“Campaña sucia.” De eso se trata, según Jorge Telerman, la denuncia del diputado kirchnerista Miguel Bonasso que dio lugar a un allanamiento realizado ayer en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El mandatario porteño salió al cruce del kirchnerismo horas después de que personal judicial al mando del juez Luis Zelaya irrumpiera en la sede comunal en busca de evidencia para establecer si es cierto lo que sostiene el legislador alineado con la Casa Rosada: que en la administración local tercerizaban publicidad a través de la empresa Sol Group con el “objetivo de cobrar retornos”. Telerman le invocó a Néstor Kirchner que “haga todo lo que esté a su alcance para que el clima sea el que tiene que ser”, tras denunciar que desde hace un par de meses “hostigan” a su esposa y sus hijos y advertir que “intentan atacar la gobernabilidad” del distrito.

El allanamiento a la Jefatura de Gobierno y la reacción de Telerman profundizaron aún más su brecha con el kirchnerismo. La relación del jefe comunal con la Casa Rosada nunca fue idílica, pero entró en franco deterioro a partir del día en que Kirchner decidió apostar sus fichas en el distrito a la candidatura de su ministro de Educación, Daniel Filmus. Los pocos puentes que seguían en pie se derrumbaron cuando Telerman decidió asociarse a Elisa Carrió y llevar a Enrique Olivera como compañero de fórmula para las elecciones del próximo 3 de junio.

El oficialismo interpretó aquella decisión de Telerman como su pase definitivo a la oposición y los cruces se multiplicaron. Pero la distancia que exhibió ayer el jefe de Gobierno con respecto al kirchnerismo fue mayor que nunca: no advirtió sobre la “crispación” de los ánimos, como Roberto Lavagna, ni tampoco llamó a “defender la República” en el tono en que lo hacen Carrió y Ricardo López Murphy, pero habló de la “mala política que se resiste a desaparecer y ataca las bases republicanas de nuestra sociedad”. Además, pidió “a todos que digamos basta y no a esperar como otras veces que tuvimos violencia institucional en las calles”.

El allanamiento a la sede del Gobierno de la Ciudad comenzó antes del mediodía y se prolongó hasta última hora de la tarde. Más de veinte funcionarios judiciales se dedicaron a revisar durante ese lapso la Secretaría de Prensa y Difusión y la Tesorería, dos dependencias a través de las cuales se tramita la publicidad de la administración local.

El gobierno porteño reaccionó de inmediato. Denunció mediante un comunicado que el allanamiento fue “patoteril” y que cuatro empleados de la comuna debieron ser atendidos por personal del SAME y trasladados con lesiones al Hospital Argerich como consecuencia de “la intemperancia manifestada por los oficiales de Justicia”. Y aseguró que los empleados públicos “en ningún momento se negaron a permitir el accionar judicial, sino que este accionar no era claro ni explicitaba su cometido”.

Los mayores problemas se plantearon al arribo de los funcionarios judiciales. En la puerta de la Jefatura de Gobierno había en ese momento una manifestación y hubo forcejeos porque el personal de seguridad no les permitía el ingreso. El procurador general de la ciudad, Agustín Zbar, explicó después que los enviados de Zelaya no exhibieron desde un principio la correspondiente orden de allanamiento.

Zelaya ordenó el procedimiento a partir de la denuncia que Bonasso radicó en su juzgado para que investigue si las autoridades porteñas incurrieron en los delitos de “malversación de caudales públicos y defraudación agravada” contra el Estado. En concreto, el diputado kirchnerista apuntó contra Telerman; su secretario de Prensa y Difusión, Oscar Feito; el legislador macrista Diego Santilli y Sergio Mastropietro. Bonasso sostiene que con el propósito de “cobrar retornos” el gobierno porteño pautaba publicidad a través de Sol Group, una empresa que define como fantasma y detrás de la cual ubica a Santilli y Mastropietro.

El primero en aludir a esa presunta maniobra fue el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien en su reciente informe bimestral a la Cámara de Diputados reveló que en la investigación del caso Skanska se habían encontrado en Sol Group facturas del gobierno porteño. Bonasso también planteó su denuncia ante el juez penal tributario Javier López Biscayart, quien investiga la evasión tributaria relacionada con ese escándalo.

Telerman calificó de “abyecta y absurda” la actitud de Zelaya y la relacionó con la denuncia que Fernández hizo “sin ningún fundamento” en el Congreso. También llamó la atención sobre el “tiempo record” en que el magistrado respondió a la presentación de Bonasso, quien ratificó su denuncia anteayer. “De la manera en que está planteada, la denuncia de Bonasso parece consistente, aunque es posible que no todo lo que dice sea tomado en cuenta”, precisaron ayer fuentes judiciales.

La óptica de Telerman es diferente. Según su criterio, es parte de la “campaña sucia” que “intenta atacar la gobernabilidad” de la ciudad y que incluye el “hostigamiento” a su familia con “protestas insostenibles” en su casa del barrio de Palermo. “¿Quién manda a esa gente?”, se preguntó Telerman, y pareció sugerir una respuesta al hablar de “pequeños grupos que siempre quieren interpretar más aún la palabra de su jefe y están dispuestos a todo y a todos”. En ese contexto, le reclamó a Kirchner que “haga todo lo que esté a su alcance” para asegurar la armonía en la ciudad y lanzó otro dardo contra el kirchnerismo porteño comandado por Fernández: llamó a “alentar el clima de convivencia, sin amenazas, sin denuncias, sin espectaculares allanamientos, sin hostigar a la familia, sin tapar sumideros, sin promover incendios, sin dañar parques”.