Otro caño se cruzó en el camino del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. No se trata de ninguno de los dos gasoductos que se investigan en la causa Skanska, sino del Gasoducto del Noroeste Argentino. El ministro había sido sobreseído en una causa en la que se investigaban irregularidades en la adjudicación a la empresa Techint. Pero la Cámara Federal consideró que era “prematuro” y dispuso profundizar la investigación contra el funcionario nacional y contra media docena de gobernadores que suscribieron la contratación de la compañía.

La causa comenzó con una denuncia sobre un acuerdo que firmó el presidente Néstor Kirchner, junto con un grupo de gobernadores, con Tecpetrol (del grupo Techint), el 24 de noviembre de 2003. El contrato se negoció en el marco de un acuerdo con el entonces presidente interino de Bolivia, Carlos Meza, para la provisión de gas y se presentó como una solución a futuro para la problemática de energía.

De Vido fue denunciado por diputados del ARI en julio de 2004 por incumplimiento de sus deberes y abuso de autoridad. La causa le iba a tocar al juez Guillermo Montenegro –el mismo que hoy investiga las coimas en el caso Skanska–, pero dos semanas antes de que asumiera las trasladó a su juzgado Jorge Urso. El ministro de Planificación y los gobernadores fueron imputados por la adjudicación directa a Techint, por mil millones de dólares, de la construcción del Gasoducto del Noroeste.

En su momento, el gobierno nacional explicó que Techint tuvo la iniciativa de construir el gasoducto y proveer con gas en red a siete provincias. Se trataba de un proyecto llave en mano. Cerca de De Vido sostuvieron en ese entonces que las objeciones del Congreso llevaron a cambiar los planes y lo sometieron a un proceso de licitación.

Tras un gran despliegue de medidas y allanamientos, poco antes de renunciar a su cargo en septiembre de 2006, el juez sobreseyó a De Vido. Urso, quien tenía varios procesos avanzados en el Consejo de la Magistratura, concluyó que, más allá de las irregularidades, la licitación directa nunca se concretó, por lo que no existió delito.

El ex juez también sobreseyó a los gobernadores implicados, entre ellos, Carlos Rovira (Misiones), Juan Carlos Romero (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Roy Nikish (Chaco) y Carlos Reutemann (Santa Fe).

La medida fue apelada por el fiscal Federico Delgado. Y le dio la razón ayer la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi. Los camaristas consideraron “prematuro” el sobreseimiento en una causa en la que se analiza “la adjudicación de la construcción del gasoducto a la empresa Tecpetrol, omitiendo el procedimiento de licitación pública”. También se investiga la concesión a la misma empresa “del transporte de gas desde la frontera con Bolivia hasta el final de la traza”, dado que la ley prohíbe que la misma empresa sea la constructora y la distribuidora.

Según el fallo, el convenio también contemplaba la “implementación de un mecanismo tarifario que le permita al grupo inversor obtener un retorno anual en dólares del 12 por ciento sobre la inversión”. Recordó que la investigación también contempla el “otorgamiento de un aporte del Estado para compensar el costo incremental de la traza”. “La cuestión tratada en el expediente demanda una investigación más profunda”, destacaron. La causa quedará a cargo del juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi.