Los dos ex funcionarios más comprometidos en el caso Skanska no podrán vender bienes ni hacer movimientos de dinero. Lo dispuso el juez federal Guillermo Montenegro, que ayer ordenó embargos de 7 millones de pesos para cada uno. Se trata del ex titular del Enargas, Fulvio Madaro, y del ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, sospechosos del cobro de coimas y el pago de sobreprecios en la construcción de dos gasoductos. La misma medida pero por 1 millón de pesos, también afecta a ex directivos de la multinacional sueca, a los proveedores de facturas truchas y a quienes cobraron los cheques por gastos inventados.

Si el patrimonio de los imputados es –cuanto menos– de origen dudoso, lo que pretende ahora Montenegro es que no se desprendan de él, como adelantó Página/12. Ya libró oficios al Banco Central, al Registro de la Propiedad Automotor y al de la Propiedad Inmueble, para que inmovilicen las casas o departamentos, autos y el dinero de las personas investigadas.

El principal argumento del juez es que la última indagatoria está prevista para el 30 de agosto y en ese tiempo los sospechosos podrían insolventarse. “Considerando el conocimiento que poseen de la imputaciones” y los “medios con los que cuentan para simular operaciones financieras, resulta indispensable (...) proceder al embargo preventivo de sus bienes”, dice la resolución, a la que accedió este diario.

Madaro y Ulloa fueron desplazados de sus cargos en cuanto Montenegro los citó a indagatoria. Fue en mayo, después que salió a la luz una grabación de una auditoría interna de Skanska en la que un ex gerente aludía al pago de comisiones en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur: habló de un 3 por ciento para el Enargas y de un 5 por ciento para el fideicomiso del Banco Nación. El sumario de la constructora sueca admitió “comisiones indebidas” y evasión. Para ese entonces el juez penal tributario Javier López Biscayart había detectado en Skanska facturas falsas por unos 17 millones de pesos que tapaban salidas irregulares dinero.

El ente del gas debía auditar la adjudicación de las obras, mientras que el fideicomiso administraba los fondos destinados a financiar los proyectos. “Se han reunido elementos suficientes –sostuvo Montenegro– para sospechar que los ex empleados de Skanska y las personas vinculadas con aquellos en connivencia con funcionarios públicos que intervinieron en el proceso de contratación (...) participaron de la maniobra ilícita que consistió en otorgar un viso de legalidad a la sustracción de fondos del fideicomiso (...) a través de la simulación de operaciones comerciales que generaran dinero para el pago de comisiones indebidas”.

Aparte de los dos ex funcionarios, el bloqueo de bienes alcanza, por 1 millón, a los ex CEO de Skanska Gustavo Vago y Mario Piantoni, al actual ejecutivo en Venezuela Ignacio de Uribelarrea, a los ex gerentes Alejandro Gerlero, Javier Azcárate y Juan Carlos Bos y al auditor Claudio Corizzo. Se suma una lista de 20 personas que cobraron cheques de Skanska, el apoderado de Infiniti Group (que facilitó las facturas apócrifas) Adrián Félix López, y un intermediario, Alfredo Greco. Los dos últimos siguen presos en la causa por evasión. “El señor Ulloa está muy tranquilo esperando presentarse ante el juez. Eso no quita que sus abogados apelemos esta medida insólita que carece del menor fundamento”, dijo Pablo Slonimsqui, defensor del ex funcionario. Otros abogados apelarán los embargos. Ulloa será indagado el 8 de agosto. Madaro, el 18 de julio. Hoy declaran como testigos dos funcionarios de la Sigén que elaboraron una informe que advierte sobre la falta de controles del Enargas.