El derrotero de la causa por contrabando de armas a los Estados Unidos parece estar atado a los avatares de la carrera del juez Guillermo Tiscornia. El Consejo de la Magistratura se apresta a suspenderlo mañana por múltiples denuncias de coimas y mal desempeño. Lejos de amilanarse por el tercer proceso de juicio político que deberá enfrentar, Tiscornia citó ayer a declaración indagatoria para el 7 de setiembre a la ministra de Defensa, Nilda Garré, en la causa que investiga la venta por 30 mil dólares de repuestos usados de fusiles de Fabricaciones Militares con destino a una empresa radicada en Connecticut. “Es un escándalo que Tiscornia trate de tener un rehén para salvar su situación en la Magistratura. La ministra Garré tiene todas las explicaciones del hecho que se investiga, la propia Aduana lo denunció”, dijo a Página/12 el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

La exportación irregular de armas de Fabricaciones Militares fue descubierta en febrero pasado por la Aduana. La denuncia se fundó en la detención de un embarque de 6739 kilos de repuestos de armas de guerra que había sido declarado a un precio de sólo 2664 dólares, es decir, a un valor de menos de 40 centavos por kilo. El organismo también comprobó que había armas con falsa numeración o no declarados en los remitos de exportación. El destino de la venta era la empresa JLD Enterprises Inc., propiedad del argentino José Luis Díaz, que había sido autorizada a operar con Fabricaciones Militares por una comisión integrada por Economía, Defensa y Cancillería.

“No hay duda de que existe algún delito. La distorsión de precios es enorme. Está claro que es un negocio raro. Pero no hay ningún dato que permita inferir que (la ministra) Garré tenga algo que ver con eso”, repetían anoche en Gobierno. “No sé si hubo maniobra. Garré es ajena, los precios se acuerdan entre el comprador y el vendedor. La Comisión de Exportaciones Sensitivas –que integran los tres ministerios– tiene por función verificar que el material que se venda no sea nuclear ni destinado a grupos terroristas”, aseguraron a este diario desde la defensa de la ministra. Fabricaciones Militares fue transferida en 1991 a la órbita del Ministerio de Economía y durante este gobierno pasó a depender de la cartera de Planificación que comanda Julio De Vido.

Casualidad permanente

El 18 de julio pasado, el juez Tiscornia decidió imputar a la ministra Garré en la causa por contrabando de armas. La causa de juicio político en su contra tenía fecha de tratamiento en el Consejo de la Magistratura exactamente al día siguiente. La decisión judicial quedó teñida así de las desventuras del magistrado. Tras múltiples cruces mediáticos, la semana pasada Tiscornia había dicho que invitaba a Garré a presentarse espontáneamente. La ministra recusó al magistrado por animosidad porque ella integró la Comisión Acusatoria contra Tiscornia en 1998 en el juicio político que se le inició por las causas conocidas como “Aduana paralela” y “Mafia del oro”. En esas causas, las manos de la mayoría menemista se levantaron para garantizarle la continuidad como juez en el fuero que investiga los grandes negociados (ver aparte).

La Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico –integrada por Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Alberto Pizzatelli– tiene que decidir qué hacer. Esos mismos jueces le anularon un fallo a Tiscornia por haber copiado textualmente argumentos de la defensa en la causa por contrabando caratulada “Ulrich Carlos y otros”. Siendo más que benevolente se puede decir que el juez cayó presa del tentador “cortar y pegar” de Word : escribió en su sentencia “mi pupilo”, “mi asistido o “mi defendido” cuando en realidad se refería al imputado.

Tiscornia elevó ahora un informe ante los camaristas en los que rechaza la recusación de Garré y redobla la apuesta. Citó a declaración indagatoria a la ministra junto con otros ex funcionarios de Fabricaciones Militares y de la Aduana. Si el Consejo de la Magistratura suspende mañana a Tiscornia la citación a indagatoria queda sujeta al arbitrio del magistrado que se designe como subrogante en la causa. La defensa de la ministra espera que la Cámara se pronuncie sobre la recusación que “es al juzgado, es decir al juez y secretarios porque de lo contrario en caso de que Tiscornia sea repuesto retomaría la causa”.

El Poder Ejecutivo se alineó en pleno tras la defensa de Garré. Hace dos semanas durante su viaje a España, la candidata a presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que “es una maniobra defensiva de un juez que, en realidad, nadie entiende todavía cómo es juez en la República Argentina”, en alusión a la imputación contra la ministra. En la misma línea, el jefe de Gabinete dijo ayer que “debe preocuparnos como sociedad que Tiscornia siga siendo juez. Un personaje como ése ensucia a la Justicia donde mayoritariamente trabaja gente digna”.

Tiscornia también fue investigado por enriquecimiento ilícito por el juez federal Daniel Rafecas. En el dictamen acusatorio se mencionaba que su padre tiene en el exterior 1.100.000 dólares. Cada vez que se le pregunta sobre esa fortuna, Tiscornia hijo repite que le pregunten al padre y machaca con que “Rafecas me sobreseyó”.

Tiscornia está formateado en la lógica de negociación con el poder político para sobrevivir a cualquier costo. Fue el secretario que dejó sin efecto la acusación contra la importación ilegal de autos en la concesionaria que tenía en los albores del menemismo, Carlos Menem Junior. “¡¡Atrás, área presidencial!!” había gritado el vástago ante el allanamiento judicial. El favor del joven Tiscornia tuvo su rápida recompensa, en marzo del ’94 fue ascendido a juez federal. Mañana puede empezar a despedirse del despacho. Su bagaje de “contactos” seguirá intacto.

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