El jefe de gabinete, Alberto Fernández, y el presidente del bloque de diputados macristas, Federico Pinedo, dieron ayer un primer paso para dotar de mayor autonomía a la ciudad de Buenos Aires: coincidieron en la idea de pasar a manos porteñas el control de la red de subterráneos y de compartir el manejo del transporte público. No avanzaron, en cambio, en lo relativo al traspaso de la policía porque no se pusieron de acuerdo en cuanto a su financiamiento, ni tampoco en el tema del puerto. Hubo acuerdo en transferir a la Justicia Contravencional de la ciudad la competencia que los juzgados correccionales tienen hoy sobre algunos delitos con penas menores a tres años.

Fernández y Pinedo empezaron a transitar el camino que delinearon el presidente Néstor Kirchner y Mauricio Macri en la reunión que mantuvieron a los tres días del triunfo del empresario en las elecciones a jefe de Gobierno porteño. En ese encuentro acordaron derogar antes del 15 de agosto próximo la cláusula de la Ley Cafiero que impide a la ciudad contar con su propia policía y discutir también todas las demás cuestiones que van a contramano de la plena autonomía del distrito.

La recepción que el jefe de Gabinete le brindó a Pinedo contrasta con la reacción que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, tuvo la semana pasada cuando el también diputado y asesor de Macri en cuestiones de seguridad Eugenio Burzaco le pidió reunirse junto al mismo titular del bloque macrista para abrir las conversaciones sobre el traspaso de la policía. El titular de la cartera política les negó la audiencia con el argumento de que Macri no le había hecho ninguna mención al respecto y que aguardaría que regresara de su descanso en Francia para recibirlos.

Pinedo se declaró “satisfecho” de su encuentro con Fernández, al que fuentes de la Jefatura de Gabinete definieron de “constructivo y cordial”, pero en cuanto a la transferencia de la policía no hubo avances. “De parte del Gobierno hay acuerdo en que tiene que existir una policía en la ciudad, pero el jefe de Gabinete tiene dudas sobre si el Congreso va a aprobar el traspaso de los recursos y nosotros decimos que sin recursos no hay posibilidad de dar seguridad”, explicó el titular de la bancada macrista.

Según precisó Pinedo, el macrismo contempla la transferencia de “unos 17 mil agentes de la Policía Federal” lo cual demandaría “800 millones de pesos”. Los macristas sostienen que no es necesaria una discusión al respecto en el Congreso, sino que bastaría con que la Nación derive al distrito los recursos con los que mantiene a los policías que pasarían a la órbita porteña. “La transferencia de la policía debe estar garantizada con fondos, tal como dice la Constitución nacional, pero Macri se equivoca si pretende hacerlo con partidas presupuestarias porque la discusión se va a repetir cada año y el financiamiento puede correr riesgos”, advirtió al respecto Aníbal Ibarra.

El jefe de los diputados de PRO en la Cámara baja tampoco tuvo éxito con el caso del puerto de Buenos Aires, que no es administrado por la ciudad, sino por la Nación. Al respecto, contó que Fernández le comentó que “hay sectores del Gobierno que se oponen férreamente” al traspaso de la terminal portuaria.

Con el tema del transporte le fue mucho mejor: Fernández le manifestó que el Gobierno está de acuerdo con que los porteños ciudad controlen la red de subterráneos y también con compartir el manejo de los colectivos y trenes metropolitanos que crucen de la ciudad a la provincia y viceversa, hoy en manos exclusivas de la Nación. La idea es crear un ente tripartito encargado del tema en el que haya también funcionarios porteños y bonaerenses.

Fernández también le ratificó a Pinedo la disposición del Gobierno de que los delitos con penas menores de tres años –entre los que se encuadran los casos de amenazas, usurpaciones o tenencia de armas de fuego que no sean de guerra– pasen a ser atendidos en los juzgados porteños. Así está previsto en un convenio firmado el año pasado entre Kirchner y el jefe de Gobierno, Jorge Telerman. “Seguramente en pocos días más vamos a enviar el proyecto de ley al Congreso ratificando ese convenio”, adelantó también ayer el ministro de Justicia, Alberto Iribarne.

“No somos fundamentalistas, somos gradualistas”, dijo Pinedo, quien se manifestó conforme “en tanto y en cuanto tengamos claro dónde vamos”. También reiteró que el PRO pedirá hoy en Diputados que la derogación de la Ley Cafiero sea debatida el próximo 25 de julio.