“Eso no se sabrá nunca.” Ricard Vinyes responde así a la pregunta final sobre la cantidad de desaparecidos que dejó el franquismo en España. Vinyes es historiador y coordinador del proyecto de ley del Memorial Democrático, que impulsa el gobierno autonómico de Cataluña. El Memorial, ahora en tramitación parlamentaria, será la primera institución dedicada a la participación ciudadana para la búsqueda de los desaparecidos y la restitución de los valores democráticos de la II República, sepultados por la dictadura que tomó el poder en 1939 y concluyó en 1975. De paso por Buenos Aires, donde visitó los centros clandestinos de tortura de la última dictadura, Vinyes valora –en esta entrevista con Página/12– la experiencia argentina en derechos humanos, aunque señala los límites de la verdad “judicial”.

–Luego de varios años de apatía y de un gobierno conservador, ¿cómo surge la reivindicación por los derechos humanos en España?

–El cambio comienza a fines de los ’90. En Cataluña se puede realizar un gran acto en 2002, el primero convocado por asociaciones de ex presos políticos, y se hace una declaración en la que se pide públicamente la creación del Memorial. El gobierno de aquel momento, de derecha, no lo asume, pero lo asumirá el gobierno posterior, que ganó bajo una coalición de izquierda. En esos años comienzan a aparecer las quejas de la población.

–¿Qué relación hay entre esos cambios y los que ocurrieron en Argentina tras la dictadura?

–En España no se constituye una sección de amnistía hasta 1966. Por otra parte, Chile y Argentina vienen firmando desde la transición tratados sobre la dictadura y los derechos humanos, mientras que en mi país nunca hubo. Nuestra transición se realizó sin una presencia de la necesidad de justicia. Cuando esto empezó a plantearse no fue hasta entrados los ’90. Sin embargo, la pata de la verdad avanzó más en España que en Argentina o Chile, en el sentido de que la verdad en esos países ha sido básicamente judicial. En Argentina terminó siendo transmitida por los ex detenidos que declararon en la Conadep. En España quienes más se volcaron a desarrollar la verdad fueron los historiadores, con grandes dificultades con los archivos, pero con una argumentación empírica sólida.

–¿Y que pasó con la pata de la Justicia en su país?

–Es un tema que hubiera podido plantearse inmediatamente después de la transición, en los primeros gobiernos democráticos. Sin embargo, se aprobó la Ley de Amnistía en 1977, la primera que sancionó el Parlamento democrático y fue votada por todos los partidos políticos menos por Alianza Popular, el PP de hoy. Es una ley que dice que la amnistía sirve también para todos aquellos funcionarios del Estado que atentaron contra los derechos humanos. Entonces nuestro marco legal impide el juzgamiento en los primeros momentos de democracia, pero lo cierto es que tampoco nadie pidió eso. Hoy el tema de la justicia para los que colaboraron con la dictadura no es aplicable, todos murieron o son muy viejos. Realmente debería cambiarse el marco de amnistía. El modelo de impunidad español es muy distinto al latinoamericano.

–¿En qué consiste el modelo de impunidad español?

–En la negativa del Estado a destruir todo el tramado legal franquista concretado en las sentencias emitidas desde 1939 hasta 1975 por los Consejos de Guerra y los tribunales especiales de la dictadura. Declarar la nulidad de esas sentencias implica desautorizar todo el aparato jurídico franquista. Eso pretendía hacer el proyecto de ley de Memoria Histórica que promovió Rodríguez Zapatero el año pasado. Pero al final no planteó declarar la ilegalidad ni tampoco la ilegitimidad de las condenas... Hoy desde el Estado se siguen considerando legales las sentencias de la dictadura de Franco, pese a que esa legalidad se fue desarmando a lo largo de la transición con la reforma política. Al ver que ésta no favorecía la situación de los grandes grupos económicos vinculados con la dictadura, éstos apostaron a la continuación del régimen bajo otras formas. Lo que hizo la oposición fue desarmar ese modelo y conseguir un Estado democrático.

–¿Cree que, tras su objetivo económico los Pactos de la Moncloa callaron los desastres de Franco?

–Los pactos fueron una necesidad para hacer frente al legado económico de la dictadura, que jamás creó un Estado de bienestar. Creó la seguridad social pero era una risa porque no había declaración fiscal, el Estado no tenía recursos. Los acuerdos se realizaron entre todo el arco parlamentario más los sindicatos mayoritarios para buscar una salida económica a la gravísima situación que había dejado la dictadura... O se hacían los Pactos de la Moncloa o el país se iba al carajo. Que estos acuerdos hayan sido interpretados como un pacto de silencio, no lo creo. No hubo fuertes políticas públicas de memoria democrática por debilidad, por la falta de un poderoso movimiento social durante la transición hasta los últimos cinco años.

–Pero la derecha tuvo responsabilidad en el ocultamiento de la memoria.

–Las centroderechas anteriores (al actual gobierno) siempre consideraron que ese tema no debía tocarse. Zapatero hace un cambio y considera que sí deben tocarse los derechos humanos, pero los trata sin demasiada convicción. Al encontrar la primera resistencia, que era evidente que existiría, se asusta. Su anteproyecto de ley declara ilegítimos los consejos de guerra y las sentencias de los tribunales especiales, y hace una referencia a la apertura de archivos, pero sin concretar nada. Además, plantea que los nombres de los responsables de los delitos de violación de derechos humanos no pueden ser publicados, ni darse a conocer. Ante elementos emblemáticos y reivindicatorios de la dictadura, simplemente dice que debe vigilarse la simbología, nada más.

–¿Habría que juzgar a los responsables militares y políticos?

–El modelo que se ha seguido en Cataluña y España no recomienda que sean juzgados. Además tampoco hay presión, a mí me encantaría, pero... Sí han aparecido voces cada vez más insistentes, no para pedir juicio, sino para pedir explicaciones y provocar la separación de esas personas de los cargos institucionales que todavía ocupan. Lo que sí puede resultar rentable es desarrollar una política que transmita esos valores que llevaron la democracia a nuestro país, no te puedes imaginar las chispas que levanta en los parlamentos, y ésa es la batalla.

–¿Y no lo es también saber cuántos desaparecidos hubo?

–Eso no se sabrá nunca, estamos hablando de una distancia de 70 años respecto de la dictadura, por eso no están localizadas todas las fosas. Otro elemento a tener en cuenta son los raptos que se produjeron por parte del Estado con niños y niñas, que en algunos casos se han podido localizar pero en otros no. Para 1942 el Estado los había sacado de las familias, había quitado la tutela de los padres y tenía internados en centros del Estado o en colegios religiosos a 9 mil y pico de chicos. Al año siguiente esa cifra era de 12 mil. ¿Y para qué hicieron eso? Para reeducarlos en los principios del Estado franquista.

Entrevista: Juan Manuel Barca.