La ministra de Defensa, Nilda Garré, dispuso que en las Fuerzas Armadas no se pueden realizar homenajes “a personas que hayan atentado contra el orden democrático” o que “estén condenadas por delitos de lesa humanidad”. Con la medida, señaló la funcionaria, se busca “fortalecer las instituciones” con “una política activa de reconocimiento de los procesos históricos”.

La resolución lleva el número 506 y establece “la prohibición de reconocimientos públicos u homenajes de cualquier modalidad” a los militares que hayan participado del derrocamiento de gobiernos constitucionales.

Aunque no lo menciona de manera explícita, apunta a marcar un límite a las asociaciones de militares retirados que, tras la reapertura de los juicios a represores, organizaron actos en los que reivindicaron el terrorismo de Estado.

El de mayor concurrencia se realizó el 24 de mayo del año pasado en la Plaza San Martín, motorizado por la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Argentinos, el grupo de Cecilia Pando. De la convocatoria participaron uniformados retirados y jóvenes oficiales en actividad. En esa oportunidad, el general (R) Miguel Giuliano acusó al Gobierno de tener “memoria subjetiva y hemipléjica” y de usar los derechos humanos “con fines de revancha y cálculo político”. El general definió a los represores llevados a juicio por violaciones a los derechos humanos como “camaradas que están siendo perseguidos, sufriendo un escarnio”.

Por participar de ese acto, siete oficiales retirados fueron sancionados con arrestos. La medida impuso entre 10 y 60 días a los generales Giuliano y Miguel Mabagraña y a otros cinco retirados. El miércoles pasado, un decreto presidencial ratificó las sanciones.

Otro “homenaje a los muertos por la subversión” se realizó en el Círculo Militar, el mismo día en que en la ciudad de La Plata comenzaba el juicio oral contra Miguel Etchecolatz, el segundo de Ramón Camps en la Policía Bonaerense. El proceso daría lugar a la primera condena tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final y a la desaparición de Julio López, testigo en el caso.

En el acto, el vocero de los militares que reclaman por “la verdad completa” fue el presidente de la promoción 76 del Colegio Militar, el coronel (R) Daniel García. En su discurso, García calificó a los militares homenajeados como “mártires” porque “murieron para que la patria viva”.

El documento elaborado por Defensa habla del rol “lamentablemente protagónico” de las Fuerzas Armadas en los procesos de quiebre del orden constitucional, “cuya más terrorífica expresión tuvo lugar durante la última dictadura”, cuando “se consagró la vigencia de un Estatuto Terrorista que apeló al delito como herramienta privilegiada de acción”.