El juez penal tributario Javier López Biscayart, que detectó una maniobra de evasión y presuntas coimas de la empresa Skanska, se tomará licencia desde mañana para preparar su descargo ante un pedido de juicio político. Un abogado lo cuestionó ante el Consejo de la Magistratura por no haber denunciado la visita que recibió en su despacho de dos agentes de la SIDE, en un presunto intento por condicionar su actuación.

El organismo que elige y sanciona a los jueces le notificó la semana pasada a López Biscayart la apertura de una investigación basada en la presentación del abogado Alejandro Pérez Cárrega. La denuncia quedó radicada el 7 de marzo, cuando la investigación sobre Skanska estaba en un momento de definiciones y con funcionarios públicos en la mira. El juez tenía probado que la empresa había usado facturas truchas para simular gastos y tenía elementos para suponer que los fines pudieron ser dos: evadir impuestos y ocultar sobornos en las obras de dos gasoductos. Tras una disputa de competencia, ahora la pista de las coimas la investiga el juez federal Guillermo Montenegro.

La visita de los hombres de la central de inteligencia ocurrió el año pasado. Fue mientras avanzaba la pesquisa sobre Skanska, pero estaba relacionada con otra causa, según explicó a este diario Francisco D’Albora, el abogado de López Biscayart. Era una investigación, dijo, que podía comprometer a miembros de la AFIP en la que participó la SIDE mientras el expediente estuvo a cargo del juez federal Sergio Torres, pero fue desplazada cuando pasó por incompetencia a López Biscayart. “Los dos funcionarios le dijeron que el Gobierno tenía interés en que la SIDE continuara en el caso”, relató D’Albora.

“El juez dejó constancia en la causa y dispuso comunicarlo al Ejecutivo y a la Comisión Bicameral de fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Sus actos se ajustaron a lo que corresponde y no tenía denuncia alguna que formular”, señaló el abogado. López Biscayart quiere preparar su descargo y por eso estará de licencia al menos hasta el lunes, quizá más. Tiene plazo para presentar sus argumentos ante el Consejo hasta el 13 de julio. El organismo archivó otras dos denuncias anteriores: la de una ex empleada de su juzgado y la del ministro del Interior, Aníbal Fernández, referida al alojamiento de un preso del caso Skanska.