Tras más de un año de debate, por primera vez unas 250 organizaciones de mujeres, sociales y de derechos humanos encolumnadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto consensuaron un proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa será presentada hoy a las 15 en el Congreso. “Aspiramos a que la maternidad sea una elección y no un mandato. Para eso, todas las mujeres deben poder decidir la interrupción de un embarazo sin arriesgar su vida, su salud física y psíquica”, se destaca en los fundamentos del proyecto que prevé el acceso gratuito al aborto en hospitales públicos y su cobertura en clínicas y sanatorios de obras sociales y prepagas hasta las 12 semanas de gestación y más allá de ese límite en casos de violación, malformaciones graves fetales y riesgo para la vida o la salud de la mujer. Legisladores kirchneristas, de la UCR y el socialismo ya expresaron su adhesión a la campaña como también lo han hecho personalidades de la cultura y el espectáculo, académicos y reconocidos juristas (ver aparte). Para darle visibilidad, durante la jornada de hoy se realizarán actividades de difusión en las principales ciudades del país.

La presentación del proyecto coincide con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y tiene como oscuro telón de fondo la reciente muerte de la joven santafesina Ana María Acevedo, que padecía cáncer y le negaron un aborto terapéutico, no punible, contemplado en el Código Penal, lo que le impidió seguir con un tratamiento oncológico (ver aparte).

El proyecto, que ingresará hoy por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, elimina el aborto del Código Penal y lo legaliza hasta las 12 semanas de gestación para cualquier mujer que lo solicite, sin más requisitos que su propia voluntad, previo consentimiento informado, en un sentido similar a la iniciativa sancionada semanas atrás en el Distrito Federal de México y a normativas vigentes en países de la Unión Europea. Pero además establece el derecho al aborto por fuera de ese plazo en los siguientes casos:

- Si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud.

- Si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer.

- Si existieran malformaciones fetales graves.

La iniciativa establece que los servicios públicos de salud tendrán que realizar en forma gratuita el procedimiento médico y los establecimientos de las obras sociales y las prepagas deberán incorporarlo a sus coberturas “en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones”. Está prevista la objeción de conciencia para los profesionales que no quieran practicar abortos, pero “la autoridad responsable del servicio de salud deberá garantizar la realización de la práctica”, de acuerdo con el artículo 6º. En ningún caso será necesaria una autorización judicial. En los casos de menores de 14 años o de una mujer incapaz, el consentimiento deberá darlo su representante legal.

“Lo más importante es que se abra el debate en el Congreso, que se discuta y se llegue a un consenso”, señaló a Página/12 Elsa Schvartzman, sobre los objetivos de la iniciativa. Como se trata de un año electoral, es muy probable que el proyecto no comience a discutirse con fuerza en lo inmediato. Pero hay legisladores de distintos bloques que ya han expresado su posición a favor de la despenalización y han sumado su firma a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre ellos, las diputadas kirchneristas Graciela Rosso, Juliana Di Tulio, Diana Conti y Juliana Marino, la radical Alicia Tate, las socialistas Silvia Ausburger y Laura Sesma y el sindicalista Claudio Lozano de Emancipación y Justicia. El presidente de la Comisión de Salud y ex ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Juan Héctor Sylvestre Begnis (FV) también se ha pronunciado públicamente por la despenalización del aborto en diversas oportunidades, del mismo modo que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Varias de las legisladoras mencionadas estarán hoy a las 15 acompañando la presentación del proyecto en la Cámara baja.

El texto de la iniciativa es el resultado de un largo y arduo trabajo de búsqueda de acuerdos entre representantes de organizaciones de mujeres, sociales y de derechos humanos, de diversas provincias, que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Esta campaña se lanzó en el país tres años atrás y hoy la promueven más de 250 ONG de la Argentina.

“Es la primera vez que un grupo colectivo de mujeres y de algunos hombres elabora y debate un proyecto de ley que establece el aborto voluntario hasta las 12 semanas. Pero este proyecto, aunque lo hayamos redactado nosotras, nos pertenece a todas y todos aquellos que están de acuerdo en avanzar para lograr su sanción”, sostuvo la abogada Dora Coledesky, veterana luchadora por la legalización del aborto en el país.

Desde los fundamentos de la iniciativa, las autoras convocan “a todas las fuerzas políticas, sociales y organizaciones que, como la campaña, tengan la convicción de que el derecho al aborto legal y seguro es imprescindible para alcanzar la igualdad política de las mujeres con los varones y la igualdad social de las mujeres entre sí, como así también igualar oportunidades de trato y atención de la salud basada en una concepción de derechos humanos”.

El aborto es la principal causa de muerte materna en el país. Según datos difundidos por la campaña, en Argentina hay 20 veces más muertes por aborto que en los países que lo han legalizado. Muchas mujeres que recurren a una interrupción clandestina del embarazo sufren graves secuelas. Se estima que se practican más de 500 mil abortos ilegales cada año.

El lema de la Campaña por el Derecho al Aborto es integral: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. “Esto implica realizar modificaciones en los sistemas de educación, salud y justicia, acompañados por profundos cambios culturales”, apuntó Schvartzman.

Desde el lanzamiento de la campaña, el 28 de mayo de 2003, el debate en la sociedad por la legalización del aborto ha crecido y se ha profundizado en el país a partir de que salieron a la luz casos de mujeres a los que se obstaculizó en hospitales públicos el acceso a un aborto no punible, contemplado en el Código Penal. Pero la discusión todavía no llegó al Congreso, donde aunque se han presentado con anterioridad proyectos que plantean la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ninguno hasta el momento llegó al recinto (ni siquiera su tratamiento avanzó en una comisión). Actualmente se está debatiendo un proyecto para reglamentar y asegurar el acceso a los abortos no punibles.

“Todavía la clase política sigue de espaldas a la sociedad en este tema porque le tiene un temor reverencial a la jerarquía de la Iglesia Católica”, opinó la socióloga Cecilia Lipszyc, también integrante de la campaña. Para la dirigente sindical Estela Díaz, otra de las impulsoras del proyecto, es un momento propicio para que los legisladores y las legisladoras “jueguen con audacia y se pongan en sintonía” con los avances que la propia sociedad está produciendo.

Para las promotoras de esta movida, la opinión pública mostró en los últimos tiempos cambios que favorecen la discusión sobre un proyecto de legalización del aborto. “Los medios de comunicación han contribuido a cambiar la imagen del aborto, que aparecía como una experiencia marginal, cuando –como demuestran las encuestas recientes– es una realidad vivida para la mayoría de la población”, señala el proyecto en sus fundamentos. Los últimos estudios de opinión indican que seis de cada 10 ciudadanos son partidarios de que no se castigue a la mujer que aborta. En los casos de violación, malformación fetal y riesgo en la salud materna, el acuerdo llega a ocho de cada diez consultados.

También se han pronunciado a favor de la despenalización reconocidos juristas de la talla de Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, ambos ministros de la Corte Suprema de la Nación, y también Víctor Abramovich, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jueza del máximo tribunal mendocino Aída Kemelmajer de Carlucci (ver aparte). Incluso el proyecto de reforma del Código Penal elaborado por una comisión convocada por el Ministerio de Justicia también prevé la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, aunque con la diferencia de que deja en manos de un juez finalmente la autorización.

“Frente al dilema bioético que supone la interrupción de un embarazo debe prevalecer el derecho de la mujer a asumir autónoma y libremente la decisión de hacerlo, sobre todo si se encuentra dentro de las doce semanas de gestación, todo ello de acuerdo a los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Nacional de 1994, artículo 75, inciso 22. La experiencia de los países donde tal práctica se acepta es que a mayor legalidad disminuyen el número de abortos y fundamentalmente desaparecen las muertes por esa causa”, destacó la abogada Nelly Minyersky, docente de la UBA, especialista en derecho de familia y bioética. Minyersky es una de las académicas que adhieren a la campaña.

Los nombres de personalidades de la cultura y el espectáculo que apoyan la despenalización del aborto son numerosos: algunos de ellos son Osvaldo Bayer, Griselda Gambaro, Cristina Benegas, Belén Blanco, Daniel Fanego, Chango Farías Gómez, Gustavo Garzón, Gastón Pauls, Soledad Silveyra y Víctor Heredia.

Para darle difusión al proyecto, a lo largo del día se multiplicarán las actividades callejeras en las principales ciudades del país: ante la falta de recursos para encarar una movida publicitaria tradicional, estatuas vivientes se encargarán de hacer conocer la iniciativa. En el ámbito porteño, se instalará una frente a las Galerías Pacífico, sobre la calle Florida. También habrá mesas para recolectar firmas de apoyo.

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