Los sospechosos del caso Skanska están a punto de recibir una noticia adversa desde los tribunales federales: el juez Guillermo Montenegro planea ordenar importantes embargos para los ex funcionarios, ex directivos de la multinacional sueca y otros personajes ligados a las presuntas coimas y sobreprecios en las obras de dos gasoductos. El juzgado investiga la evolución y situación patrimonial de todos ellos. La nueva medida, según pudo saber este diario, formaría parte de una resolución que está en plena preparación y sería firmada entre mañana y el viernes.

Dos semanas atrás, Montenegro ordenó formar legajos específicos con investigaciones sobre los bienes, gastos y movimientos bancarios de 16 imputados. Busca establecer, entre otras cuestiones, adónde fue a parar el dinero de las “comisiones indebidas” que la propia Skanska admitió.

El magistrado libró cédulas a la AFIP y otros organismos para conocer los detalles patrimoniales de cada quien y se encamina a pedir información a Uruguay sobre cuentas radicadas en ese país. En el caso puntual del ex titular del Enargas Fulvio Madaro, detectó que hizo varios viajes al país vecino que coinciden con la época de la contratación y las obras de los gasoductos, impulsadas desde el Ministerio de Planificación Federal.

El embargo de bienes que dispondrá Montenegro, según informaron allegados a la causa, apunta a impedir que las personas investigadas puedan realizar operaciones económicas y financieras. Es indicador, además, de un fuerte grado de sospecha sobre ellas. No está descartado, incluso, que se les impida salir del país, una disposición que hasta ahora sólo pesa sobre el ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, en el expediente sobre evasión impositiva de Skanska que conduce el juez penal tributario Javier López Biscayart.

El juez Montenegro bloquearía –al menos– los patrimonios de Madaro, Ulloa, de dos ex CEO de Skanska, de un ejecutivo y un empleado aún en funciones, siete ex gerentes de la compañía y su auditor interno Claudio Corizzo. También incluiría al apoderado de Infiniti Group, la sociedad fantasma que proveyó facturas truchas a Skanska para simular gastos, y al contador Alfredo Greco, que actuó como intermediario.

Acerca de Madaro, en su agenda apareció un dato que lo conectaría con la ruta del dinero de las facturas truchas: figura la financiera Money Market, que manejó el cobro de los cheques de Skanska. En el caso de Ulloa, una de las pistas en estudio se refiere a la compra, a nombre de su esposa y su suegra, de tres inmuebles en Barrio Norte, en la misma época de las obras de los gasoductos.

Si no hay cambios de último momento, Montenegro tomaría hoy la primera indagatoria (se postergaron dos y un ex gerente se negó a declarar). Está citado el ejecutivo de Skanska Ignacio de Uribelarrea, que sigue en funciones en la filial venezolana. Según fuentes de la defensa, De Uribelarrea podría contestar preguntas, aunque entregará una copia de la indagatoria López Biscayart, quien le dictó falta de mérito. El juez sigue en la postura de rechazar que las partes estén presentes durante las declaraciones: rechazó un pedido de la Oficina Anticorrupción.

Mientras, el juzgado avanza con el análisis de las llamadas telefónicas. El viernes le encargó a la Gendarmería “un informe técnico (entrecruzamiento de llamadas)” sobre unas 40 líneas “a los efectos de establecer si existe coincidencia entre las mismas” y cuándo se produjeron. Se analizarán contactos de los acusados entre sí y con, por ejemplo, Money Market.