Las distribuidoras eléctricas embistieron públicamente contra el congelamiento de tarifas, amenazando con el pronto retorno de los apagones. Edenor abrió el fuego mediante una solicitada y ayer advirtió a través de su vocero que los temidos cortes serán “una consecuencia natural” de la desinversión a la que las habría obligado la devaluación. Pero lejos de limitarse a las proveedoras de energía, la drástica disminución de recursos destinados al mantenimiento ha sido una estrategia común a casi todas las empresas privatizadas, que buscaron compensar así el drama de afrontar mayores costos en dólares sin poder trasladarlo a sus precios. El Gobierno busca cómo moderar y, al mismo tiempo, postergar todo lo posible un ajuste que sabe inevitable, aunque políticamente gravoso y seguramente insuficiente para evitar en el corto plazo una dramática pérdida de calidad y hasta el colapso de muchas prestaciones esenciales.
“Las distribuidoras no estamos en condiciones de seguir asumiendo la responsabilidad del servicio eléctrico, tal cual lo espera la ley y el contrato de concesión”, fue la contundente confesión que realizó ayer mediante un comunicado la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Argentina (Adeera). El justificativo esgrimido es igualmente nítido. “La devaluación triplicó los costos, por lo tanto, el stock de materiales no ha podido ser repuesto y, ante una contingencia importante, el servicio demorará mucho más tiempo en reponerse”.
A principios de año el gobierno dispuso la desdolarización y congelamiento de las tarifas públicas, abriendo una instancia de negociación para revisar los cuadros tarifarios en el término de 120 días. La tarea estuvo a cargo de una comisión renegociadora que acopió información patronal acerca de cómo afectó la devaluación en el negocio de las privatizadas, con el exclusivo fin de autorizar una suba que compensara por el impacto de la modificación cambiaria. Para otro momento –presumiblemente, para el próximo gobierno– quedarían demás aspectos contractuales a revisar.
Expirado aquel plazo, ni esa comisión ni el Palacio de Hacienda –de quien depende– autorizó ninguna suba, fundando las críticas de los concesionarios por “la alarmante dilación”, según los términos de Adeera. Pero según pudo saber Página/12, Economía tiene listo un proyecto de decreto para prorrogar por otros cuatro meses las facultades otorgadas a los renegociadores oficiales, prueba de que el tema no será de resolución inmediata.
El ataque de las eléctricas es una respuesta a la intimación que el gobierno despachó el viernes a todas las concesionarias de servicios públicos para que en el término de cinco días formalicen por escrito sus reclamos de aumento tarifario, que sería otorgado “a cuenta” de la recomposición definitiva a disponer en un futuro. La pretensión empresaria sería luego debatida en una audiencia pública, en la que se intentaría desmenuzar el negocio de cada uno. El objetivo oficial es compartir el costo político de autorizar una suba que, seguramente menor a la pretendida no frenará la constante suspensión de obras.
Edenor invertirá este año sólo alrededor de 30 millones de dólares, contra los 148 que tenía previsto. Con partes de sus insumos y deuda externa en dólares, la compañía que opera Electricité de France optó por desistir, entre otras obras, de hacer un anillado a la Capital Federal, que permitiría asegurar una fuente alternativa de suministro.
Aguas Argentinas admitió a este diario que su programa de obras “empezó a complicarse” y que “la caja no alcanza para hacer inversiones”. Los concesionarios de trenes urbanos, en tanto, limitaron el mantenimiento a lo que están obligados por la compañía de seguro contratada, pero desistieron de casi todo lo demás: TBA, por citar un ejemplo, el último año suspendió obras por el equivalente a 80 millones de dólares en mejoramiento de vías y alimentación eléctrica. En las concesiones ferroviarias, valga aclarar, el mayor perjuicio no lo ocasionó la devaluación sino la quita del subsidio estatal –recientemente restituido en parte– sumado a la imposibilidad de aumentar el boleto.
Ninguna empresa necesita tiempo para definir qué aumento quiere, pero todas están estudiando la mejor estrategia para reclamarlo. Las eléctricas imaginan que un 30 por ciento de aumento pondría a las empresas en situación competitiva. Pero descuentan que esto es política y socialmente inviable, con lo cual se conformarían con una suba bastante menor, aunque acompañada de una flexibilización en las pautas de inversión, que todas las compañías relajaron de hecho. Las ferroviarias plasmarían por escrito que necesitan un ajuste del boleto de alrededor del 50 por ciento (cerca de 30 centavos en las primeras secciones), pero apuestan a que en lugar de esto se las bendiga con más subvención. Todas aspiran a que se les condone las multas por incumplimientos o se les amplíe largamente el plazo para pagarlas.
El jefe de Gabinete ayer intentó aventar temores de un tarifazo y aseguró que cualquier aumento estará sujeto a una serie de “condiciones”, aunque éstas aparentan ser incumplibles. “Que no se resientan las prestaciones (...), que las empresas no tengan dificultades económicas, no quiebren y se mantengan los compromisos de inversiones, que no haya despidos y que las tarifas sean socialmente aceptables”.
Roberto Lavagna hizo un añadido más creíble. “Cualquiera sea el ajuste de tarifa, los sectores de menores ingresos serán excluidos”. Esta promesa oficial coincide con el plan de algunas compañías, que proyectan eximir del ajuste al segmento de usuarios que no puede pagar ni la factura actual. Las eléctricas y las gasíferas, entre ellas.