El efecto Skanska se sigue reproduciendo y abarca cada vez más despachos del Ministerio de Planificación Federal. El fiscal Carlos Stornelli denunció al secretario de Energía, Daniel Cameron; al subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar; al ex titular del Enargas Fulvio Madaro y al ex gerente de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa. Es por irregularidades y posibles sobreprecios que rondarían los 100 millones de pesos en la construcción del Gasoducto Patagónico. Las obras estuvieron a cargo de la empresa Emgasud, también comprometida en la presentación de la fiscalía.

Stornelli hizo la denuncia en base a una investigación preliminar derivada del expediente “madre” del caso Skanska, en el que están en cuestión los trabajos de ampliación de otros dos gasoductos, Norte y Sur. Estas obras tuvieron una fuente de financiamiento común al Gasoducto Patagónico: el fideicomiso del Banco Nación. El fiscal sostuvo que hay suficientes razones para abrir una causa penal que determine las responsabilidades de los dos ex funcionarios, los otros dos que siguen en su cargo y el presidente de Emgasud, Alejandro Ivanissevich.

La nueva causa le tocó por sorteo al juez Jorge Ballestero que, según el dictamen del fiscal al que accedió Página/12, debería analizar como mínimo los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con la función pública, aunque precisó que no se deberían descartar otros. En la causa sobre Skanska también se investigan coimas.

La principal pista sobre maniobras dudosas en la construcción del Gasoducto Patagónico la dio el diputado radical de Chubut Carlos Lorenzo, que aportó documentos y dio su testimonio. La fiscalía constató datos, avanzó en la pesquisa y finalmente planteó dos anomalías centrales:

u Para la adjudicación se inventó una figura, la de “construcción por administración”, que no estaba prevista en régimen de contratación oficial y que facultó a Emgasud a tener un doble papel: actuar como gerente del proyecto del gasoducto y, a la vez, operar como constructor. Son, advirtió Stornelli, actividades “incompatibles”. Emgasud cobraba un uno por ciento de la inversión por la tarea de gerenciar, es decir, por auditar, hacer subcontrataciones, acuerdos y aprobar facturaciones de las obras que estaban a su cargo y costaron varios millones.

- El presupuesto original para el desarrollo, la construcción y puesta en marcha del gasoducto se calculó, a fines de 2004, en 186.876.000 pesos. Pero el fiscal señala que, con el transcurso de las obras, “se fueron aprobando distintos valores dinerarios posiblemente irregulares o desmedidos en cuanto a su naturaleza y/o razonabilidad” provenientes en parte “del fondo fiduciario creado para la financiación de la obra”.

En 2005, puntualiza, se hizo un acuerdo complementario para ampliar la capacidad de transporte de gas por 15.432.500 pesos. En 2006 se añadió otro para montar estaciones reductoras de la presión para abastecer a cinco localidades por 1.950.000 pesos. Un tercer acuerdo, para ramales de alimentación para Río Pico y Corcovado, ascendió a 28.850.000. Además, se señalan sospechas sobre un tramo de 30 km (Gasoducto San Martín Yacimiento El Zorro) que se habría pagado, pero no se hizo. En total, entre todos los agregados que se fueron sumando más los impuestos, los investigadores calculan que se habrían desembolsado unos 100 millones extra. El costo total habría rozado los 300 millones.

La construcción del Gasoducto Patagónico tenía como meta la distribución de gas natural en localidades cordilleranas uniendo otros gasoductos y ramales en 500 kilómetros: desde el gasoducto San Martín hasta el Cordillerano, cerca de Esquel. La Secretaría de Energía actuó como “organizadora” y junto al Enargas puso las condiciones para participar del proyecto. La Subsecretaría de Combustibles fue “suborganizadora” y debía definir “el sistema de control y auditoría” de las obras. Nación Fideicomisos administraba los fondos para financiarlas. Las otras fuentes de financiamiento fueron la provincia de Chubut y el Estado nacional.

Según Stornelli, Emgasud fue beneficiada con una doble función que le permitía “controlarse” a sí misma y que, de entrada, violaba la reglamentación en la materia, incluso resoluciones de la Secretaría de Energía. Además, alertó, se le concedió la ejecución del proyecto pese a que no tenía como objeto social la construcción de gasoductos. Todo, concluyó, se hizo cuanto menos con “el conocimiento de las máximas autoridades de la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Combustibles, el Ente Nacional Regulador del Gas y Nación Fideicomisos”. Madaro y Ulloa ya están citados a indagatoria por el juez Guillermo Montenegro en la causa Skanska. En otro juzgado federal, el de Julián Ercolini, avanza otra investigación aparte sobre facturas truchas por tres millones de pesos que habría utilizado Emgasud en obras públicas.