Por tercera vez en dos años el tribunal electoral de San Juan anuló el llamado a una consulta popular convocado por la intendencia de Calingasta, con el objetivo de que los habitantes de esa localidad se expresen sobre la radicación en la zona de minas a cielo abierto, una actividad con altos riesgos contaminantes. La junta electoral sanjuanina, en sintonía con la posición del gobernador, José Luis Gioja, canceló el plebiscito tras argumentar que el tema no es de incumbencia municipal.

Calingasta es el departamento más grande de San Juan. Está ubicado sobre la precordillera, donde nacen las aguas que riegan el 90 por ciento de la provincia. En la región, seis empresas mineras avanzan con proyectos para extraer oro y cobre a cielo abierto, un método que consiste en desprender la roca de la montaña con dinamita y pasarla luego por una sopa química que separa el oro y el cobre. En este proceso es frecuente la utilización de cianuro, ácido sulfúrico y otros compuestos químicos.

De los seis proyectos que se tramitan, ya hay dos (el de Pachón, para la extracción de cobre, y el de Casposo, una mina de oro) que tienen los estudios de factibilidad muy avanzados.

La primera convocatoria al plebiscito había sido presentada por el intendente Adolfo Ibazeta en 2005; la segunda, en junio del 2006. Al revocarlas, la provincia argumentó que las intendencias no están habilitadas para preguntar sobre el tema minero. Además, le marcó al jefe comunal errores en la formulación del llamado.

Ahora, Ibazeta había reformulado la consulta popular para no utilizar la palabra “minería” y proponía que la población se expresara sobre la manipulación y el transporte de sustancias tóxicas que podían poner en peligro la sanidad ambiental en el departamento. El tribunal electoral volvió a insistir en que tanto la minería como el medio ambiente están bajo la órbita exclusiva de la provincia.

El plebiscito había sido convocado para el 12 de agosto, con la idea de realizarlo junto con las elecciones municipales y provinciales. Su resultado no sería vinculante (es decir, de cumplimiento obligatorio), pero seguramente expresaría la presión social contra el desembarco de las mineras.

“El gobernador dice que las consultas no tienen sentido porque hay un organismo de control, la Secretaría de Minería –señala Ibazeta–. Sin embargo, habría que aclarar su funcionamiento. Para todo emprendimiento se pide un estudio de impacto ambiental, salvo en los mineros. Hay nada más que dos personas que firman una resolución de impacto ambiental de las mineras, no hay participación ciudadana, no hay audiencias públicas. Se arma todo entre cuatro paredes. Gioja fue el gestor del código minero en la década del ’90, él fue presidente de la Comisión de Minería del Senado cuando se aprobó el código del sector, la ley minera y los protocolos y convenios que se firmaron para la explotación de yacimientos en la zona limítrofe con Chile.”

El intendente asegura que Calingasta “viene de ser un departamento minero y sabemos cuáles son sus consecuencias sociales, porque tenemos prácticamente desolada la población de una localidad que se dedicaba a extraer sulfato de aluminio. Lo vendíamos a Aguas Argentinas, hasta que la empresa lo suplantó con un producto sintético de Brasil. A la minera no le cerraron los números y se fue. La población se quedó sin trabajo. Hacer la reconversión social fue tremendo, la gente todavía no se puede sostener y vive del asistencialismo”.