Ante una denuncia judicial que había sido archivada, la Sala II de la Cámara Federal porteña le pidió al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, que determine si el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, incurrió en algún delito al denunciar en el Congreso el presunto uso de facturación trucha por parte del gobierno porteño en la contratación de publicidad, un asunto ligado al caso Skanska. El juez federal Julián Ercolini había desestimado la causa a fin de mayo último por “inexistencia de delito”. El mismo criterio tuvo el fiscal Oscar Amirante. El expediente se originó por una presentación del abogado Ricardo Monner Sans, que cuestionó a Fernández por no haber llevado el tema a la Justicia. Consideró que es una obligación que tiene en su carácter de funcionario público.