El nombre del evento no dice nada, incluso suena bien aburrido, al estilo de los escritos judiciales. Sin embargo, en la Corte Suprema ya anticipan que esta vez la llamada Conferencia Nacional de Jueces vendrá con ruidosos reclamos al Gobierno y anuncios, también, hacia adentro del Poder Judicial. Con el paisaje salteño como escenario, se reunirán unos 500 jueces de todo el país y dirigirán a la Casa Rosada, por empezar, un reclamo de autonomía presupuestaria. Todo sea, argumentan, por lograr una Justicia más rápida y eficiente. Pero como el dinero no siempre hace totalmente la felicidad prevén otros tantos planteos. Uno de los favoritos se centrará en rogarle al Estado que deje de ser una máquina de litigar. Otro apuntará a los tribunales de todo el país para que cumplan con normas mínimas de calidad.

El encuentro de togas será del 6 al 8 de septiembre y está convocado por la Corte. Los jueces aprovecharán el mes preelectoral para formular algunas de sus quejas al Poder Ejecutivo. Al menos eso es lo que adelantan en voz baja los organizadores. El año pasado, la primera experiencia de esta reunión se hizo en Santa Fe, tierra natal del presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti. Tal vez porque era la primera vez, o tal vez por una costumbre ancestral, los jueces evitaron hacer alharaca. Convocaron a la prensa, pero no dejaron ingresar a los periodistas a los talleres, donde producían los intercambios más ricos. Esta vez, evalúan, sólo evalúan, un rediseño de su plan.

Por lo pronto, algunas que otras voces ya adelantan lo que ocurrirá en Salta, más allá de la lectura de papers interminables. Es factible que desde la Corte se propicie un pedido al Gobierno de mayor autonomía en el manejo de fondos. El Poder Judicial recibe su presupuesto por ley del Congreso, pero además cuenta con un 3,5 por ciento de lo recaudado una vez deducida la coparticipación federal. Hasta ahora, la Casa Rosada ha interpretado que para disponer de ese superávit la Justicia debe pedir autorización a la Jefatura de Gabinete. La Corte lo aceptó, pero el tema le trajo un sinfín de problemas, incluso discrepancias con el Consejo de la Magistratura, a la hora de dar aumentos o pagarle a los meritorios. “No queremos seguir dependiendo del jefe de Gabinete para dispone del dinero que nos corresponde”, protestan en el máximo tribunal.

En el rubro presupuestario, también se oirá un reclamo de 500 millones de pesos para informatizar todos aquellos nichos tribunalicios que quedaron rezagados, y que son muchos, por todos los rincones del país.

El título que formalmente lleva la conferencia dice: “Independencia, gestión y servicio a la sociedad”. Son tres cuestiones íntimamente ligadas que, en lenguaje liso y llano, se refieren a cómo hacer para que la Justicia sea más ágil y resulte un verdadero servicio, además confiable, y no un lugar de maltrato a la sociedad. Un menudo desafío, para el cual Lorenzetti ya encomendó la puesta en marcha de una “comisión nacional de gestión” y una oficina especial dentro del máximo tribunal, que se encargarán de establecer un sistema para que los juzgados deban respetar determinadas normas de calidad. “A veces esto se logra cuando las funciones están distribuidas dentro de un tribunal y asegurándose de que los jueces se dediquen a dictar sentencias”, explican en la Corte. Una idea que ronda, además, es rescatar las investigaciones y experiencias en gestión realizadas por el matemático Ricardo Miró (ver nota aparte), que trabajó en el tema junto con su par Roberto Depaoli y la abogada Analía Villar.

En la Corte se hizo famosa una frase del juez Carlos Fayt que dice que el tribunal se fue convirtiendo en un “almacén de ramos generales”, aunque últimamente optó por hablar de “shopping”. Esto alude no sólo a un “exceso” de causas en ese tribunal, sino a un problema que, a juzgar por Sus Señorías, recorre todas las instancias judiciales, y tiene al Estado como gran responsable por ser el principal promotor de juicios que taponan el sistema. “Un ejemplo claro es el de las jubilaciones: como no les quieren pagar a los jubilados los reclamos por movilidad, hacen juicios”, coinciden dos jueces. Por eso, el temario para la Conferencia propone entre sus ejes la búsqueda de “formas de encarar la litigiosidad creciente”. Una forma diplomática de pedir a los organismos públicos una revisión de esa política.

La Corte, una vez más, intenta ponerse a la cabeza de grandes cambios. Lo viene haciendo a través de sus fallos, y ahora impulsa acciones a través de esta segunda conferencia nacional. Seguramente encontrará resistencias y si pretende llegar a una transformación real para recuperar la confianza, también tendrá que someterse a una fuerte autocrítica.