La bolsa cargada de billetes que puso fin a la carrera de ministra de Felisa Miceli llevó a la jueza María Servini de Cubría a firmar, en plena feria judicial, su llamado a indagatoria ante la sospecha de que pudo haber cometido algún delito. En la misma resolución, la magistrada dispuso una larga lista de medidas de prueba que extienden la investigación sobre los hermanos de la ex funcionaria, su marido y los dos directores del Banco Hipotecario que fueron expulsados de la entidad esta semana.

Miceli tendrá que darle sus explicaciones a la jueza el 23 de agosto. Para ese entonces, en el juzgado prevén completar una serie de averiguaciones que buscan establecer de dónde salieron los 100 mil pesos y 31.670 dólares hallados de casualidad el 5 junio por una inspección de la brigada antiexplosivos que pasó por el baño privado del despacho que Miceli ocupaba en el Palacio de Hacienda.

La jueza no especificó en la cédula de citación los delitos en juego, pero ya lo había hecho el fiscal Guillermo Marijuán, quien señaló al menos tres: el encubrimiento de una operación financiera previa de carácter ilegal, la sustracción –que le encomendó a sus colaboradores– del acta original que labró la policía en el momento del hallazgo del dinero y el incumplimiento de los deberes de funcionario público que la retención de ese documento implicaría.

Marijuán hizo una reconstrucción inicial de la ruta de la plata en función de la etiqueta que tenía el “ladrillo”, de donde surgía había sido embalado por el Banco Central con el número de lote 38.057. La entidad, según el dictamen de la fiscalía, le informó que ese lote había salido el 21 de mayo rumbo a la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada en un camión de Juncadella-Prosegur. En una conferencia de prensa, directivos de esa financiera –investigada en otro juzgado por presunto lavado– dijeron que “no hay constancias del ingreso a la entidad” de ese fajo, una afirmación que el fiscal refutó públicamente.

La jueza Servini, según sus allegados, cree que aún no hay pruebas concluyentes de que el dinero haya pasado por Cuenca y ni ningún otro dato firme sobre su origen, menos sobre cuál era su finalidad. No está claro, a su entender, que el camión de caudales haya ido únicamente a esa financiera o cuál fue su trayecto completo. Tampoco si el “ladrillo” identificado en ese envío es el mismo que apareció en el baño de Miceli, porque es común que el Central repita la numeración. Marijuán, al pedir la indagatoria, explicó que se había detectado otro bloque de billetes con igual numeración que se había dirigido al Banco Ciudad, pero descartaba que fuera el de la ex ministra.

Por esas dos razones, la semana próxima la magistrada le tomará declaración testimonial a personal del Banco Central y también de Juncadella. Otra tanda de las nuevas medidas apuntará a obtener un escaneo minucioso de todos los movimientos de Cuenca que hasta ahora, según fuentes de la causa, no habría entregado toda la documentación que le solicitó el juez Daniel Rafecas, que la semana pasada intervenía como subrogante. Al dirigirse a los medios, el titular de la financiera dijo que en el período investigado “no existen retiros de fondos en efectivo iguales o superiores a 100 mil pesos”. Pero Rafecas le pidió que rindiera cuentas de otras salidas que pudieron realizarse bajo otras modalidades: encajes en el BCRA, operaciones interbancos o retiros propios de las cooperativas llamados “excedentes repartibles”.

En familia

Cuando la historia de la bolsa se convirtió en escándalo, Miceli intentó dar una explicación pública: dijo que el dinero era, casi todo, un préstamo de su hermano Horacio para hacer una operación inmobiliaria que terminó frustrada. Contó que ella misma había llevado la bolsa a su despacho el 4 de junio, la colgó en el placard del baño y la dejó hasta el día siguiente. Luego, precisó, se la llevó a su casa. Su modo de proceder, se autocriticó, fue “un error” pero “no un delito”.

La trama familiar ya estaba en la mira de la fiscalía en los días en que Marijuán formuló el pedido de indagatoria que hablaba de dinero de “origen espurio” y que terminó eyectando a Miceli. Ahora Servini quiere avanzar sobre esa pista que, considera, es otro de los caminos que pueden llevar al origen del dinero encontrado. Por lo pronto, busca información sobre los hermanos de la ex ministra, Horacio y Adriana Miceli, así como su marido, Ricardo “Pacha” Velazco, que tiene un cargo de subsecretario en el Ministerio de Desarrollo Social. También abarca a los ex directores del Banco Hipotecario Jorge March y Jaime Grinberg, desplazados esta semana como representantes del Gobierno en esa entidad, por decisión del nuevo ministro de Economía, Miguel Peirano (ver aparte).

A la Inspección General de Justicia, la jueza le pidió datos sobre sociedades en las que todos ellos tengan alguna participación. Al Banco Central le requirió que informe acerca de las cuentas y movimientos bancarios de todos ellos.

El contador March fue la última persona que estuvo en el despacho de Miceli, según fuentes judiciales, el día que la ex ministra dejó allí el dinero. March y el arquitecto Grinberg fueron designados en el Hipotecario por Felisa Miceli. El primero tiene, al parecer, una estrecha relación con Horacio Miceli, a través del rubro de los negocios farmacéuticos. El segundo trabajó en varios proyectos significativos con Adriana Miceli. Esta arquitecta maneja una empresa que proyecta viviendas llamada Sustentarq y que resultó la elegida por el Banco Hipotecario para coordinar el Plan Casa Propia de ese entidad. Según una denuncia presentada por la Asociación de Defensa de las Viviendas Familiares de la República Argentina (Adevifra), era un contrato de 160 mil pesos por año.

Tácticas

Miceli tiene como defensor a Carlos Cruz, un abogado de moderado perfil, cercano al procurador general de la Nación, Esteban Ri-ghi. Es posible que la defensa cuestione, entre otras cosas, debilidades técnicas de la investigación de la fiscalía. Tal vez por esto, Servini de Cubría pareciera decidida a evitar por su parte grietas en la comprobación de los hechos. Entre las diligencias que agregó, hizo lugar a un pedido del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, para que empleados del Ministerio de Economía ayuden a aclarar qué es lo que registraron las cámaras del circuito cerrado del edificio de Hacienda antes, durante y después del descubrimiento de la famosa bolsa.

La ex ministra, embargada en 200 mil pesos (el equivalente al dinero hallado más las costas) tiene algo más de un mes para prepararse y brindarle a la jueza una explicación más convincente de la que dio hasta ahora.