Sáb 26.05.2007

EL PAíS

Los radicales quieren impugnar la intervención del Enargas

Cuestionaron su validez en la Justicia. El ex titular del ente fue despedido por estar involucrado en el caso Skanska.

El bloque de senadores radicales se presentó ante la Justicia para pedir la inconstitucionalidad y la nulidad del decreto a través del que se intervino por 180 días el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), un organismo golpeado por el caso Skanska, que llevó a que el presidente Néstor Kirchner despidiese –también por decreto– a su titular, Fulvio Madaro. Los dirigentes de la UCR criticaron la falta de antecedentes en el área del actual interventor Juan Carlos Pezoa, ex número dos del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

El planteo judicial fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que resolverá el lunes qué juez se hará cargo del expediente. La firmaron el titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, el jefe del bloque de Senadores, Ernesto Sanz, y su par en Diputados, Fernando Chironi. Reclamaron “con carácter de urgente” que el Gobierno “culmine el proceso de selección del directorio del ente regulador”. El anterior directorio –en el que se encontraba como vocal el dirigente kirchnerista Ricardo “Pacha” Velazco, marido de la ministra de Economía, Felisa Micheli– presentó su renuncia al definirse la intervención. Las renuncias quedaron en suspenso, pero en Enargas, se especultaba con que Pezoa piensa pasar su intervención sin designar un nuevo directorio.

Los radicales pidieron que se normalice la situación del ente y las autoridades sean elegidas por concurso. “El presidente del Enargas, el vice y los vocales deben ser designados y removidos por el Poder Ejecutivo Nacional, según el concurso de antecedentes, establecido por el artículo 54 de la ley marco. La norma indica que ‘los miembros serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia’”, remarcaron, a la vez que destacaron que Madaro también fue designado por decreto. Se trata de la segunda presentación de la oposición de esta semana, luego del amparo que hizo el diputado de la CTA, Claudio Lozano, sobre el fondo fiduciario II, de 2600 millones de pesos, previsto para ampliación del transporte de gas.

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