Marcelo Saín estudió Ciencias Políticas y se doctoró en Ciencias Sociales. Desde que ingresó a la política se ocupó de temas de seguridad. Estuvo en la gestión de Juan Pablo Cafiero en el Ministerio de Seguridad bonaerense, de donde se fue después de denunciar una vinculación entre corrupción policial y el financiamiento de punteros políticos. Puede sorprender que el Presidente lo haya destinado a encabezar el programa de Verdad y Justicia, que se ocupará de coordinar todas las tareas del Poder Ejecutivo relacionadas con los juicios a los represores de la última dictadura. Pero el dato deja de llamar la atención cuando queda claro el principal objetivo del funcionario: investigar y desarmar a los grupos que están atentando contra ese proceso, que amenazan a funcionarios y testigos y que pueden estar relacionados con la desaparición de Jorge Julio López. “Hay dos maneras de trabajar. Una es proteger al testigo o a la persona que está en peligro y la otra es tratar de desarticular aquellos grupos que están operando”, dice Saín que a partir de ahora tendrá que dedicarse al nuevo organismo y, a la vez, a su gestión frente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

–¿Cómo va a funcionar el programa Memoria y Justicia?

–La idea es que haya un área de análisis del proceso institucional, las causas y todo aquello que esté vinculado con la violación a los derechos humanos durante la dictadura. Una segunda área se va a llamar investigación y protección. Ahí se van a identificar todos los hechos que atenten contra ese proceso y se va derivar la formulación de las estrategias de protección de testigos, de víctimas, imputados –si fuese el caso– y autoridades judiciales, que también han sido objeto de amenazas. La tercera área va a ser de enlace institucional. Esta es una interagencia, un programa de coordinación con el Ministerio Público y la Justicia.

–¿Puede haber temor de jueces o fiscales sobre algún tipo de injerencia?

–No, al contrario. Fue muy cuidadosa la redacción del decreto. Claramente la labor es de enlace y colaboración en todo lo que el Poder Judicial considere pertinente. De hecho, se está trabajando bien. La Procuración tiene una unidad especial de asistencia para las causas a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

–¿Qué medidas para agilizar las causas se pueden tomar desde el Poder Ejecutivo?

–Se puede brindar al Poder Judicial y al Ministerio Público una serie de herramientas y respaldo para sus investigaciones.

–¿Por ejemplo?

–La estrategia de análisis judicial. Y un tema que para nosotros es muy importante que es la identificación de riesgo dentro del desarrollo de las causas. Hay dos maneras de trabajar la protección de testigos y víctimas. Una es garantizarle, por orden judicial, las medidas de seguridad hacia estas personas. Esa es una posibilidad y en esto no hay que atarse a la ley que crea el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados porque el propio Código Procesal Penal establece la obligación del Estado nacional de garantizar protección a aquellos testigos y víctimas que eventualmente corrieran riesgo en su integridad física y moral. Pero la otra modalidad es investigar los hechos, tratar de desarticular los grupos que eventualmente, en forma concertada, están trabajando para atentar, para producir el retraso de las causas, lo que el Presidente llamó la “cadena de impunidad”. Esta cadena de impunidad no sólo tiene algunos actores conocidos de la Justicia –la propia Justicia ya ha tomado medidas al respecto– sino que también tiene una red de eventuales imputados...

–Cuando dice dentro de la Justicia ¿se refiere a Casación?

–Ha habido sanciones y sumarios por parte del Procurador a fiscales que no estaban accionando...los dos fiscales del Chaco (involucrados en la causa sobre la masacre de Margarita Belén). Sobre Casación está funcionando el Consejo de la Magistratura. Pero la principal tarea nuestra es ordenar la casa, ordenar el Poder Ejecutivo.

–Existe una idea acerca de que es difícil investigar amenazas...

–No. No es complejo. Lo que se tiene que desarrollar es una política de seguridad que esté específicamente abocada al tema. Cuando hay un problema delictivo como los motochorros hay una estrategia focalizada para trabajar eso. También sobre el narcotráfico. Hasta se crean dependencias especializadas para tratar este tema, lo mismo que con los secuestros. Ahora, cuando hay grupos desestabilizantes que atentan contra el orden constitucional también se debería diseñar una política que haga la debida inteligencia del caso. Si esto no va acompañado por una política de seguridad al respecto... Tal vez sea una buena oportunidad para que Argentina discuta seriamente si no debe tener una agencia federal de investigaciones. Y que, entre otras cosas, además de problemática de seguridad organizada y narcotráfico, dé cuenta de este tipo de cuestiones. En la Policía de Seguridad Aeroportuaria hemos creado un área especializada de control del terrorismo y de atentados contra el orden constitucional. Estas cosas no son un problema de pelea político-ideológica. Son grupos delictivos, son grupos criminales.

–¿Están formados por miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad?

–Muchos de estos grupos, con la vigencia de la amnistía encubierta de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tenían garantizada la impunidad. Algunos de estos protagonistas hoy son personas mayores de edad que no tienen redes de protección de ninguna índole. Otros, han pertenecido a grupos de seguridad, pertenecen o tienen vinculaciones con retirados de fuerzas policiales y militares o tienen alguna cercanía con empresas privadas de seguridad o empresas estatales públicas que tienen que ver con la materia. Estas personas, que hasta hace cuatro o cinco años tenían garantizado que no iban a estar presas, hoy están presas o probablemente lo estén en un tiempo corto. Esas personas van a hacer todo lo posible para desestabilizar este proceso. Son grupos y redes que tienen capacidad de acción. Hay que investigar a los grupos en sí mismos y eventualmente a algún lazo de protección que tengan en la actualidad dentro de las propias instituciones policiales o militares.

–¿Y hasta ahora qué se hizo? Está la investigación por el secuestro de López...

–Desconozco.

–¿Cuántas personas hay con custodia?

–Hoy, en el marco de 150 o 170 grupos de causas importantes que han tenido desarrollo, la unidad especial de la Procuración identificó, de los 4500 testigos de las causas en general, 360 o 370 en situación crítica, que amerita algún tipo de protección por parte del Estado.

–¿En riesgo porque se sienten amenazados o porque han sufrido algún tipo directo de amenaza?

–Porque han sido objetos de amenazas o porque el Ministerio Público interpretó que el desarrollo de las causas puede significar un riesgo para la integridad de esas personas, por el impacto de las causas o por la importancia de su testimonio. Hay un grupo menor, 36 personas, que han sido objeto de amenazas directas.

–Después de la desaparición de López se discutió si estaba bien que los represores estuvieran encarcelados todos juntos o era mejor aislarlos, ¿cuál es su opinión?

–La ejecución penal es una facultad jurisdiccional. De los jueces.

–¿Y cuál es su opinión?

–Comparto la opinión general del Presidente y la ministra de Defensa, el ministro de Justicia y secretario de Derechos Humanos en el sentido de que debe haber presidios especiales para estas personas.

–Es decir que la solución no sería que estén separados sino que estén controlados.

–Controlados. Lo importante es que durante los procesos judiciales y la ejecución de la pena haya un grado de transparencia cierto y cumplimiento de todas las garantías de imputados y condenados. Por eso también vamos a coordinar con el Ministerio Público de la defensa. Saldar el pasado sobre la base de la Justicia significa que esto esté garantizado de forma integral.

–¿Habrá forma de saber finalmente qué ocurrió con López?

–Es muy probable. La investigación está en curso. Desconocemos los detalles pero da la impresión de que es un hecho que necesita ser esclarecido. Este programa va a tener que colaborar al esclarecimiento de estos hechos, tengan el resultado que tengan. Es una llaga en el corazón de todos nosotros.

–¿Qué pasa cuando los testigos no quieren ser custodiados?

–Hay un límite que es insuperable. La decisión de ofrecerle protección a un testigo es del juez o del tribunal que tiene la investigación. Después, hay que medir la factibilidad frente a esto. Y acá está la voluntad y el deseo de aceptar esa protección por parte de los testigos. Es un derecho, no es una obligación. La obligación es para el Estado de dar esa protección. Dada la tradición que tenemos en Argentina, donde ha habido una impunidad que fue acompañada con una protección de ciertos núcleos policiales y militares, es razonable que tanto los organismos de derechos humanos como víctimas y testigos tengan una fundada sospecha de que aquellos que van a dar protección tienen algún tipo de vínculo o de lazo con los que cometieron estos hechos. Hay que desandar ese camino. No todo el mundo en las instituciones policiales y militares tienen vínculo con esto, mucha gente está dispuesta a trabajar correctamente en la materia.

–La purga de las fuerzas de seguridad parecería no terminar nunca.

–Una cosa es hablar en términos generales y otra establecer algún tipo de vinculación puntual sobre la base de una investigación. Mi impresión es que gran parte de la oficialidad y suboficialidad en este momento, generacionalmente, no ha tenido una vinculación directa con los autores del terrorismo de Estado, con la maquinaria represiva. Sí hay algunos sectores que no encararían una investigación a fondo frente a estos hechos como lo harían frente a un grupo de narcotraficantes o a una banda de ladrones. Pero no sé si hay protección institucional. Me da la impresión de que eso no existe. Puede haber un vínculo puntual de algún sector policial con alguno de los imputados, pero no una defensa corporativa.

–¿Qué se necesita para que la policía investigue a los represores igual que a los ladrones?

–Los que no investigan tienen que ser denunciados penalmente.

–Pero ¿qué se necesita para tener fuerzas renovadas?

–Eso es un proceso de reforma profundo de las instituciones que va más allá del caso puntual. Tiene que ver con sentar nuevas bases organizativas funcionales y doctrinales de la policía. Fundamentalmente, una suerte de desmilitarización de las fuerzas policiales o de seguridad en cuanto a sus estructuras de mando, capacitación, lógica de funcionamiento. Y en segundo lugar, una profunda despolitización, un profesionalismo policial que solamente obedezca órdenes legítimas y legales y que desobedezca definitivamente órdenes ilegítimas e ilegales. Es un proceso de reconversión muy profunda que tiene que ver con la reforma policial en Argentina, que creo que en gran medida es una tarea pendiente. Pero en materia de la criminalidad política o económica hay que hacer una discusión seria sobre si no hay que crear órganos especializados a nivel federal en estas cuestiones: narcotráfico, terrorismo, atentados contra el orden constitucional.

–¿Se sabe si las amenazas vienen de un grupo o de muchos?

–Creo que son varios y que hay ex represores, algunos insertos en ciertas agencias de seguridad privadas o redes informales que han hecho trabajos de inteligencia o seguridad en estos años. O emprendimientos económicos o estudios de abogados.

–¿Pueden tener que ver con los grupos que públicamente manifiestan contra los juicios?

–Si manifiestan en Plaza de Mayo o en la Plaza San Martín es una actividad política legítima. Si cometen delitos son delincuentes. En esto el Estado tiene que ponerse los pantalones largos, esto es algo instrumental, no es una pelea política.

–¿Por qué nadie imaginaba que podían secuestrar a un testigo?

–Fue advertido por los organismos de derechos humanos.

–Pero costó asimilarlo socialmente y, además, el Estado no estaba preparado para eso.

–La voluntad del Presidente de cerrar el pasado en base a memoria y justicia hoy tiene que ir acompañada de una política criminal que adecue el proceso institucional de enjuiciamiento de estos hechos y una política de seguridad que respalde las investigaciones y que investigue los hechos que buscan obstruir el proceso. No sé qué razones habrá habido para que estas cosas sorprendan, pero los organismos de derechos humanos lo habían advertido. Y el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, en un informe que dio en marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que una de las deficiencias del Estado era la ausencia de una coordinación de todas estas instancias de las que hemos hablado.