EL PAíS › IMPULSAN EL JUICIO CONTRA EL ABOGADO DE VIDELA
Alberto Rodríguez Varela fue ministro de Justicia durante el terrorismo de Estado. Un testigo dijo que lo vio en un centro clandestino. Se abrirá una causa. Timerman será querellante.
Alberto Rodríguez Varela, el abogado de Jorge Rafael Videla, tuvo dos malas noticias con diferencia de horas. La primera se produjo el lunes, cuando en el juicio oral a Christian von Wernich fue denunciado para que se investigue qué rol jugó en la represión, luego de que un sobreviviente del centro clandestino de detención Puesto Vasco declarara que estando secuestrado lo vio en ese lugar junto a Ramón Camps. La segunda fue dada a conocer ayer por el abogado de la familia Timerman, Alejo Ramos Padilla, quien anticipó que se presentará como querellante para que también se investigue su presunta vinculación con el secuestro de Jacobo Timerman. Rodríguez Varela ocupó cargos claves en la dictadura: fue ministro de Justicia de Videla y fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Camps como jefe de policía de la provincia.
La intención del abogado de los Timerman es impulsar la investigación sobre los civiles que colaboraron con el secuestro del director del diario La Opinión. Ramos Padilla cuenta para ello con una serie de elementos:
- El libro El caso Timerman, punto final, de Camps. El ex jefe de policía “escribió unas 50 páginas y después transcribió todos los interrogatorios bajo tortura que les extrajo a los detenidos en Puesto Vasco y Coti Martínez”, señaló Ramos Padilla. “En el libro, Camps contó que en la ‘investigación’ del caso Timerman había participado ‘un equipo de integrantes del gobierno provincial’, y agradeció a Rodríguez Varela por su colaboración.” Cuando ocurrió el secuestro de Timerman, Rodríguez Varela era fiscal de Estado bonaerense.
- Para Ramos Padilla, de los testimonios escuchados en el juicio oral a Von Wernich se desprende que los torturadores “hacían preguntas que les pasaban personas más preparadas”. No sólo a Timerman, también secuestraron a funcionarios de la administración anterior (la del peronista Victorio Calabró) y los interrogaron buscando que confesaran algo que les sirviera para mejorar la imagen pública del gobernador de facto Ibérico Saint Jean, quien tenía aspiraciones presidenciales.
- Isidoro Graiver, hermano del banquero David Graiver, contó el lunes en el juicio un episodio que vivió mientras estaba detenido en Puesto Vasco. Los represores lo llevaron con los ojos vendados a una oficina del centro clandestino de detención en la que estaba Camps. “Sáquese la venda, soy el coronel Camps”, se presentó el jefe de policía. Al lado de él había un civil que Graiver reconoció como Rodríguez Varela. Al terminar la audiencia, el fiscal Félix Crous pidió la apertura de una causa contra el funcionario de Videla. Ramos Padilla puntualizó que el entonces fiscal de Estado deberá explicar “no sólo qué hacía en un centro clandestino de detención, sino por qué no intervino ante un hecho claramente delictivo, ya que Graiver había sido llevado a su presencia tabicado y con señales de haber sufrido torturas”.
- También Héctor Timerman, hijo de Jacobo, mencionó a Rodríguez Varela como parte del grupo de civiles que colaboraron con la dictadura militar.
- Según detalló Ramos Padilla, fue quien redactó en los años del golpe el proyecto de ley para clausurar el diario La Opinión.
Rodríguez Varela es abogado defensor de Videla en la causa por robo de bebés, en la que intentó que el expediente fuera cerrado con el argumento de la cosa juzgada. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires, secretario letrado de la Corte Suprema de la Nación y designado como conjuez del máximo tribunal en dos períodos anuales. Autor de numerosos trabajos académicos (entre algunos de sus aportes la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas reseña una “Evocación de Pedro Eugenio Aramburu” y el escrito “Orden natural y homosexualidad”), el cargo de mayor peso de su curriculum es el que ocupó durante la dictadura, como ministro de Justicia en una época en la que el Estado cometió miles de asesinatos, montó una red de centros clandestinos de detención y se apropió de centenares de chicos nacidos en cautiverio.
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