“No hay nada antimilitar” en la derogación del Código de Justicia Militar, sostuvo Nilda Garré. Acompañada por el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, la ministra de Defensa fue ayer a la Cámara de Diputados a defender el reemplazo del código castrense por la jurisdicción ordinaria. La norma propuesta elimina la pena de muerte de la legislación argentina; también deja de considerar delito a la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas.

La reunión fue realizada en el auditorio del edificio anexo de la Cámara, ante unos cuarenta diputados, el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Defensa de la Cámara baja.

Garré detalló ahí que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo fue redactado por una comisión de juristas, auditores militares, legisladores y académicos. Entre las principales modificaciones que promueve figuran la anulación del fuero castrense para juzgar los delitos cometidos por militares y la extensión a los uniformados de las garantías de la Constitución Nacional. La iniciativa propone también insertar en el Código Penal los llamados delitos “esencialmente militares” y crear un nuevo régimen disciplinario. Otro de sus propósitos fue precisar los denominados delitos militares, para evitar acciones arbitrarias o un uso persecutorio, además de eliminar anacronismos.

Zaffaroni, que integró la comisión redactora, señaló que el cambio apunta a considerar al soldado “como un ciudadano”. El ministro de la Corte explicó que el “Código Bustillo” se fundó en normas españolas del siglo XVIII. Si bien se hizo una reforma a mediados del XX, siguió en contradicción con el Código Penal y la Constitución.

En cuanto a la ley marcial, Zaffaroni admitió que si bien fue “regulada prudentemente” y hace más de setenta años que no se aplica –aclaró que los fusilamientos de 1956 no se ejecutaron en función de esa norma–, con la reforma del código la figura se va a borrar de nuestra legislación. “Según el Pacto de San José de Costa Rica, una vez abolida la pena de muerte no se puede restablecer”, subrayó.

A partir de la aprobación del proyecto, los militares quedarán sujetos a los tribunales federales y al Código Penal de la Nación.

La reforma integral del régimen disciplinario procura, por otra parte, garantizar también el derecho a denunciar irregularidades, aun si involucran a superiores, así como a negarse a cumplir órdenes que sean irregulares.

La reforma de la Justicia militar era un compromiso asumido por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El criterio de ese compromiso es adecuarlo a los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la materia.

Ante los diputados reunidos en el plenario –también concurrió una senadora, la presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara alta, Marita Perceval–, la ministra de Defensa criticó el título de un diario porteño que había anunciado “Garré defenderá proyecto antimilitar”. “Ese es un ejemplo del accionar faccioso de una parte de nuestro periodismo, porque no hay nada menos antimilitar que este texto que hoy presentamos”, dijo. “El sistema de Justicia militar vigente es antiguo, anacrónico y, lo más importante, no otorga a los integrantes de las Fuerzas Armadas las mismas garantías que la Constitución Nacional les da a todos los habitantes, de manera que era imperioso para nosotros poder modificarlo.”