Romina Picolotti no dejará la Secretaría de Ambiente de la Nación. El Gobierno salió a respaldarla en una conferencia de prensa. Alberto Fernández se la sentó al lado para defender su gestión de las denuncias por irregularidades en su contra y la inscribió en una “clara operación política”.

“Esto no es más que una terrible operación política”, dijo el jefe de Gabinete, en uno de sus párrafos más duros. Después de tres días, el Gobierno salió a responder a la investigación publicada en el diario Clarín el domingo pasado con una declaración pública en la sala de conferencias de la Casa Rosada. Fernández sentó a Picolotti a su lado, que estuvo allí a pesar de los nervios que se le notaban, sin decir una sola palabra durante la extensa explicación.

La investigación había cuestionado varios aspectos de la gestión de Picolotti. Unos 350 contratos de nuevo personal, entre los que menciona una lista de parientes y amigos, compra de muebles, computadoras, trasferencia de dinero a través de una Fundación del INTA y al menos cuatro vuelos al interior del país en aviones privados cuando el mercado ofrecía alternativas más económicas.

En una reunión de “48 horas de trabajo”, según la definieron, la funcionaria le entregó un informe escrito al jefe de ministros con su descargo. La conferencia pública de ayer llegó luego de ese análisis.

Todos los datos de la investigación son “falsos”, dijo el jefe de Gabinete. Y para explicarlo punto por punto echó mano a un power point.

En las primeras imágenes podían verse proyectadas extractos textuales de la nota de Clarín que él leía en voz alta. Y luego comenzaron a aparecer los datos del descargo.

- Al 30 de junio –indicaron, por ejemplo– la secretaría tenía 306 contratos, con una planta de alrededor de 400 agentes. “Esas designaciones, respondieron a la necesidad de fortalecer institucionalmente al área, de conformidad con lo recomendado con la Auditoría Pública de la Nación (AGN) en sucesivas auditorías.”

- La incorporación de personal se debió a las “nuevas demandas que ha debido afrontar la secretaría como el conflicto de las papeleras, conflictos mineros y saneamiento del riachuelo reclamado por la Corte Suprema de Justicia”.

- A los cuestionamientos sobre la calificación del personal, se dijo que “el 78 por ciento tiene formación universitaria, y de ellos 35 por ciento tiene estudios de postgrado”.

- No hay sueldos de los 12 mil a 25 pesos. La secretaría tampoco paga gastos personales de agentes o funcionarios que trabajan con ella.

Romina Picolotti tiene a un hermano y a una primera hermana, entre el personal de su área. Esos fueron los únicos nombres de supuestos parientes y familiares que reconoció el Gobierno. Su hermano Juan Picolotti entró a la administración pública por un decreto del Presidente. En la investigación se había señalado el nombramiento y se hacía referencia a una cantidad de gastos personales que supuestamente habían corrido por cuenta de la secretaría: gastos en restorantes y el pago de un alquiler de 1600 dólares por un departamento en Puerto Madero.

- No existe, como se afirma, “una serie importante de parientes y amigos” contratados, dijo ayer Fernández. Del total de contratos suscriptos, sólo se registra uno a favor de una prima hermana de Picolotti. Valeria Yaryez, psicóloga comunitaria especializada en Política y Salud Mental con dos posgrados y con antecedentes en la dirección del Programa de Pobreza y Ambiente en el Cedha financiado por Unesco”. Esa mujer cobra un sueldo de 3500 pesos en la secretaría.

El Gobierno basó la defensa de la funcionaria con datos, pero anclado en la hipótesis de una conspiración. Por lo menos en tres ocasiones, Fernández se refirió a la investigación como una “operación política” motivada por algún “interés”.

Criticó al medio que la publicó y al periodista que la firmó, Claudio Savoia. Su artículo dijo “reproduce íntegra y casi textualmente una nota anónima que ha circulado inmediatamente después del desplazamiento” de un funcionario del área. Consideró “imbecilidades” muchas de las afirmaciones del artículo, calificó como “pseudo investigación” el trabajo y “pseudo periodista” a su autor. Luego, asociaciones de prensa repudiaron los conceptos de Alberto Fernández.

Ni Savoia –presente en la sala– ni ningún otro periodista pudieron hacer preguntas durante la conferencia de prensa. Cuando los Power Point se terminaron, Fernández y Picolotti se pusieron de pie y abandonaron la sala. En el camino quedaron sin explicaciones sobre los orígenes que podrían tener aquellas operaciones e intereses que advierte el gobierno detrás de la publicación de la nota.

La funcionaria referente de la lucha de los asambleístas de Gualeguaychú fue denunciada tres veces ante la Justicia durante esta semana, por “defraudación” e “incumplimiento de los deberes de funcionaria”, entre otros delitos. Diputados nacionales del ARI como Susana García, Elsa Quiroz y Adrián Pérez la acusaron por supuesta “malversación de caudales públicos, fraude en el ejercicio de la administración pública y negocios incompatibles con el ejercicio de sus funciones”.