, psicólogos y otros expertos en el tema, con el fin de evaluar una reforma integral a la ley de drogas. Un año electoral, es decir, un año de debates, es ocasión oportuna para que se debata esta cuestión. Sé que hay legisladores interesados en avanzar en estos temas. Y la Legislatura bonaerense debiera convocar, a su vez, a audiencia pública para debatir si continuar o no adhiriendo a la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico” (que Coriolano ha criticado fuertemente, según puede leerse en Página/12 del 24 de enero pasado).

“A mi juicio, la reforma de la ley de drogas debería diferenciar entre drogas duras y blandas, así como entre usuario y adicto, y para estos últimos propiciar el acceso al sistema de salud –sostuvo Coriolano–. Algunos especialistas sostienen la conveniencia de que pueda intervenir la Justicia para facilitar la ayuda en salud, a pedido de la familia del adicto, pero siempre en el fuero civil, nunca el penal. Porque, además, la penalización del consumo termina reforzando el poder de fuerzas policiales violentas y corruptas; y la capacidad corruptora del narcotráfico es capaz de infiltrarse también en el Poder Judicial, como ha sucedido ya en otros países latinoamericanos.”

Sobre el fallo de la Cámara Federal, “hay que observar también la investigación dirigida por la jueza María Romilda Servini de Cubría, que, cuando un policía denunció haber visto unas plantitas de marihuana en un patio, dispuso una tarea de inteligencia que incluyó la intercepción de llamados telefónicos, la vigilancia y finalmente el allanamiento del domicilio. Además de haberse violado los derechos constitucionales a la intimidad y a las acciones privadas que no perjudiquen a terceros, se advierte el empleo de recursos policiales y judiciales, escasos y caros, en una acción que, francamente, parece una maniobra distractoria, porque en nada podría ayudar a la lucha contra el narcotráfico”, finalizó Mario Coriolano.