La denuncia por la investigación de un intento de contrabando de armas a Estados Unidos se coló ayer por la mañana en las celebraciones por el Día del Ejército. La ministra de Defensa, Nilda Garré, que presidió la ceremonia oficial en una de las bases más australes del país, anunció una inyección de 68 millones de pesos al presupuesto de la fuerza, pero terminó obligada a contestar sobre el affaire: “Hubo una inexplicable subfacturación”, concedió, luego del acto y en una improvisada conferencia de prensa en la que adjudicó las responsabilidades a Fabricaciones Militares.

La investigación por este presunto nuevo caso de contrabando de armas está en manos del juzgado de Guillermo Tiscornia, del fuero penal económico, y parece apuntar por ahora a Fabricaciones Militares. El área que ahora está a cargo del interventor Arturo Puricelli autorizó en 2005 el envío de un cargamento de 6700 kilogramos de fusiles automáticos con destino a Connecticut, en Estados Unidos. Según la causa judicial, la Aduana frenó el cargamento antes de la salida, porque el material viajaba como material de desguace y estaba valuado en apenas 2600 dólares, a razón de unos 40 centavos por unidad. Una pericia del Renar pedida luego por la Aduana desaconsejó la salida.

El juzgado ordenó allanamientos en dos dependencias de la Dirección General de Fabricaciones Militares, un área que dejó el ministerio de Garré y pasó a manos del ministro de Planificación, Julio De Vido, el año pasado –después de este envío–, cuando Puricelli fue nombrado en el organismo.

El diario La Nación dio cuenta en el día de ayer de la existencia del caso. Según consignó, el cargamento nunca llegó a Estados Unidos porque la Aduana lo paró en la frontera argentina. Aun así, el envió tenía la aprobación de Fabricaciones y de una comisión especial, creada para autorizar la exportación de material sensible y armamentos. Esa comisión está integrada por representantes de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, pero cada organismo cumple distintos tipo de funciones.

Según Defensa, sus competencias y las de Cancillería se limitan a evaluar el país de destino. “Nuestra tarea es mirar si se está haciendo un envío a un país al que por alguna razón no podemos venderle este tipo de cargas”, explicó un vocero de Defensa. “Lo que nosotros no hacemos es estimar los precios o controlarlo –continuó–: esa es una operación comercial, que hace Fabricaciones Militares.” Además, señalaron que dieron dos alertas por irregularidades de la operación antes de que la Aduana frenara la venta.

“No existe un caso de contrabando de armas como el que se ha visto en Argentina en otras épocas”, dijo el interventor de Fabricaciones Militares. “Está bien que la Aduana y la Justicia investiguen, pero hasta ahora no veo la entidad de la denuncia.”

Quienes siguen las históricas causas de contrabando de armas opinan que esta vez se trató de un intento de sacar del país piezas viejas y de desguace, por montos menores que aquellos de entre 45 y 50 millones de dólares de embarques de armas a Croacia y Ecuador de 1994 y 1995. Aun así, los investigadores trabajan con dos hipótesis. Por un lado, sobre si hubo uno o más envíos previos y, por otro, intentan saber si las piezas desguazadas estaban o no destinadas efectivamente a Estados Unidos. “Será la Justicia que la investigue si hubo violación de la ley”, dijo ayer Garré.