La Justicia federal tucumana procesó a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por la desaparición de 52 personas en el centro clandestino Arsenales, el más grande del Noroeste argentino. La resolución del juez Daniel Bejas contempla la figura de genocidio, en línea con la condena al subcomisario bonaerense Miguel Etchecolatz establecida en La Plata en septiembre del año pasado. “Las Fuerzas Armadas siempre dijeron que en Tucumán había habido una guerra”, dijo una abogada. “Y que ahora la Justicia vea una matanza enmarcada en un genocidio está tirando por tierra ese argumento falaz.”

Además de Menéndez y de Bu-ssi, la Justicia procesó a Albino Zimmerman, ex jefe de la policía tucumana, todos por 52 casos de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, torturas o vejaciones, tortura seguida de muerte, desaparición forzada, homicidio calificado, en el marco de genocidio y asociación ilícita agravada.

Entre muchos casos, a Bussi lo procesó como “autor mediato” en la mayor parte de los hechos, pero por primera vez le agregó un procesamiento como “autor material” de la desaparición del estudiante Luis Eduardo Falú, en septiembre de 1976. A quien, según los testimonios, Bussi “fusiló personalmente”.

Además de los procesamientos, el juez embargó a Bussi por 65 millones de pesos y por 64 millones a Menéndez, Zimmerman y Alberto Luis Cattáneo.

“En primer lugar esto es importante porque quedó encuadrada la calificación dentro de la doctrina amplia del genocidio”, explicó anoche a Página/12 Laura Figueroa, abogada e impulsora de la querella. “El juez interpretó que las víctimas pertenecen a un colectivo, a un grupo predeterminado por los represores como diferenciado de la población argentina y que debía ser eliminado o destruido total o parcialmente”.

Aunque aún no está claro el alcance que tendrá el procesamiento del caso Arsenales, a criterio de los abogados querellantes se encuentra en línea con la condena del caso Etchecolatz. En su resolución, el juez Bejaz tomó fundamentos de aquella sentencia y sumó otros argumentos jurídicos que enriquecen la matriz original. Aun así, formuló la acusación “en el marco” de un genocidio, y no como genocidio, porque esa figura no está tipificada en el Código Penal argentino como delito.

Su fallo de todos modos avanza en la idea del “grupo”, como lo explicó Figueroa y sobre el número de víctimas. “Es la primera vez que la Justicia habla de cautiverio y exterminio masivo de personas”, señala una vez más la abogada. En ese sentido, los textuales indicaron: “Que la magnitud de las matanzas efectuadas en ese centro clandestino surge de los testimonios” de dos ex gendarmes, Osvaldo Torres y Antonio Cruz, “que afirmaron que cada quince días ejecutaban a los prisioneros y traían otros nuevos, estimando que entre el número de los secuestrados que fueron liberados y de los secuestrados muertos habrían sido más de 1000 personas en total”. La cita del juez es importante en varios sentidos. Además de dar cuenta de la magnitud de la “matanza”, avala los viejos testimonios que dieron estos dos ex gendarmes ante la Conadep y que ahora impugnan los defensores.

El centro clandestino conocido como Arsenales estaba en el predio del ex arsenal Miguel de Azcuénaga, sobre la ruta 9 provincial y funcionó con fechas imprecisas entre 1976 y 1978 o 1979. Aunque se sabe que fue uno de los centros más grandes de la región y un lugar hacia donde trasladaban a detenidos de Salta, Catamarca o Santiago del Estero, aún no se sabe cuántas personas pasaron. Además de los 52 casos que menciona la resolución, Figueroa cuenta por lo menos otros 254 ejecutados.

Fuera del caso Arsenales, la Cámara de Casación tiene una enorme deuda en Tucumán: la causa por el secuestro y desaparición de Guillermo Vargas Aignasee, detenida hace por lo menos año y medio en Casación, que puede ser el primer caso de juicio oral a Bussi, Menéndez y Roberto Albornoz, ex jefe de la emblemática D-2.