El Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas se encuentra en una situación confusa. Por un lado, el Ministerio de Educación porteño se hizo eco de una serie de denuncias y la semana pasada tomó la decisión de suspender a la rectora e intervenir la institución. En consecuencia, el consejo directivo alertó también irregularidades de los normalizadores, y los alumnos se convocaron en asamblea para discutir la situación.

En la sede de la cartera educativa recibieron denuncias sobre el cobro de cursos en el Instituto, que no deberían ser arancelados por pertenecer al Estado. Estas denuncias son de larga data, ya que en 2002 se le había iniciado un sumario a la rectora de entonces, María Teresa Cañas de Davis, quien volvió a asumir en 2006 un nuevo mandato. Se realizó una auditoría en aquel momento, pero no encontraron ninguna maniobra fuera de lugar.

Finalmente, el centenario colegio cambió el arancel por los bonos optativos de la cooperadora y la intención de la gestión normalizadora que encabeza la profesora Celia Sábato sería investigar a dónde fueron a parar esos ingresos manejados por la Asociación Cooperadora.

Los actuales directivos denunciaron que era “un claro atropello de la autonomía académica”, que el colegio no estaba “en crisis”, pero que era “la intervención la que pone en una gravísima crisis institucional por al menos 180 días hábiles”. Los alumnos terciarios, junto a profesores del establecimiento, debatían en asamblea la situación para tomar alguna medida.