No ocurría desde el gobierno de Raúl Alfonsín que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tenga una conducción civil. Tal como anticipó Página/12, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Alberto Iribarne aceptó la renuncia del director del SPF, prefecto Hugo Soza, y lo reemplazó por el abogado Alejandro Marambio Avaría, que era director de Readaptación Social del sistema federal de prisiones, pero viene de desempeñarse como virtual interventor de las cárceles de Mendoza, donde las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos habían llegado hasta la Corte Interamericana de Justicia de la OEA. El funcionario saliente fue elogiado por Iribarne y sus voceros niegan que el desplazamiento tenga que ver con las irregularidades que la Justicia platense detectó en los recientes allanamientos a la cárcel de Marcos Paz. Sin embargo, los investigadores de la desaparición del testigo Julio López comprobaron “claras y patentes irregularidades” respecto de los teléfonos del penal y el libro de visitas de los represores allí alojados. Uno de ellos confirmó a este diario que la semana próxima presentarán la denuncia para que sea investigada “la responsabilidad de cada área del SPF, más allá de que no sigan en sus funciones”.

Ante la presencia de diputados, funcionarios, camaristas y jueces, el ministro Iribarne agradeció el desempeño de Soza en el cargo, que ocupó desde septiembre de 2005, y enfatizó “el fiel cumplimiento de las directivas respecto del hábeas corpus presentado por la Defensoría General de la Nación, que finalmente fue cerrado este año”. Sus colaboradores recordaron que ese organismo, junto con la Procuración, habían denunciado el hacinamiento, la falta de cloacas y el exceso de población en la cárcel de Devoto. Según indicaron, fueron creados pabellones especiales para enfermos de sida y para universitarios, y la Justicia dio por buenas las modificaciones. Este diario pudo saber que si bien hubo cambios en el sistema de requisas, las demandas de los presos de Devoto siguen vigentes, por ejemplo, respecto de las constantes muertes. A diferencia de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, en el sistema federal no hay organizaciones no gubernamentales que ingresen a los penales, y, por lo tanto, los problemas intramuros sólo trascienden a través de los relatos de los propios internos o cuando ya decidieron hacerlos públicos con protestas como las “batucadas”.

Respecto de Marambio, el ministro de Justicia también tuvo palabras de elogio sobre su labor en las cárceles mendocinas, en las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había puesto su atención. “El director de Readaptación Social organizó una comisión conjunta que ideó la reformulación del criticado sistema penitenciario provincial”, afirmó Iribarne, al tiempo que sus voceros agregaban que la experiencia de Mendoza demostró que pudo revertir “esa difícil situación” –más de 16 muertes de presos en un año, algunos descuartizados– “en poco tiempo”. La decisión de poner a cargo del SPF a un civil “se asumió en el contexto de las experiencias de servicios penitenciarios como los de España, Italia y Chile, que buscan sumar nuevas perspectivas con la impronta del respeto y la promoción de los derechos humanos”, dice el comunicado oficial. El hecho sólo registra dos antecedentes al comienzo de la etapa democrática. La cartera que dirige Iribarne pretende avanzar ahora en la reforma de la Carta Orgánica del SPF, el régimen de procesamiento y otras persistentes demandas de la población carcelaria.

Marambio Avaría es hombre del subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Federico Ramos, fue asesor del procurador penitenciario Francisco Mugnolo y es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. “Marambio entiende de cárceles, y las conoce porque las recorrió, pero el tema es si el SPF le obedecerá porque es una estructura militar, corporativa, con una lógica propia y acostumbrada a operar paredón adentro sin que la vean, y a la que lo peor que pueden hacerle es ponerle un civil”, comentó la especialista en criminología Alejandra Vallespir.

Página/12 averiguó que el fiscal federal Sergio Franco está terminando la denuncia contra el SPF, y se la presentará al juez Arnaldo Corazza, pero con intención de que sea investigada por otro magistrado. En el marco de la causa López verificó que la información brindada por los penitenciarios durante el primer allanamiento a Marcos Paz no se correspondería con la realidad intramuros de los represores presos, sospechados de estar vinculados con la desaparición del testigo. “Sería bueno que además del SPF el ministerio asuma las propias responsabilidades, porque en diciembre cuando pedimos el libro de visitas de la cárcel el oficio fue dirigido a ellos”, opinó Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes del caso.