Podrían ser algo así como 500 casos Skanska, o por lo menos eso es lo que se investigará. Aunque la lista de empresas y organismos sospechados no se ciñe al rubro de la construcción (como la firma sueca), sino que abarca cientos de especialidades. El dato surge de la resolución con la que el juez Javier López Biscayart ordenó esta semana un megaoperativo para desarticular una organización que comercializa facturas truchas y determinar, a su vez, si quienes las usan en sus registros contables evaden impuestos o cometen algún otro delito. La lupa de Su Señoría llegó a bancos, sindicatos, asociaciones, clubes, compañías de seguros, supermercados, medios de comunicación, compañías telefónicas y hasta las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires.

El miércoles último, López Biscayart salió con más de mil policías y 250 sabuesos de la AFIP a secuestrar documentación, archivos informáticos y otras pruebas en casas y oficinas ligadas a “sociedades pantalla” que, presume, se dedican a la venta de facturas apócrifas. Hizo 60 allanamientos en la city porteña, otros puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Como parte del mismo operativo le exigió a más de 500 empresas e instituciones que presenten su documentación contable. Según allegados a la causa, existen indicios de que habrían utilizado comprobantes falsos, con gastos simulados, en sus balances. La AFIP, dicen sus voceros, corroboró ese tipo de facturación en unos cuantos casos.

No son empresas pequeñas ni desconocidas. La investigación, de acuerdo al listado al que accedió Página/12, toca –entre otros– a los bancos Comafi, Do Brasil, Piano, Francés, Finansur y también a la Asociación de Bancos Públicos y Privados. Incluye a Cervecería Quilmes, correo Andreani, Club River Plate, CTI, Nokia, Telefónica, Metrovías, Galerías Pacífico, Carrefour, Arcor, laboratorio Schering, química Atanor, Exxel Group, James Smart, Hewlett Packard y Rodó Hogar. Además figuran varias prepagas y clínicas, hay compañías de seguros y de seguridad (ver recuadro).

Para la AFIP todos ellos son por ahora “presuntos evasores” cuya conducta tributaria se debe analizar, aseguran en el organismo. Fuentes judiciales explicaron que hay distintas hipótesis a analizar: así como las empresas pueden haber utilizado facturas falsas en forma premeditada para evadir impuestos u ocultar operaciones, también puede ser que hayan recibido esos comprobantes de terceros (como proveedores) y los hayan consignado en su contabilidad de buena fe.

Hay otro grupo de entidades y organismos que llama la atención de los investigadores, que en realidad no pagan los tributos nacionales, pero se sospecha que pudieron usar facturación dudosa para fingir gastos y tapar salidas irregulares de dinero. En la nómina están: las Cámaras de diputados y senadores bonaerenses, el Consejo Federal de Inversiones (que depende de la Nación y de las provincias), la Federación de Empleados de Comercio, el sindicato de mecánicos (Smata) y su obra social, la obra social del sindicato de la industria de la carne y la del personal de telecomunicaciones.

El caso que dio origen a todo este gran expediente es conocido como “Di Biase” y surgió en 2005 con una denuncia de la AFIP sobre facturación apócrifa. En esa causa hay quince procesados, entre ellos cuatro ex empleados del ente recaudador. La pesquisa llevó a detectar 23 sociedades dedicadas a facilitarle a terceros las herramientas para defraudar al fisco. En medio de esa maraña fue que López Biscayart descubrió que la constructora Skanska había utilizado los famosos recibos truchos por bienes y servicios inexistentes. Algunos provenían de la sociedad fantasma Infiniti cuyo apoderado, Adrián Félix López, fue detenido hace más de un año por asociación ilícita fiscal (sigue preso por no pagar la fianza).

El capítulo de Skanska tenía una particularidad: despertó en el juez la impresión de que la multinacional no sólo había evadido impuestos sino que había utilizado las facturas para ocultar sobornos en la construcción de dos gasoductos. La propia compañía, por una auditoría interna, confirmó ambas teorías. Hay una decena de ex directivos de la constructora que ya fueron procesados por evasión simple y agravada. La pista de las coimas ahora la sigue el juez federal Guillermo Montenegro, que ya llamó a indagatoria a dos ex funcionarios por supuestas coimas: el ex titular del Enargas, Fulvio Madaro y el ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.

En los recientes procedimientos de López Biscayart reaparecen los nombres de empresas adjudicatarias de obras públicas que fueron denunciadas por Montenegro por facturar gastos inexistentes. Una es Gotti SA, que ganó la mayor parte de la obra vial y de vivienda en Santa Cruz; se le suma Petersen, Thiele y Cruz, otra constructora santacruceña, propiedad de Enrique Eskenazi. Siguen Fontana Nicastro Ute, Marcalba y Construere Ingeniería.

Las llamadas “usinas” o “sociedades pantalla” que al parecer venden la ingeniería para evadir a las que el magistrado amplió ahora la investigación se llaman: Netversatile, Sol Group (ya señalada por el Gobierno nacional en contrataciones del Gobierno porteño), Gaona Express, Megaweb, Delft, Hard Work, Dormans, Electroconstrucciones Oeste, Everest Construcciones, Marketing & Business, Informática y Servicios, Del Oeste Construcciones, Constructora Triple T, Velicce, Scrap Paper, Compañía Internacional de Transacciones, Media Editora, Tacoma Consulting, HCDA Internacional, Global Business and Factoring y Global Trading and Logistic. La resolución del juez define que ellas habrían “confeccionado” los “instrumentos” para “dar viso de realidad a las falsas transacciones mercantiles asentadas en las contabilidades” de las 500 empresas “usuarias de los espurios servicios de la asociación ilícita”.