La secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, presentará hoy un informe al Gobierno para explicar los gastos de su gestión. Sus asesores desmienten la contratación de una cadena de familiares y gastos excesivos. Denuncian una campaña en su contra.
Romina Picolotti hablará hoy de varones despechados y conspiraciones. En esas dos claves la secretaria de Ambiente de la Nación apoyará su estrategia de defensa en el informe escrito que le presentará al Gobierno. Desde hace 48 horas, la funcionaria vinculada a la lucha de los asambleístas de Gualeguaychú intenta desembarazarse de una denuncia apabullante por contrataciones de familiares y amigos y viajes en aviones particulares. El Gobierno, que ayer salió a respaldarla, la escuchará antes de decidir su destino. Anoche, en su entorno intentaban mantener la calma: “El único pariente contratado –dijeron– es su hermano”.
“Nuestra posición con todo esto es que hemos venido haciendo un trabajo extraordinario y que en ese trabajo tocamos intereses muy poderosos”, explicó a este diario una alta fuente de la secretaría. “En los últimos meses decidimos clausuras importantes, les estamos pidiendo a las empresas los seguros de riesgo ambiental y preveíamos que podía llegar un golpe así de parte de estos intereses poderosos que estamos tocando, lo que no imaginamos era la forma.”
En esa línea se escuchó al propio Alberto Fernández. “Es una funcionaria de bien”, dijo. “El informe parte de una extensa carpeta de Bruno Carpinetti (un ex subsecretario), al que Picolotti le pidió la renuncia”; “tiene un sesgo de verdad pero mala intencionalidad”. Si el informe es cierto, dijo, “seré el primero en tomar medidas”.
En dos publicaciones consecutivas, resultado de una investigación, el diario Clarín acusó a Picolotti de contratar 322 personas sin demasiada justificación, entre ellos su hermano Juan como jefe de Gabinete, a su novia como asesora, al hermano de su novia y a la esposa del hermano de su novia, entre otros amigos con sueldos de 8 a 25 mil pesos. El artículo menciona una compra de 100 computadoras, mobiliario y cuatro vuelos en jet privado a distintas provincias, multiplicando sin sentido costos operativos cuando el mercado tiene ofertas para cubrir sobradamente los mismos destinos.
En su defensa, Picolotti dirá lo suyo. En algún caso, hasta con razonamientos más taquilleros. Según la misma fuente del área ya consultada, el escrito para el jefe de ministros, Alberto Fernández, tendrá unos puntos centrales.
- El caso de Juan. La secretaría sostiene que es un abogado prestigioso y de extrema confianza; que la secretaría no le paga ni le pagó un alquiler en un departamento de Puerto Madero por 1600 dólares al mes y que no tiene una novia que se llame Verónica Franco, dato clave para entender la cadena de hermanos de la novia, y esposa del hermano de la novia, y desarmarla. Por eso, Picolotti puede decir que no tiene más parientes que su hermano en un plantel de más de 700 personas. La denuncia dice que Juan pagó cenas en restaurantes caros a los amigos. “Absurdo –dijeron–: será, en algún caso, una reunión de trabajo, los gastos comunes se los paga cada uno de los funcionarios.”
- Los contratos. Según la denuncia, los sueldos de los contratados van de 4 a 8 y en algún caso hasta 25 mil pesos. En Ambiente, dicen que no hay sueldos de más de 10 mil pesos, y que sólo dos funcionarios cobran ese tope. Sus nombres no trascendieron. En esa lista, incluyen a Verónica Franco y su hermano, un funcionario “ultracalificado para el puesto, que dejó de hacer cosas importantísimas para venir a trabajar a la gestión pública, que como otros pueden trabajar por sueldos en dólares en el exterior y que dejan eso para sumarse al área: en todo caso, es el Estado el que debe replantear su escala de salarios”.
- Computadoras. “Sí, compramos computadoras. ¡¿Sabe por qué?! Necesitábamos computadoras y las tenemos que tener en línea. ¡Y nos faltan computadoras!”
- Conspiraciones y conspiradores. A la hora de los detalles, la secretaria no avanza en cambio sobre lo que en su lógica explica como “campaña de difamación”. Ante una consulta de este diario, sólo mencionaron la batalla en la Cuenca Matanza-Riachuelo contra las empresas, como los frigoríficos a quienes obligan a cumplir normas ambientales. Y, en la misma línea, mencionan las papeleras “porque tienen pasivos ambientales y tienen que reconvertirse, y estamos detrás de eso”.
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