El fiscal federal Federico Delgado solicitó que se lleve a juicio oral a catorce integrantes de Quebracho y otras agrupaciones políticas acusados de romper la sede partidaria porteña del gobernador neuquino, Jorge Sobisch, durante una marcha de repudio al asesinato del docente Carlos Fuentealba. Los imputados ya fueron procesados por el juez Ariel Lijo y dos de ellos –los dirigentes Fernando Esteche y Raúl Lescano– cumplen prisión preventiva en el penal de Ezeiza. Deberán responder por la presunta autoría de los delitos de “daño, incendio y resistencia a la autoridad” ocurridos el jueves 5 de abril en el local del Movimiento de las Provincias Unidas que Sobisch tiene en la esquina de Moreno y Salta. Los manifestantes pintaron con grafittis las cortinas metálicas del edificio, las levantaron y generaron un incendio con bombas molotov. En su dictamen, Delgado rechazó que los hechos que se juzgan puedan ser considerados como ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades consagrado en la Constitución nacional. “Nadie va a protestar llevando palos, piedras, gomeras, bates de acero, bombas caseras, encendiendo con fuego neumáticos y causando destrozos como si estuviese investido de una varita mágica que le permita juzgar y sancionar por mano propia”, señaló en el pedido de elevación a juicio. Junto a Esteche y Lescano están procesados Osvaldo Lizzano, Nicolás Arias, Rosalino Gutiérrez, Joaquín Iasi, Juan Manuel Cornejo, Francisco Da Silva, Paulo Cerezuela, Carlos Luna, Jairo Darío Salto y los hermanos Facundo, Tomás y Matías Lafit. Diez son militantes de Quebracho y los otros del Movimiento 29 de Mayo y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón.
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