El camión de Río Gallegos y la denuncia sobre un supuesto atentado contra la casa del presidente Néstor Kirchner continúa su marcha. El tema estacionó ayer en el recinto de la Cámara de Senadores. El radical santacruceño Alfredo Martínez pidió una cuestión de privilegio contra el ministro del Interior, Aníbal Fernández, por haber involucrado a dirigentes radicales en el hecho. La respuesta se planteó con otra cuestión de privilegio presentada por otro santacruceño, el kirchnerista Nicolás Fernández. El senador del oficialismo subrayó que el chofer que conducía el camión, el empleado de una empresa de seguridad, José Mansilla Alarcón, había sido filmado participando de todas las manifestaciones docentes y que si el chofer hubiera impactado contra la casa del intendente radical se habría denunciado un atentado.

Fredy Martínez apuntó directo hacia el ministro Fernández. No dudó en calificar como “perverso” el tratamiento que le había dado al caso. También denunció que sus intervenciones, lejos de moderar los ánimos, los exacerban.

“Hay locos a los cuales se los guía”, puntualizó Fernández para responder los cuestionamientos de su coprovinciano. En la misma línea en que argumentó el Gobierno, Fernández destacó que el empleado de seguridad había participado de todas las marchas docentes y que “había sido filmado”. Algo que ya había admitido el propio ministro del Interior y que no había tenido todo el impacto que la confesión merece.

Los radicales tomaron el guante que les había lanzado Fernández y no demoraron en afirmar que, lejos de enviar la cuestión a las comisiones legislativas, se debía aprovechar la ocasión para debatirla en el recinto. La puntana Liliana Negre de Alonso pidió la palabra para denunciar el robo del que fue víctima su compañero de bancada Adolfo Rodríguez Saá. El tema amenazaba con ir para largo. Tanto que el oficialismo no ocultó su enojo por la demora que llevaba la agenda del día. El rionegrino Miguel Angel Picheto salvó la sesión pidiendo que el tema esperara una definición judicial.

A pesar de que en la Cámara baja no hubo deliberaciones, el tema no estuvo ausente para los diputados. Los miembros del bloque Peronismo Federal, con la firma de José María Díaz Bancalari y Graciela Camaño, calificaron el asunto como de “suma gravedad política e institucional”. Consideraron el hecho como “un atentado lesivo a la institución presidencial y una acción hostil a la convivencia, el pluralismo y la vigencia pacífica del Estado de derecho”. Estos legisladores consideraron “mezquinas” y “electoralistas” las opiniones de quienes relativizan el hecho.