El juez penal tributario Javier López Biscayart resolvió mantener con protección especial a Adrián Félix López, el apoderado de Infiniti-Caliban, una de las empresas que proveyó de facturas truchas a Skanska. En sus fundamentos, Su Señoría recordó que López fue el único que mencionó en la causa al ministro de Planificación, Julio De Vido. Y que, cuando decidió trasladarlo a una dependencia policial, se produjo una polémica con el ministro del Interior, Aníbal Fernández. En el fallo, al que accedió Página/12, el juez consideró que sigue en situación de peligro y deslizó sospechas hacia el Gobierno por este hecho.

Aislado en la cárcel de contraventores de la ciudad, López sigue preso, porque no pudo pagar la fianza de 300 mil pesos que le fijó la Justicia cuando le concedió la excarcelación. Es uno de los primeros imputados de la causa Skanska, en la que se investiga en dos fueros la presunta evasión tributaria y coimas a funcionarios del gobierno nacional por cerca de 16 millones de pesos. En su indagatoria, López aseguró que le había dado al contador Alfredo Greco facturas por servicios inexistentes que luego utilizó Skanska. Y dijo que “Greco se lo dio a un funcionario público que sería De Vido, pero no lo puedo asegurar”.

A mediados de abril, López Biscayart ordenó que el detenido fuera trasladado de la cárcel de Marcos Paz, luego de que le dijera que temía por su vida. Pero Fernández ordenó rechazar su ingreso a la Superintendencia de Investigaciones, ya que argumentó que existen dos decretos que prohíben alojar presos en dependencias de la policía. Allí López permaneció dos horas, hasta que el juez dejó sin efecto la medida. Y terminó en la cárcel de contraventores, que prestó el gobierno porteño.

Fernández presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura porque consideró que había “avasallado sus funciones”, que fue archivada. En su nuevo fallo, el juez describió “el grosero agravamiento de las condiciones de detención” que había sufrido López en ese momento.

Posteriormente, el imputado manifestó que quería que le retirasen la protección especial, aunque después se retractó. De todas formas, López Biscayart rechazó el pedido. Entre los fundamentos, indicó que el apoderado de Infiniti “insinuó una imputación” contra De Vido y recordó el conflicto con el Ejecutivo que surgió por su traslado.

También señaló que le solicitó a Fernández que pusiese custodia a la sede de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP y que el ministro le respondió que no era posible “alegando imposibilidad material”. A lo que siguió “el posterior incendio intencional ocurrido el 20 de octubre de 2006”. A esos indicios sumó las “noticias periodísticas (que) daban cuenta de actividades de ‘inteligencia militar’ en el establecimiento en el que López se hallaba alojado y de una amenaza contra su vida”. E incluso el robo al domicilio de un periodista que reveló el caso Skanska.

También puntualizó la demora en un pedido de informes que hizo al Ejército. Quería saber si López había sido compañero en el liceo militar de Sergio Mastropietro, uno de los dueños de Sol Group. Pidió información el 21 de diciembre de 2006, pero “la demorada respuesta llegó el 25 de abril de 2007”. El magistrado llamó la atención sobre las anotaciones que aparecían en la respuesta, a las que consideró llamativas. “En la hoja de ruta del trámite (...) se lee ‘verme’, una media firma y una sigla JEM, que correspondería a la Jefatura de Estado Mayor”, escribió. La frase quedó picando, sugerente, como la idea de que su pedido recibió un tratamiento especial.