EL PAíS › DIEZ MIL PERSONAS MUEREN POR AÑO POR ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Ocasionadas por los tipos de trabajo, por lo general no son diagnosticadas como tales. Según la OIT, estas dolencias producen el 82 por ciento de las patologías ocupacionales; los accidentes de trabajo, sólo el 18 por ciento.
› Por Pedro Lipcovich
Diez mil personas mueren cada año en la Argentina por enfermedades del trabajo no diagnosticadas como tales. Así lo denunció la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria –según la cual 3000 de estas muertes podrían deberse a dolencias de ese tipo– y lo reconoció el superintendente de Riesgos del Trabajo de la Nación. Estas enfermedades –entre ellas, el cáncer y el asma– afectan a todos los trabajadores: desde el empleado de oficina que recibe emanaciones tóxicas del aire acondicionado hasta el trabajador rural afectado por los insecticidas. Una de las principales causas de que pasen sin diagnosticar se resume en una palabra: miedo. “El trabajador, por miedo a perder su empleo o, simplemente, a traerle problemas a su patrón, no denuncia que la enfermedad proviene del trabajo y se atiende en privado o en su obra social”, explicó un médico de esa entidad. Esto multiplica el problema, ya que, al no haber denuncia, el patrón no modifica las condiciones que enferman. Además, los tratamientos “desfinancian al sistema público y las obras sociales”, mientras que “las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) ganan millones con gastos mínimos”, según el mismo profesional.
El superintendente de Riesgos de Trabajo reconoció que “las ART no hacen los exámenes periódicos que permitirían la prevención o el diagnóstico precoz” y destacó que, bajo el régimen actual, “los empresarios tienden a elegir la ART más barata, que suele ser la que da peores servicios”.
Los extremos ridículos a que llega el subdiagnóstico de las dolencias laborales en la Argentina se advierten porque, “según los datos mundiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las enfermedades de origen laboral producen el 82 por ciento de las patologías ocupacionales, y los accidentes de trabajo suman el 18 por ciento. En la Argentina, según las últimas estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondientes a 2005, las enfermedades ocupacionales detectadas llegan sólo al 1,7 por ciento”: así lo denunció un documento de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR). Según Jorge Draghi –coordinador adjunto de enfermedades de origen ocupacional de la AAMR–, “estimamos diez mil muertes anuales en el país por enfermedades ocupacionales no registradas”.
¿Por qué no se diagnostican como tales las enfermedades ocupacionales en la Argentina? “Tanto el enfermo como el médico tienen temor”, contesta Draghi. Cierto que estos temores son de muy diferente naturaleza. En el caso del paciente, “tiene miedo a que lo echen: el trabajador que hace la denuncia ante la ART o ante su patrón le ocasiona a éste un trastorno: deberá o debería enfrentar las causas que originaron la enfermedad: mantener una ventilación adecuada en el ambiente de trabajo, proporcionar máscaras, hacer cosas que en las empresas argentinas son prácticamente inexistentes”.
“Recuerdo, por ejemplo, una charla comunitaria que fui a dar en Ingeniero White, Bahía Blanca, sobre las emanaciones tóxicas del polo petroquímico que funciona allí –comentó Draghi, quien además integra la ONG Ambiente Saludable–: muchas mujeres me esperaban en la puerta para oponerse a la charla; temían que se cerrara el polo petroquímico y sus esposos quedaran sin trabajo; no había percepción de que se están muriendo todos, no sólo los trabajadores sino las familias de Ingeniero White. Tampoco se puede contar con los sindicatos porque muchas veces saben qué problemas hay en las empresas pero negocian los gastos de protección ambiental con tal de que la fábrica no cierre o que no disminuyan los salarios.”
El temor de los médicos es, digamos, más mezquino: “Tienen miedo al barullo legal: creen que denunciar una enfermedad como de origen ocupacional los llevará a verse involucrados en procesos judiciales, pero no es así: lo que el médico debe hacer es un breve resumen de historia clínica, con el cual el paciente va a la patronal, que lo deriva a la ART”, explicó Draghi.
Cierto es que, todavía antes del miedo a comunicar el diagnóstico de enfermedad ocupacional, está el hecho de que, muchas veces, el médico no llega a hacer el diagnóstico adecuado: “Para que una enfermedad pueda ser vinculada con lo laboral, el médico debe preguntar en qué trabaja el paciente: a partir de su respuesta, el médico debiera saber con qué tóxicos puede estar en contacto esa persona, y así investigar hasta relacionar el trabajo con el motivo de consulta. Pero si el médico no pregunta de qué trabaja su paciente, o si no sabe qué toxicidades puede haber en juego en ese trabajo, estamos mal”, advierte Draghi. Y si estamos mal es porque “en este orden, la preparación que brindan las carreras universitarias de medicina y las residencias es deficitaria”.
Para colmo, según Draghi, “las enfermedades de tipo ocupacional toman cada vez más importancia. Hace seis años, detectábamos cien sustancias tóxicas en los lugares de trabajo; hoy conocemos más de 400. Sea porque aparecen más tóxicos, o también porque estamos en condiciones de identificarlos mejor”. Draghi, quien dio conferencias sobre el tema en México y Estados Unidos, señala que “el problema se presenta en toda América latina pero en México hay mejores controles y en ese país, como también en Chile, hay mejores estadísticas y organización. Todo esto falta en la Argentina”.
“Sí, tenemos un subregistro de enfermedades profesionales”, admitió Héctor Oscar Verón, titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) de la Nación, y reconoció que “el 1,7 por ciento registrado en 2005 está muy lejos de la realidad”. El funcionario reveló un importante factor por el cual muchas enfermedades laborales no se detectan: “Los exámenes médicos periódicos a los trabajadores, que son obligación de las ART, no se hacen como marca la ley, y no se cumplen las resoluciones de la SRT por las cuales, según los riesgos a que estén expuestos, los trabajadores deben ser revisados una o dos veces cada año”.
Según denunció el alto funcionario nacional, “las ART no hacen más que el 17 o el 20 por ciento de esos exámenes periódicos, que permitirían la prevención y el diagnóstico precoz. En muchos casos hacen el examen médico pero sólo para diagnosticar un riesgo: así cumplen en presentar resultados, firmados por profesionales, pero dejan de lado que, si el trabajador está expuesto a varios riesgos, hay que testearlo respecto de todos”.
–¿La SRT no está en condiciones de obligar a las ART a cumplir adecuadamente los exámenes periódicos? –preguntó Página/12.
–En 2004, tuve que dejar de lado una resolución en la que les pedía a las ART que recorrieran las empresas para establecer a qué riesgos están expuestos los trabajadores, a fin de hacer los exámenes periódicos. Las ART recurrieron a la Justicia, apelaron en todas partes y la resolución quedó inmovilizada –contestó Verón–. Las aseguradoras sostienen que ese relevamiento lo tienen que hacer las empresas mismas. En algunas empresas grandes hay médicos e ingenieros que pueden llegar a informar a la ART sobre los riesgos a que están expuestos los trabajadores, pero en las pymes no hay médicos; la ley no les exige tenerlos. Entonces el empleador no sabe y no averigua los riesgos de las sustancias a las que se exponen sus trabajadores. Todo esto causa de antemano un déficit en los exámenes periódicos.
Además, según el superintendente, “las ART son entes cuya creación se copió en cierta forma de las ARP (Aseguradoras de Riesgo Profesional) de Colombia pero, en ese país, todas le cobran lo mismo al empleador, de modo que la competencia es en función de la que brinde el mejor servicio: más protección, más exámenes; en la Argentina, en cambio, la competencia es sobre la base de la alícuota que cobran, y la mayoría de las veces el empleador elige la que le sale más barata”.
–El sistema actual, ¿desresponsabiliza al empleador?
–Por ley, el responsable de los riesgos es el empleador; la aseguradora debe asesorarlo pero el empleador debe proteger a sus trabajadores.
–¿Quién sanciona al empleador que no cumpla?
–El Pacto Federal, firmado en 2000, devolvió el poder de policía a cada provincia. La Superintendencia sólo puede sancionar a las ART.
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