¿Qué peso tienen mil trabajadores en medio de la campaña electoral porteña? Esa es la pregunta que se hacen los integrantes de doce empresas recuperadas por sus trabajadores en medio del vaciamiento empresarial y la crisis económica. Las empresas hoy son cooperativas de trabajo y funcionan en los inmuebles que, según los títulos de dominio, siguen perteneciendo a sus antiguos dueños (muchos tienen deudas importantes con el fisco). Sin embargo, la propiedad de esos bienes está en discusión. En octubre de 2004, la Legislatura votó la ley 1529/04 que ordena la expropiación de los inmuebles con todas sus instalaciones y su venta a las cooperativas en cuestión. En la ley también se resolvió que el gobierno porteño se presentaría en la Justicia para pagar las indemnizaciones a los acreedores (la mayoría de las empresas están en concurso o quiebra). Pero nada es tan fácil en la Argentina. Y como del dicho al hecho suele haber cierta distancia, la ley votada por la Legislatura hace un año y medio no fue reglamentada por la administración de Aníbal Ibarra ni tampoco por la de Jorge Telerman. Todo indica que la resolución del tema quedará pendiente hasta que asuma el próximo jefe de gobierno. De todas formas, la cuestión ya llegó a la campaña para el ballottage. Ayer, Daniel Filmus prometió que en caso de ganar regularizará la ley de expropiaciones (lo transmitió a través de una adhesión que hizo llegar a un festival en beneficio de una de las cooperativas). Desde el PRO dijeron que, si gana Mauricio Macri, “se analizará caso por caso”. “Habrá que ver lo que necesita cada empresa, los importes, y volver a plantearlo en el presupuesto del año que viene”, afirmó a Página/12 el legislador macrista Diego Santilli.

Si la ley no es reglamentada, su contenido podría quedar sin efecto y todo volvería hacia atrás. Los antiguos dueños, o los acreedores si las empresas están en concurso, podrían disponer de los inmuebles y ordenar el desalojo de los trabajadores. Los abogados de las cooperativas aseguran que el último plazo para la reglamentación es el 15 de enero de 2008. La discusión involucra a doce sociedades inscriptas ante la Inspección de Justicia como Ghelco, Artes Gráficas Chilavert, Grisines Savio, Fortuny Hnos., Induspel, Viniplast, Cebex, Talleres Gráficos Conforti, Estimax, entre otras. En los inmuebles de esas empresas ahora funcionan cooperativas como Vieytes (la ex Ghelco, produce materias primas para heladerías), Gráfica Patricios (en lo que fue Conforti hoy funcionan la imprenta, un colegio y una radio FM muy escuchada en Barracas y La Boca) y Cooperativa Chilavert (otra imprenta, una de las primeras fábricas recuperadas) por nombrar algunas.

En las empresas rescatadas por sus trabajadores –donde abundan las internas– se quejan por la demora en reglamentar la ley. “Si se crea un estadio para jugar al tenis (se refiere al estadio Roca, construido para la Copa Davis) que costó 16 millones de pesos y se lo usa de una a cinco veces al año y no genera actividades productivas, ¿por qué no destinar varios millones para mantener 1200 puestos de trabajo directos e indirectos? ¿Cuánta plata le hemos ahorrado al Estado? Somos eficientes, hasta aumentamos los puestos de trabajo”, argumentó Eduardo Montes, de Gráfica Patricios.

Desde el gobierno porteño dicen que están “estudiando” reglamentar la ley, pero que el problema es que no cuentan con los fondos necesarios para pagar el total de indemnizaciones. Según el cálculo de los funcionarios, la suma en cuestión rondaría los 27 millones. Y en la ciudad dicen que para este tema sólo cuentan con 7 millones que la Legislatura votó al tratar el presupuesto. El funcionario a cargo del tema es el ministro de Producción, Enrique Rodríguez. Consultado por Página/12, aseguró que el gobierno de la ciudad reglamentará la ley en las próximas semanas. “En el presupuesto de este año la Legislatura fijó 7 millones de pesos para afrontar las expropiaciones. Ahora los estamos ejecutando para realizar los trámites. Aunque se necesitan 27 millones. Son leyes difíciles de reglamentar porque, si no se liquidan las expropiaciones, comienzan los juicios. Queremos establecer un plazo para llegar al presupuesto del año que viene.”

Desde el bloque macrista de la Legislatura dicen que, al momento de tratar el presupuesto, la administración de Telerman pidió sólo 7 millones para regularizar las fábricas recuperadas. “Votamos lo que ellos nos solicitaron. Nos solicitaron ese importe y eso es lo que les dimos. Fue lo que se votó”, dijo Santilli.

Lo más probable es que, si la ley no se reglamenta este año, el problema deba ser resuelto por próximo jefe de gobierno. Hace unas semanas, Telerman, a través de Rodríguez y de su subsecretario de Producción, Rodolfo Córdoba, prometió que la reglamentación se haría efectiva antes de fin de año. Sin embargo, desde entonces no hubo ningún movimiento en ese sentido (salvo un caso puntual, el pago de indemnizaciones a los acreedores de Maderera Córdoba, una operación bastante sencilla porque implicaba una suma no demasiado alta). Los trabajadores de las cooperativas ya no esperan ninguna novedad por parte del gobierno porteño. “Hasta el momento no hay ningún llamado ni ningún indicio que nos haga prever que la vayan a reglamentar y que fijen los presupuestos”, admitió Montes, de Gráfica Patricios. La expectativa está puesta en quién asumirá el nuevo gobierno. Y aquí, a decir verdad, la esperanza de las cooperativas está en que no gane uno de los dos candidatos. ¿Hace falta decir cuál?