El juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en la ESMA, citó a declaración indagatoria a la ex jueza en lo contencioso administrativo Emilia Marta García, acusada de haber colaborado en el desapoderamiento de los secuestrados Vittorio Cerruti, Horacio Palma y Conrado Gómez, propietarios de valiosas tierras en Chacras de Coria. Según reveló hace casi siete años este diario, en 1977, fecha en que sucedieron los secuestros, Emilia Marta García fue designada síndico de Will-Ri, la sociedad fraguada para “legalizar” el pasaje de los terrenos de Mendoza a manos del ex almirante y su familia. Convocada por el Consejo de la Magistratura, García negó primero e intentó justificarse, después. Finalmente, presentó su renuncia para evitar la destitución que la privaría de los haberes jubilatorios. A cambio, quedó sin fueros y expuesta a las preguntas que deberá responder el 9 de agosto.

La ex jueza formó parte de la escribanía de Ariel Sosa Moliné, amigo del ex almirante e involucrado también en la desaparición de Fernando Branca, socio y testaferro del ex marino. La notaría fue la usina donde se gestó una parte del desapoderamiento investigado por Torres: allí nació Will-Ri, la sociedad fantasma a la que Cerruti, Gómez y Palma, secuestrados en los sótanos de la ESMA, le “vendieron” los carísimos terrenos. Will-Ri apocopaba el apellido de los compradores: Federico Williams, identidad falsa utilizada por el capitán Francis Wahmond, y Juan Ríos, nombre que encubría la identidad del teniente Jorge Radice. No fue el único robo. Del departamento porteño del abogado Conrado Gómez se llevaron una fortísima suma de dinero, relojes, máquinas de escribir, y los títulos de propiedad de sus caballos de carrera. Gómez era un turfman apasionado. Para su desgracia, Massera también.

Will-Ri fue el puente que permitió a Massera transferir a su nombre las tierras de Chacras de Coria. La operación de “blanqueo se consumó a través de una nueva “venta” a Misa Chico, una sociedad integrada por el hermano (Carlos) y el hijo del almirante (Eduardo), así como por Pedro Añón, titular del Partido de la Democracia Social, el sector mediante el que Massera aspiraba a llegar a la presidencia de la República. El triunfo de Raúl Alfonsín y el juicio a las Juntas Militares obligaron al jefe naval a cambiar de planes. Para proteger esas tierras y evitar que le fueran confiscadas, Massera fraguó nuevas transferencias de titularidad: a Enori, a Huetel y a A&B.

A mediados de los ’80, Emilia García fue llamada a declarar en calidad de testigo, por el juez de instrucción Rodolfo Ricotta Denby, quien investigaba el despojo. Por esos estrados y por la misma causa iban a desfilar el abogado Jorge Sandro, Fernanda Ferrero, su marido Guillermo Ferrero y Eduardo Massera hijo. García sostuvo haber realizado tareas de pasante junto a Sosa Moliné y negó conocer la verdadera trama de la historia. Agregó, incluso, que tanto Williams como Ríos le habían resultado “personas muy educadas”. En 2000, su historia salió a la luz. García fue citada por el Consejo de la Magistratura y negó las imputaciones. Tiempo después, durante una segunda declaración, admitió los cargos. A modo de justificación, contó que mientras eso sucedía su hermana estaba secuestrada en la ESMA. Sin embargo, omitió un detalle: en efecto, su hermana se encontraba detenida en la ESMA, donde se convirtió en una ferviente colaboradora del capitán Jorge “el Tigre” Acosta.